En este año 2023 finalizan los contratos que mantiene ANCAP, que es la dueña de las plantas de envasado (2), que hoy operan ACODIKE Y RIOGAS. Los cuestionamientos a la licitación que se puso en marcha, rechazada por las empresas ya que modifican las condiciones de alquiler e implementan cambios en todo el sistema; por parte del sindicato se denuncia que creará inestabilidad en las empresas que redundará en pérdida de puestos de trabajo.
El negocio y su lógica empiezan por ANCAP, que es quien tiene el monopolio de la producción del supergas en la refinería de La Teja; en La Tablada el ente estatal tiene dos plantas de envase operadas por la empresa GASUD, constituida por la unión de RIOGAS Y ACODIKE; existe una tercera planta de envase de la firma MEGAL. La distribución del gas incluye a todos los participantes: RIOGAS, ACODIKE, MEGAL y DUCSA (empresa distribuidora de ANCAP).
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se dio a conocer en los últimos días el pedido emitido por su parte hacia la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), para que elabore una nueva regulación del sector del supergas que deberá estar aprobada antes de marzo del 2023. Entre los cambios que se deben incluir se encuentra el determinar un precio de intermediación que será el que ANCAP utilice para vender a los distribuidores.
El gobierno con este y otros cambios buscan eliminar los acuerdos de ANCAP con ACODIKE y RIOGAS , que entre ambas distribuidoras acaparan el 60% del mercado, lo que a entender de las autoridades son un desincentivo para la competencia.
La petrolera estatal dejará de ser quien regule vía los contratos el sector y ese cometido será asumido por la URSEA, que además modificará las condiciones de arriendo de las plantas.
Las distribuidoras han presentado recursos administrativos contra las nuevas condiciones de arriendo establecidas en el pliego de la licitación, en un intento de anularla. Consideran que el hecho de que los pliegos circularan antes de ser presentados oficialmente y que los directores de GASUD tuvieran participación en la elaboración de los mismos, son suficiente prueba de que existen vicios legales graves.
Finalmente se presenta la posibilidad de que, con la apertura del mercado llegue una empresa extranjera y logre quedarse con una planta de envasado sin realizar ninguna inversión en el sector, afirman los empresarios.
No es cierto el argumento de que una mayor competencia haga que el precio baje para el ciudadano, afirman desde las empresas, dado que el precio final es un valor fijado por el Poder Ejecutivo.
La preocupación por este cambio en las reglas de juego también está presente en el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), los que buscan un compromiso de las autoridades que aseguren el mantenimiento de todos los trabajadores en sus puestos. La actividad del gas emplea a más de 5000 personas en la distribución y 300 en el envasado.
Se busca establecer un ámbito de negociación donde el Ministerio de Trabajo sea el garante de que se cumpla con la consigna del mantenimiento de los puestos de trabajo.
El sindicato reconoce que el sector puede mejorar en su regulación, pero actual estado de situación genera incertidumbre en los trabajadores y en las empresas.
Desde ANCAP se busca llevar tranquilidad a los diferentes actores de la actividad, afirmando que los planteos serán escuchados pero que el proceso ha comenzado y se seguirá adelante.
