Autoridades paraguayas vinculan organización de Marset con la tripulación del avión retenido en Argentina

Hay otro uruguayo involucrado, quien estuvo a cargo de trasladar a la tripulación por Ciudad del Este, en Paraguay

Defensa emtrasur Marset

Las autoridades de Paraguay aseguraron en las últimas horas que existe un vínculo en entre la tripulación del avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur retenido en Argentina (cuyo acceso a territorio uruguayo fue denegado) por su relación con el terrorismo, y la organización criminal que ordenó el asesinato del fiscal paraguayo contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, acaecido el pasado 10 de mayo en Colombia.

El lunes 6 de junio la tripulación del avión se dirigía a Buenos Aires desde Paraguay, pero hizo la solicitud de llegar a Córdoba en lugar de Ezeiza; esto a razón de la niebla que afectaba dicho aeropuerto. Una vez aterriza en la mencionada provincia de Argentina y solo dos horas más tarde, parte al aeropuerto del destino inicial.

Una vez allí no puede despegar por falta de combustible y de acuerdo a diversos medios de Argentina, la petrolera que opera en el aeropuerto, le niega suministrarle combustible.

Sobre el miércoles 8 vuelve a cambiar el plan de vuelo, en esta oportunidad el rumbo es Uruguay. Al momento de ingresar a espacio aéreo nacional, es rechazado. El Boeing 747 regresa nuevamente a Argentina y desde esa fecha está apostado en la zona de cargas.

Los 19 tripulantes del avión (14 venezolanos y cinco iraníes) fueron sujetos de una investigación. Finalmente, el 22 de junio la Justicia argetina procesó la imputación del piloto de la aeronave, Gholamreza Ghasemi por el delito de terrorismo. Las pesquisas determinaron que existía una confirma la vinculación directa del piloto con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah.

El papel de los narcos uruguayos

De acuerdo con el ministro Anticorrupción de Paraguay, René Fernández, hubo un contacto directo entre la tripulación en cuestión y la organización que ordenó el homicidio de Pecci. “Podemos decir objetivamente que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní-venezolana estuvo contactada con estas personas –dos extranjeros y un paraguayo– que tiene antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico”, dijo.

El avión de Emtrasur estuvo en Ciudad del Este, en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, entre el 13 y 16 de mayo. Supuestamente, durante ese tiempo se encargó del traslado de un cargamento de cigarrillos. 

Las autoridades paraguayas aseguran que la tripulación de la aeronave tuvo encuentro con los miembros de la banda criminales, específicamente con Federico Ezequiel Santoro Vasallo.

Santoro Vasallo es un ciudadano uruguayo residente de Ciudad del Este desde hace años. En 2009 estuvo detenido por un delito de trata de personas a través de una compañía de turismo y en esta ocasión, fue contratado para brindarle hospedaje y traslado a la tripulación venezolana-iraní durante su estancia en Paraguay.

La Fiscalía paraguaya asegura que existe un vínculo estrecho entre Santoro Vasallo y Sebastián Marset, narcotraficante acusado de liderar la banda criminal Primer Cártel Uruguayo (PCU) y el Clan Isfrán, organizaciones criminales que operan en la región.

De acuerdo con el diario paraguayo ABC, Santoro forma actúa como intermediario financiero de las estructuras criminales de Marset.

El asesinato del fiscal, amenazas y atentados

El crimen de Pecci a pedido de Marset es la principal hipótesi que seguirían las autoridades paraguayas luego de que el líder de la banda criminal que cometió el sicariato, Francisco Luis Correa Galeano, así lo asegurara. En sus declaraciones, difundidas por el diario colombiano El Tiempo, el detenido indicó que recibió 2.000 millones de pesos colombianos (unos 500 mil dólares americanos) por el “trabajo”. Asimismo, aseguró que tanto el dinero como los datos necesarios para ubicar al fiscal provinieron de Paraguay.

Asimismo, la banda de Marset fue quien orquestó las amenazas contra la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferro, y el atentado contra la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo en 2020, si bien no se pudo comprobar que lo hiciera en indagado de manera directa.

Las amenazas se realizaron mediante la aplicación WhatsApp desde un celular con base en Perú, indició Telam. Por este hecho recibió condena el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, quien debió purgar seis meses de prisión.

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