66% de la población está de acuerdo en aplicar penas alternativas

El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit dijo que hay 26 unidades penitenciarias y de esa cantidad, “un tercio las condiciones son muy malas”.

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, describió como “impactantes e innovadores”, los resultados obtenidos de un trabajo realizado por la Consultora Cifra, sobre “Justicia, Cárceles y rehabilitación: Aportes sobre penas alternativas para la política pública”.

La presentación y realización del trabajo fue parte del proyecto “Tendiendo puentes”, que impulsa el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en coordinación con la representación de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay.

En nombre de la consultora Cifra estuvo presente su directora, Mariana Pomiés, quien destacó que en este proyecto se realizaron 63 entrevistas en profundidad a especialistas en el tema. Pomiés mencionó los porcentajes de las mediciones y concluyó que las opiniones mayoritarias de los uruguayos son proclives a las penas alternativas a la prisión y a la rehabilitación: “La rehabilitación y el rol del Estado está siendo reclamado por la población”, dijo.

Agregó que “la investigación fue muy amplia, que tuvo una pata cualitativa, en la cual se entrevistó a varios legisladores, tratando de mirar el fenómeno de la complejidad que tiene, de distintas aristas, desde el punto de vista de la población, pero también de los dirigentes políticos, jueces, abogados, fiscales, y los que están a diario en la vida del régimen penitenciario”.

El trabajo fue efectuado entre el 1° y 20 de abril del presente año –pero presentado días atrás-, y efectuado vía telefónica a unas 2.000 personas, a celulares de todo el país, por lo que se consideran pueblos, barrios y localidades de diversos tamaños, incluida la zona rural de distintos departamentos. En cuanto a metodología utilizada, Cifra explicó que “se aplicaron cuotas por regiones en el interior del país y en Montevideo, y por género y edad, según su prevalencia en la población nacional. La cantidad de encuestas por área fue proporcional al peso del área en el total poblacional formado por el conjunto”.

Resultados principales

Dentro de los principales resultados, se destaca que un 66% de la población consultada está de acuerdo en aplicar con penas alternativas a la prisión. Sin embargo, cuando se le preguntó a los encuestados qué delitos deberían penarse con prisión, un 58% respondió que todos y solo un 33% contestó que con penas alternativas. Cuando la pregunta fue si los delitos no violentos vinculados a drogas deberían aplicarse penas alternativas, un 76% dijo estar de acuerdo. Según la encuesta, un 68% de la población entiende que aplicar penas de cárcel sin programas de rehabilitación eficaces termina por aumentar la inseguridad.

En tanto, el 79% de las personas que respondieron entienden que es tan importante rehabilitar a las personas que cometen delitos como castigarlas. Por su parte, un 87% piensa que es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de rehabilitar a personas que delinquen si el objetivo es reducir el delito. Otra de las cifras que dejó este trabajo es que el 58% de la población consultada prefiere invertir más en la rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles.

Conclusiones

Acerca de los resultados en líneas generales, Petit dijo que es “una encuesta muy concienzuda que tuvo muchas semanas de elaboración, de mucho estudio profundo de los temas, que tiene otros elementos de trabajo con referentes que ilustraron el armado de la encuesta, y creo que es un aporte para todos los tomadores de decisiones, para todo el sistema político, para el Parlamento. Muchas veces se dice que la gente no quiere que haya rehabilitación, y que quiere que haya penas duras y leyes duras. A veces puede ser lo que sentimos muchos cuando este tema entra en debate”.

Agregó que “en realidad es muy revelador ver que un alto porcentaje de la población, un 66% de la población que cree que tienen que aplicarse medidas alternativas, y que son mucho más curativas y favorecen a la seguridad pública que la prisión, y que más de un 70% de esas medidas alternativas son particularmente pertinentes cuando se refieren a mujeres, a mujeres con delitos leves, delitos vinculados a las drogas. Hay una señal interesantísima. Lo presentamos nosotros como un aporte, y es que las medidas alternativas es solo una pieza para tener mejor rehabilitación, menos violencia y más seguridad pública, esto es un aporte para el debate”, sostuvo el comisionado parlamentario.

El Comisionado destacó que la idea de esta encuesta, realizada en el marco de este proyecto, es saber que piensa la gente sobre el delito, la privación de libertad y la rehabilitación.

En relación a la situación de muchas de las cárceles que hay en el territorio nacional, Petit reconoció que “hay hacinamiento”, y que “no hay tratamiento en parte por ese hacinamiento, además de otros factores”, y agregó que la solución no pasa solamente por construir más cárceles. “Si construir algunos locales que son necesarios, y es una solución pero par la hiperemergencia. La solución de fondo es atender esa problemática que emerge en el delito, y atender las adicciones, la exclusión social, la pobreza, los problemas familiares, los problemas de rebote del sistema educativo, la inserción educativa y la reinserción laboral”.

“Es muy claro lo que piensa la opinión pública. Lo que expresa esta encuesta, que es muy seria, señala que más importante que construir cárceles, es importante que haya rehabilitación. Tienen que estar las dos cosas. La Constitución es muy sabia. Es asegurar para reeducar. Tiene que haber obviamente seguridad, y medidas de seguridad para aquellos que cometen delitos y no pueden circular por un tiempo, pero tiene que haber rehabilitación, tratamiento, favorecimiento de la dignidad, preparación para con la familia, preparación para el trabajo. ¿Es aplicable en todos los casos y en todo los casos se consigue la rehabilitación?, bueno, no en todos los casos un hospital cura a sus pacientes., y no por eso vamos a decir que hay que cerrar los hospitales. Hay que trabajar con convicción, con la máxima dedicación técnica para que eso sea posible. Una alta cantidad de la opinión pública cree que la rehabilitación es posible y que el Estado tiene que invertir en eso”, dijo Petit a la prensa.

Acerca de la situación actual, comentó que hay 26 unidades penitenciarias, y “en ellas hay de todo”, y de esa cantidad, “un tercio las condiciones son muy malas”, y en las cuales “podemos presumir que la rehabilitación no existe”, mientras que “en otros lugares las condiciones son insuficientes”, y en el otro tercio “las condiciones son buenas”. “Hay de todo. Pasa que hay gente que en la cárcel tiene su primer chequedo médico, gente joven que llega por primera vez alguien le pregunta cual es su proyecto de vida, a personas que nunca tuvieron oportunidad porque vienen de un mundo tan carenciado y tan del fondo que nunca tuvo esas alternativas, muchas personas también encuentran una alternativa también en las cárceles”, señaló el comisionado.

Petit hizo énfasis en que “uno ve que hay gente que le cambia la cara, que cambia su postura, que cambia su manera de relacionarse con los demás, cuando tiene posibilidades de acceso a tratamiento de educarse y capacitarse. Yo lo he visto, y cuando comencé a trabajar en esto hace 20 años atrás, me hacía las mismas preguntas. Y ya no es solamente la fe, es una realidad. Uno ve cómo cambia la gente, y como se ve años después cuando la gente tiene buenas condiciones, tiene proyectos de vida positivos y se relaciona con los demás con armonía, y que esa es la seguridad pública, la seguridad de tener una vida digna”.

El comisionado parlamentario comentó también que “realizan visitas periódicas a todos los módulos de las cárceles”, y que en particular asistió días atrás a la Unidad autónoma N° 25 (exmódulo N° 12), a ver en que condiciones se encuentran las 13 personas que están allí privadas de libertad. Uno de ellos es el recluso Edward “Coco” Parentini –preso por varias causas, entre ellas ordenar desde la cárcel el homicidio de un simpatizante de Nacional, y que además recientemente reconoció amenazar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber-.

“Están en un régimen de máxima seguridad, no es aislamiento en solitario. Hay que estar siempre muy atento que el régimen de seguridad no se vuelva aislamiento solitario”, explicó Petit, y agregó que tienen que haber dos horas diarias mínima de “contacto humano relevante”, y esto “lo he dialogado con las autoridades y con el ministro del Interior, y es importante cuidar esos aspectos”. Señaló además que “hay cuestiones que tienen y deben ser mejoradas, que tienen que ver con la intervención técnica, como en todo el sistema, pero hay condiciones físicas y materiales que están aseguradas mínimamente de manera correcta. Es decir, hay que cuidar eso para que no se deteriore”.

Sobre las medidas alternativas asignadas a personas privadas de libertad, dijo que a la fecha hay poco más de 15.000 personas. “El tema es que las medidas alternativas tienen que también extenderse no solamente en su concepto sino también en su profundidad. Hay que desarrollarlas muy fuertemente, requieren tratamiento, trabajo en la adicción de la persona, en su salud mental, en su situación familiar y laboral. Hoy las medidas alternativas son muy débiles, muy frágiles y muy pobres en contenido, porque falta gente, faltan técnicos. Uruguay está muy rezagado en esto. La cárcel es el reflejo de algo que está pasando en otros lugares, hay que conectar el hilo, establecer más intervenciones para que haya construcción de ciudadanía, porque cuando no hay construcción de ciudadanía, aparecen expresiones de violencia”, explicó Petit.

Estuvieron presentes en la presentación, efectuada en el edificio anexo del Palacio Legislativo, autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Institución Nacional de DD.HH. y Defensoría de Oficio y legisladores de distintos partidos políticos.

3 Comentarios

  1. A los que hay que preguntarles es a los que han sido asaltados, heridos, volados y tantas otras cosas más no a los parásitos con sueldos fastuoso s o sus lacayos

  2. CREO Y SUMADO A TODA OPINION…QUE TAMBIEN PARA BAJAR DELINCUENCIA ES MAS, QUE FUNDAMENTAL CAMBIAR POLITICAS SOCIOECONOMICAS! HAY QUE EDUCAR! INVERTIR MUCHO MAS EN EDUCACION Y VALORES MORALES,ETICOS,RESPETO,VALORES HUMANOS ETC..EN ESCUELAS,LICEOS,UTU..TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS..DE NUESTROS NIÑOS Y JOVENES! QUE SON FUTURO Y PRESENTE DEL PAIS! CREAR FUENTES LABORALES DIGNAS Y SUELDOS DIGNOS..PARA QUE LA JUVENTUD Y RESTO SOCIEDAD TENGAN TRABAJO Y APRENDAD GANARSE CON HONESTIDAD SU SALARIO Y PUEDAN TENER UNA VIDA DIGNA! COMBATIR CON TODA ENERGIA EL INGRESO Y PRODUCCION Y VENTA,COMERCIO DROGAS EN EL PAIS! PQ UN GRAN PORCENTAJE DE LOS DELITOS VIOLENTOS ,TIENEN COMO «CENTRO,ORIGEN» LA DROGADICCION! Y TRATAR DE CONSTRUIR CARCELES MAS MODERNAS,DIGNAS Y DE CELDARIOS INDIVIDUALES,QUE NO GENEREN VIOLENCIA NI DEGRADACION HUMANA!

  3. bueno … suena muy logico..xq las cárceles probablemente estén llenas de inocentes… el nuevo código penal es una mierda… solo favorece que el fiscal torture al supuesto delincuente lo arrastre por el fango hasta que no de mas y negocie un acuerdo sea o no culpable.

    Con esto de cambiar las reglas de juego y alargar una formalización a 2 años, el fiscal tortura al formalizado durante 2 años y lo hace gastar una cantidad de dinero enorme en abogados y pericias. Recordemos que los fiscales tienen el tiempo del mundo y la guita del mundo xq se la roban al sector privado cuando se la gastan en estos procesos larguísimos.

    Si a esto sumamos las divas del gran oceano que ocultaron pruebas, falsificaron otras, escondieron interrogatorios y no peritaron absolutamente nada..solo presentaron testimonios de supuestas víctimas… Les aclaro que el peritaje psicológico vale una mierda xq si leen una conclusion de estos nuevos psicólogos lo primero que dice es que el tipo no se deconstruyo o sea la enfermedad de la ideología de genero al palo…mas que eso de «peritaje» no hay nada en la causa…o ustedes escucharon algo diferente?
    Y ni hablar de la jueza anulando sus propios fallos para beneficiar a fiscalía. A la super fiscal diciendo un día te ofrezco un acuerdo y al día quinto como el imputado dijo «no» lo sobresee por falta de pruebas.. Solo 9 tarados firmaron que con la conducta de la fiscal nunca sabremos si eran inocentes o no.

    Ah y el detalle…. el periodista que no maúlla torturando piscologicamente a 32 inocentes porque hasta el día que termina el juicio no se sabe si son inocentes o no. Ese tipo no debería tener mas redes sociales lo tendrían que banear por escrachador mínimo..pero claro el tenia que hacer olas para la obra de mierda que puso en cartel ofendiendo a los padres de la muerta. El vil metal no tiene limites jejeje.

    Ah y una superperla tecnologica..la anterior fiscal dijo que todos habían borrado sus mensajes en una entrevista radial. Sabian que en los protocolos de naciones modernas no de este país bananero, si no se encuentra la misma conversación en ambos teléfonos…se anula el WhatsApp como prueba? El motivo es que es maleable. Es decir yo si quiero invento 30 charlas en WhatsApp en mi teléfono me presento llorando a la fiscalía y me saco 30 x 12 sueldos… y vivo sin trabajar. Ni en eso fueron profesionales….

    Pero que van a saber estos burros si ni la O con un vaso saben hacer informaticamente hablando…

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