El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, describió como “impactantes e innovadores”, los resultados obtenidos de un trabajo realizado por la Consultora Cifra, sobre “Justicia, Cárceles y rehabilitación: Aportes sobre penas alternativas para la política pública”.
La presentación y realización del trabajo fue parte del proyecto “Tendiendo puentes”, que impulsa el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en coordinación con la representación de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay.
En nombre de la consultora Cifra estuvo presente su directora, Mariana Pomiés, quien destacó que en este proyecto se realizaron 63 entrevistas en profundidad a especialistas en el tema. Pomiés mencionó los porcentajes de las mediciones y concluyó que las opiniones mayoritarias de los uruguayos son proclives a las penas alternativas a la prisión y a la rehabilitación: “La rehabilitación y el rol del Estado está siendo reclamado por la población”, dijo.
Agregó que “la investigación fue muy amplia, que tuvo una pata cualitativa, en la cual se entrevistó a varios legisladores, tratando de mirar el fenómeno de la complejidad que tiene, de distintas aristas, desde el punto de vista de la población, pero también de los dirigentes políticos, jueces, abogados, fiscales, y los que están a diario en la vida del régimen penitenciario”.
El trabajo fue efectuado entre el 1° y 20 de abril del presente año –pero presentado días atrás-, y efectuado vía telefónica a unas 2.000 personas, a celulares de todo el país, por lo que se consideran pueblos, barrios y localidades de diversos tamaños, incluida la zona rural de distintos departamentos. En cuanto a metodología utilizada, Cifra explicó que “se aplicaron cuotas por regiones en el interior del país y en Montevideo, y por género y edad, según su prevalencia en la población nacional. La cantidad de encuestas por área fue proporcional al peso del área en el total poblacional formado por el conjunto”.
Resultados principales
Dentro de los principales resultados, se destaca que un 66% de la población consultada está de acuerdo en aplicar con penas alternativas a la prisión. Sin embargo, cuando se le preguntó a los encuestados qué delitos deberían penarse con prisión, un 58% respondió que todos y solo un 33% contestó que con penas alternativas. Cuando la pregunta fue si los delitos no violentos vinculados a drogas deberían aplicarse penas alternativas, un 76% dijo estar de acuerdo. Según la encuesta, un 68% de la población entiende que aplicar penas de cárcel sin programas de rehabilitación eficaces termina por aumentar la inseguridad.
En tanto, el 79% de las personas que respondieron entienden que es tan importante rehabilitar a las personas que cometen delitos como castigarlas. Por su parte, un 87% piensa que es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de rehabilitar a personas que delinquen si el objetivo es reducir el delito. Otra de las cifras que dejó este trabajo es que el 58% de la población consultada prefiere invertir más en la rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles.
Conclusiones
Acerca de los resultados en líneas generales, Petit dijo que es “una encuesta muy concienzuda que tuvo muchas semanas de elaboración, de mucho estudio profundo de los temas, que tiene otros elementos de trabajo con referentes que ilustraron el armado de la encuesta, y creo que es un aporte para todos los tomadores de decisiones, para todo el sistema político, para el Parlamento. Muchas veces se dice que la gente no quiere que haya rehabilitación, y que quiere que haya penas duras y leyes duras. A veces puede ser lo que sentimos muchos cuando este tema entra en debate”.
Agregó que “en realidad es muy revelador ver que un alto porcentaje de la población, un 66% de la población que cree que tienen que aplicarse medidas alternativas, y que son mucho más curativas y favorecen a la seguridad pública que la prisión, y que más de un 70% de esas medidas alternativas son particularmente pertinentes cuando se refieren a mujeres, a mujeres con delitos leves, delitos vinculados a las drogas. Hay una señal interesantísima. Lo presentamos nosotros como un aporte, y es que las medidas alternativas es solo una pieza para tener mejor rehabilitación, menos violencia y más seguridad pública, esto es un aporte para el debate”, sostuvo el comisionado parlamentario.
El Comisionado destacó que la idea de esta encuesta, realizada en el marco de este proyecto, es saber que piensa la gente sobre el delito, la privación de libertad y la rehabilitación.
En relación a la situación de muchas de las cárceles que hay en el territorio nacional, Petit reconoció que “hay hacinamiento”, y que “no hay tratamiento en parte por ese hacinamiento, además de otros factores”, y agregó que la solución no pasa solamente por construir más cárceles. “Si construir algunos locales que son necesarios, y es una solución pero par la hiperemergencia. La solución de fondo es atender esa problemática que emerge en el delito, y atender las adicciones, la exclusión social, la pobreza, los problemas familiares, los problemas de rebote del sistema educativo, la inserción educativa y la reinserción laboral”.
“Es muy claro lo que piensa la opinión pública. Lo que expresa esta encuesta, que es muy seria, señala que más importante que construir cárceles, es importante que haya rehabilitación. Tienen que estar las dos cosas. La Constitución es muy sabia. Es asegurar para reeducar. Tiene que haber obviamente seguridad, y medidas de seguridad para aquellos que cometen delitos y no pueden circular por un tiempo, pero tiene que haber rehabilitación, tratamiento, favorecimiento de la dignidad, preparación para con la familia, preparación para el trabajo. ¿Es aplicable en todos los casos y en todo los casos se consigue la rehabilitación?, bueno, no en todos los casos un hospital cura a sus pacientes., y no por eso vamos a decir que hay que cerrar los hospitales. Hay que trabajar con convicción, con la máxima dedicación técnica para que eso sea posible. Una alta cantidad de la opinión pública cree que la rehabilitación es posible y que el Estado tiene que invertir en eso”, dijo Petit a la prensa.
Acerca de la situación actual, comentó que hay 26 unidades penitenciarias, y “en ellas hay de todo”, y de esa cantidad, “un tercio las condiciones son muy malas”, y en las cuales “podemos presumir que la rehabilitación no existe”, mientras que “en otros lugares las condiciones son insuficientes”, y en el otro tercio “las condiciones son buenas”. “Hay de todo. Pasa que hay gente que en la cárcel tiene su primer chequedo médico, gente joven que llega por primera vez alguien le pregunta cual es su proyecto de vida, a personas que nunca tuvieron oportunidad porque vienen de un mundo tan carenciado y tan del fondo que nunca tuvo esas alternativas, muchas personas también encuentran una alternativa también en las cárceles”, señaló el comisionado.
Petit hizo énfasis en que “uno ve que hay gente que le cambia la cara, que cambia su postura, que cambia su manera de relacionarse con los demás, cuando tiene posibilidades de acceso a tratamiento de educarse y capacitarse. Yo lo he visto, y cuando comencé a trabajar en esto hace 20 años atrás, me hacía las mismas preguntas. Y ya no es solamente la fe, es una realidad. Uno ve cómo cambia la gente, y como se ve años después cuando la gente tiene buenas condiciones, tiene proyectos de vida positivos y se relaciona con los demás con armonía, y que esa es la seguridad pública, la seguridad de tener una vida digna”.
El comisionado parlamentario comentó también que “realizan visitas periódicas a todos los módulos de las cárceles”, y que en particular asistió días atrás a la Unidad autónoma N° 25 (exmódulo N° 12), a ver en que condiciones se encuentran las 13 personas que están allí privadas de libertad. Uno de ellos es el recluso Edward “Coco” Parentini –preso por varias causas, entre ellas ordenar desde la cárcel el homicidio de un simpatizante de Nacional, y que además recientemente reconoció amenazar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber-.
“Están en un régimen de máxima seguridad, no es aislamiento en solitario. Hay que estar siempre muy atento que el régimen de seguridad no se vuelva aislamiento solitario”, explicó Petit, y agregó que tienen que haber dos horas diarias mínima de “contacto humano relevante”, y esto “lo he dialogado con las autoridades y con el ministro del Interior, y es importante cuidar esos aspectos”. Señaló además que “hay cuestiones que tienen y deben ser mejoradas, que tienen que ver con la intervención técnica, como en todo el sistema, pero hay condiciones físicas y materiales que están aseguradas mínimamente de manera correcta. Es decir, hay que cuidar eso para que no se deteriore”.
Sobre las medidas alternativas asignadas a personas privadas de libertad, dijo que a la fecha hay poco más de 15.000 personas. “El tema es que las medidas alternativas tienen que también extenderse no solamente en su concepto sino también en su profundidad. Hay que desarrollarlas muy fuertemente, requieren tratamiento, trabajo en la adicción de la persona, en su salud mental, en su situación familiar y laboral. Hoy las medidas alternativas son muy débiles, muy frágiles y muy pobres en contenido, porque falta gente, faltan técnicos. Uruguay está muy rezagado en esto. La cárcel es el reflejo de algo que está pasando en otros lugares, hay que conectar el hilo, establecer más intervenciones para que haya construcción de ciudadanía, porque cuando no hay construcción de ciudadanía, aparecen expresiones de violencia”, explicó Petit.
Estuvieron presentes en la presentación, efectuada en el edificio anexo del Palacio Legislativo, autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Institución Nacional de DD.HH. y Defensoría de Oficio y legisladores de distintos partidos políticos.
