El caso llevó a que la oposición convocara el mes pasado a Heber y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, al Senado para que den explicaciones.
«Llamamos a interpelación a los ministros Heber y Bustillo por la expedición de un pasaporte en un delivery express a solicitud de una persona con profuso prontuario criminal en materia de narcotráfico. Llamamos a la responsabilidad política. La ciudadanía necesitaba explicaciones», dijo a Télam el senador opositor del Frente Amplio Mario Bergara.
Si bien el legislador estimó que el oficialismo actuó «sin marcar ningún tipo de intencionalidad» de favorecer a un narcotraficante, pidió al Gobierno que explique por qué «si tenía la chance de denegar ese pasaporte, optó por no hacerlo» y advirtió del peligro para la imagen del país y frente a la ciudadanía de no aclarar el episodio.
«Se parapetan en una explicación de que había un decreto del año 2014 que los obligaba a expedir ese pasaporte. En la interpelación mostramos que el decreto no obligaba al Gobierno a expedir el pasaporte, que podía haberse dado un permiso de viaje único de retorno a Uruguay o denegarlo», dijo Bergara. Esta semana vence un pedido de información pública a Cancillería con el que la oposición busca obtener respuestas que no fueron saldadas durante la interpelación.
«Quedamos claramente insatisfechos, incluso planteamos la necesidad de que dieran un paso al costado, pero fueron apoyados por el oficialismo», agregó el senador.
Además del proceso político, en la comparecencia parlamentaria desde la oposición enviaron información a la Fiscalía para que se «investigue la posibilidad de que se haya violentado alguna norma legal». Bergara también estimó que existen falencias de la LUC porque van «en dirección contraria a lo que es la prevención del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo».
«Antes de la LUC, de acuerdo a nuestra Ley de Inclusión Financiera, las transacciones en efectivo no podían superar los 4.000 o 5.000 dólares, que no es un monto pequeño. Pero la norma habilitó un monto de 110.000 dólares, más o menos, y nunca tuvimos una buena explicación de por qué se liberaba eso», dijo el senador.
«Ahora se puede comprar un auto de alta gama en efectivo», agregó Tenenmbaum, quien también explicó que de este modo se dejó de lado registros con «la huella electrónica o la huella digital» a la hora de realizar transacciones y eso hace que «no sea tan fácil de rastrearlo».
El especialista también apuntó que se relajaron «los estudios de debida diligencia que tienen que hacer los oficiales de lavado de activos y las entidades financieras y no financieras para conocer a su cliente y de dónde viene el dinero que utiliza», es decir, «se le pregunta menos a quien pone dinero para una transacción. Es un profundo error».
