La reforma adoptada en tiempos de John Major exime a las herencias «de soberano a soberano» de pagar la tasa del 40 por ciento que habitualmente se aplica para los patrimonios superiores a las 325.000 libras (unos 375 mil dólares).
El Gobierno entendió entonces que el rey no puede prescindir de gran parte de los activos que hereda y que, por tanto, no tiene por qué asumir pagos impositivos por una fortuna de la que, en gran medida, no puede disponer, según ‘The Guardian’.
Al margen del patrimonio real (17.500 millones de dólares), Carlos III también hereda el ducado de Lancaster, un conglomerado de bienes, propiedades y empresas valorado en más de 650 millones de libras (750 millones de dólares) y que genera anualmente beneficios de más de 20 millones de libras (23 millones de dólares), según los registros oficiales.
En este caso, las autoridades justifican que no se aplique el impuesto de sucesiones para que la corona mantenga cierto nivel de «independencia financiera» con respecto a los presupuestos generales.
La corona británica tiene un patrimonio total que ronda los 15.200 millones de libras (17.500 millones de dólares) y, de los beneficios obtenidos anualmente, un 25 por ciento redunda de nuevo en la casa real mediante lo que se conoce como ‘subvención soberana’.
La ley tampoco obliga a los reyes a pagar los impuestos sobre la renta, pero Isabel II aceptó abonarlos de forma voluntaria desde el año 1992 y su hijo, cuando aún era príncipe de Gales, se comprometió a mantener esta líne.
