Información aportada por la secretaría de Estado, compromete a senador del FA: Víctor Hernández, la víctima de bala perdida fue atendido e internado durante 1.252 días –o sea, tres años y medio–, en el Hospital Policial, adonde se le realizaron dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas, ajenas al episodio de su herida de bala: además estuvo internado su hermano; según el subsecretario Guillermo Maciel, el caso «lleva a pensar que hay un presunto claro desvío de dineros públicos y una ilegalidad»
El ministro del Interior Luis Alberto Heber volvió el miércoles al Parlamento, esta vez, a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Cámara de Senadores en el marco de la polémica que puso bajo la lupa al senador del Frente Amplio Charles Carrera. Unas horas antes había sido interpelado en el Senado junto al canciller Francisco Bustillo por el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset. El senador frenteamplista y ex director general del Ministerio del Interior durante parte de la gestión del exministro Eduardo Bonomi, Charles Carrera, fue denunciado penalmente por ese ministerio luego de que el programa de canal 4 Santo y Seña difundiera un audio que aporta nueva información en torno a un caso ocurrido en 2012. El hecho se remonta al 2012 en La Paloma, Rocha, cuando Víctor Hernández, de 27 años, recibió el impacto de una bala perdida, que se le alojó en la médula y lo dejó paralítico.
Ese día, el subcomisario de Policía del balneario festejaba su cumpleaños a unos metros de la casa de Hernández; la víctima denunció que la bala provino de ese festejo. Diez años después, y denuncia penal y civil mediante, el caso permanece sin una resolución. El senador frenteamplista se expresó en redes y dijo que no accede a ningún tipo de chantaje. En tanto, en Radio Sarandí, dijo que “no existió ningún encubrimiento» y «todo fue ajustado a derecho». En ese sentido, Carrera dijo que a los familiares de la víctima “se les pidió bajar el perfil” en el Hospital Policial porque estaban denunciando a un policía por lo ocurrido, pero siendo atendidos en sanidad policial. Además, Carrera consideró que este tema “es una causa inventada”. “Es una causa armada. Creo que es una persecución por parte del ministro Heber por las denuncias que estoy realizando, tanto las denuncias del puerto como por el control que hago de la gestión. Tendríamos que estar hablando de que en 30 horas en este fin de semana se consumaron 7 homicidios. ¿Pero de qué se está hablando? De Charles Carrera. Esta causa se mueve a partir de que en enero de este año el ministro Heber va a La Paloma y conoce a la familia. Y el 13 de julio, aparentemente, da cuenta a la Fiscalía”, agregó. Por su parte, el ministro del Interior afirmó a principios de agosto que se encontraron «indicios de delitos» en el caso de Víctor Hernández. A su vez, en rueda de prensa comentó que la investigación la llevó adelante asuntos internos. Respecto a las acusaciones del senador Carrera, Heber aseguró que no hay una persecución y que «en Uruguay no hay coronita para nadie».
En tanto, los legisladores del Frente Amplio decidieron no participar de la comparecencia de este miércoles por entender que se montó un circo mediático en torno al caso. En ese sentido, dirigentes frenteamplistas de diversos grupos respaldaron a Carrera. Por otra parte, además, la bancada de senadores del Partido Nacional ya se reunió con el ministro del Interior por este tema. Tras ese encuentro, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el ministro entregó información «completa» de todo lo que dispone. «Por un lado está el tema penal y luego la causa que está abierta en Fiscalía por la denuncia de asuntos internos del ministerio que tiene origen en octubre del año pasado», expresó. Según la versión taquigráfica, a la que accedio el Diario La R, ratificó que la causa, del año 2012, «no está cerrada», que en 2019 se hace una denuncia sobre abuso de funciones, y que el 8 de octubre pasado pasa a la Fiscalía de Rocha de 2.° Turno. Aclaró que el ministerio «es demandado en la denuncia sobre abuso de funciones y ahí se nos remiten, como parte, pruebas contra el ministerio» tras lo cual se hace una investigación interna que arroja hechos con apariencia delictiva. «Acá no hubo ninguna instancia de investigación; los hechos fueron los hechos. Las denuncias no las hizo el ministro. El ministerio es demandado por daños y perjuicios, por lo tanto, es necesario tener las pruebas que la misma denuncia contiene», afirmó.
Agregó que «cuando se dice públicamente –y ahora voy a lo político– de que hay una intención de persecución, les pregunto, ¿acaso se pretendía que yo ocultara esto? ¿Se pretendía que yo, como tengo una situación de enfrentamiento por otros asuntos y por otras decisiones en otros ministerios, lo mandara a archivar porque va a ser tomado, sin ajustarme al derecho y a la ley? Porque lo que hace el ministro es, simplemente, cumplir con lo que le advierte Jurídica y el departamento Contencioso del propio ministerio que dicen que hay hechos con apariencia delictiva. ¿Se pretendía que nosotros tapáramos esto? Señor presidente: creo que es muy claro que yo le tenía que dar trámite; fuera el señor Carrera que estaba denunciado o cualquier otro diputado o senador de la república, no puedo tomar otra actitud que darle conocimiento al fiscal». Ahondó que aquí «no hay una intencionalidad política de persecución. Hay hechos de apariencia delictiva muy claros –que va a mencionar el doctor Maciel– y la Administración obligatoriamente tiene que informar a la Fiscalía; de lo contrario, nosotros caemos en un delito de ocultamiento». En su intervención, el subsecretario Guillermo Maciel, aclaró que las referencias que se hacían a vía judicial y Fiscalía son en materia penal y que también hay una actuación en sede civil ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2.° Turno, en los autos caratulados «Hernández, Víctor y otros c/Ministerio del Interior – Daños y perjuicios». «A ello refiere el área jurídico-notarial, a partir del departamento contencioso, cuando hace un informe dando cuenta de que la referida demanda tiene como objeto la reparación patrimonial por los daños que sufrió esta persona, que quedó paralítica». Pero señala Maciel, que «lo llamativo», es que «esa demanda se basa en hecho propio, por entender los demandantes que haberles brindado asistencia médica y dinero en tickets Alimentación implica un reconocimiento implícito de la responsabilidad por parte del Ministerio del Interior. Ese es el punto de quiebre. Ellos dan cuenta de la internación en Hospital Policial y de la asistencia en tickets Alimentación». Luego, «el departamento contencioso hace un racconto de esas situaciones –que ahora voy a detallar– y concluye sugiriendo a las jerarquías realizar la denuncia penal pertinente ante la Fiscalía de turno, justamente por las eventuales irregularidades que pueden configurar delitos.
Ese es el primer punto». «Como señaló el señor ministro, se autoriza a hacer la denuncia ante Fiscalía – que se formula el día 13 de julio– ante la constatación de irregularidades administrativas que pueden constituir la existencia de hechos con apariencia delictiva. También les informamos que el día 22 de agosto fue ampliada esa denuncia con nuevos elementos».Respecto a los hechos relatados por el departamento contencioso que dan motivo a la denuncia, aclaró que el Ministerio del Interior «debe cumplir con la obligación de denunciar irregularidades o presuntos delitos para no incurrir en lo previsto en el artículo 177 del Código Penal, por el que los funcionarios públicos están obligados a denunciar delitos». «Por eso se presenta esta denuncia penal de abuso de funciones por hechos de apariencia delictiva que involucran directamente al actual senador Charles Carrera cuando fue director general del Ministerio del Interior».
Como aclaración previa, señala que, luego de revisadas todas las actuaciones administrativas, «no figura, no aparece comprometido, no hay firmas ni actuaciones del exministro Bonomi en toda la tramitación de lo que vamos a relatar».Por un lado, afirma Maciel, «los hechos tienen relación con lo ocurrido en noviembre de 2012, en La Paloma, cuando un civil, Víctor Hernández, resultó herido de bala, aunque no se pudo determinar el origen del disparo ni la responsabilidad penal, civil o administrativa para el Ministerio del Interior. Es decir que desde el punto de vista civil, penal o administrativo no hay, hasta la fecha, responsabilidad del Ministerio del Interior; sí hay juicios –que son los que relató el señor ministro– e investigaciones que siguen en curso a nivel de Fiscalía».
«A raíz de la bala que recibió, la víctima quedó paralítica y estuvo internada casi ocho meses en el Hospital de Clínicas hasta que fue dada de alta; reitero, la víctima fue dada de alta del Hospital de Clínicas, que fue el lugar donde se atendió. ¿Cuáles son las irregularidades? Hay dos grandes ítems al respecto. Uno tiene que ver con la internación en el Hospital Policial y el otro está relacionado a la retribución económica mensual que se le pagaba con tickets Alimentación». Sobre el primer punto, añade, que «nuestros informes dicen que todas las disposiciones legales que existen en la materia sobre quiénes se pueden atender en el Hospital Policial ‒el artículo 86 de la Ley n.° 13640, el 140 de la Ley n.° 14416 y el 172 de la Ley n° 19924 más el Decreto n.º 211/96‒ establecen que podrán hacerlo aquellos funcionarios policiales en actividad o en retiro y su núcleo familiar. A su vez, estas disposiciones legales establecen que el Hospital Policial será solventado en gran medida con el descuento del 4 % del salario de los funcionarios policiales».
Asimismo, se señala que «el señor Víctor Hernández no era usuario del Hospital Policial por no ser funcionario policial ni familiar de un funcionario policial. En consecuencia, no le correspondía atenderse y mucho menos internarse allí, lo cual sería presuntamente irregular, ilegítimo e ilegal, ya que no hay ninguna norma jurídica que habilite a un civil a atenderse en el Hospital Policial, salvo razones de extrema urgencia. La víctima fue atendida en el Hospital de Clínicas, pero pudo haber sido atendida también por ASSE y apoyada por el Mides. Sin embargo, nada de esto ocurrió, salvo la atención en el Hospital de Clínicas».
«De acuerdo con los informes del Hospital Policial, se ha constatado que esta persona estuvo atendida e internada durante 1.252 días –o sea, tres años y medio–, desde julio de 2013 a enero de 2017. Asimismo, consta en el informe que el Hospital Policial le brindó veintidós interconsultas de diferentes especialidades, estudios extrahospitalarios, asistencia médica y de enfermería, hospedaje, alimentos y traslados, y compra de equipamiento».
«Las actuaciones administrativas también dan cuenta de algo que es llamativo. A este señor se le realizaron dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas: una en el ojo izquierdo, en octubre del 2013, y otra en el ojo derecho, en diciembre del mismo año; ambas fueron totalmente ajenas al episodio de su herida de bala».
«Durante los años en que el señor Hernández estuvo hospedado en el Hospital Policial también lo estuvo su hermano –el señor Daniel Hernández–, ambos en el quinto piso. En el caso del hermano, Daniel Hernández, no existe ficha alguna para prestarle hospedaje en el Hospital Policial ni autorización de ninguna índole; sin embargo, estuvo viviendo de forma permanente y haciendo uso de la hotelería del Hospital Policial en la misma habitación».
Más adelante, Maciel incluye la grabación de audio que hizo Daniel Hernández en una reunión mantenida en el despacho del entonces director general –el doctor Charles Carrera– del Ministerio del Interior. En esa reunión participaron Daniel Hernández; su madre; el director general de aquel entonces, Charles Carrera; la directora de asuntos internos, Stella González de León, y el asesor letrado del doctor Charles Carrera, el abogado Eduardo Florio de León.
«En esas grabaciones se habla básicamente de tres puntos: del Hospital Policial, de los tickets Alimentación y del juicio civil. La grabación dura algo más de una hora y en la ampliación fue agregada a la Fiscalía. Dentro de esos tres puntos, nos detendremos en algunas de las menciones que se hacen dentro de la grabación; algunas ya tomaron estado público y otras no».
«En cuanto a los tickets, en el minuto 5:02, Charles Carrera dice: «Quien te está dando una mano con los tickets» –reconoce que se le está dando una mano– «como con todo…». Más adelante en el minuto 28:43 dice Charles Carrera: «¡Lo ven mejor! Me dice el chofer que te lleva los tickets»»
Maciel señala que «quienes estamos al frente del Ministerio del Interior se supone que defendemos al Ministerio del Interior; los que aparecen en la grabación son jerarcas, exjerarcas del Ministerio del Interior incitando a las personas a que demanden a este ministerio, a que inicien un juicio civil; se les recomienda un abogado, concretamente al doctor Martín Fernández, como surge de la grabación. Luego, hay algo bastante grave, la ex directora de Asuntos Internos Stella González dice: «Hablen con Fernández, yo les llevo el expediente». Es decir que aparentemente se les iba a exhibir el expediente que corresponde al Ministerio del Interior para que tuvieran una mejor actuación demandando al Ministerio».
«Con respecto a la internación en el Hospital Policial, en el minuto 14:20 dice Charles Carrera: «Seguimos apoyando. No es acorde a derecho». Y lo repite: «Esto no es acorde a derecho», refiriéndose a la internación en el Hospital Policial. En el minuto 52:45 dice Charles Carrera: «Stella y yo hablamos con el director del hospital para que los recibiera». Agrega Stella González: «Es como dice el director general» –se refiere a Charles Carrera– «que estaba resistente de la situación». Se refiere a Leonardo Anzalone, que estaba resistente a recibir a civiles en el Hospital Policial».
Por otra parte, agrega que Charles Carrera en el minuto 53:20 dice: «Cuanto menos se hable que ustedes están en el hospital mejor; es una excepción». A las 1:00:47 dice: «Es totalmente excepcional que estén allí. No hablen que están allí. Si preguntan por qué hay un civil atendiéndose en el Hospital Policial, no cuenten nada». A las 1:04:13, Charles Carrera dice: «Mi intención es que no hablen del hospital».
«También está acreditado en las actuaciones –y es parte de la denuncia– que se utilizaba una camioneta oficial del ministerio con chofer para trasladar a esta persona y a su hermano a La Paloma, básicamente los fines de año para pasar con su familia». En cuanto a la retribución económica mensual, Maciel señala que «además de la internación irregular en el Hospital Policial, el ex director general dispuso durante años pagarle con recursos del Ministerio del Interior una partida mensual de $ 20.000 –a la cotización de la época, equivalente a USD 1.000 mensuales– al señor Víctor Hernández. Todos los recibos y comprobantes disponiendo los pagos están firmados por el ex director general Charles Carrera».
«Está acreditado que esa partida mensual proviene de un dinero cuyo único destino era pagar una compensación como canasta de fin de año solo destinada a los funcionarios policiales, regulada por ley y por un instructivo de la Contaduría General de la Nación. Este instructivo es el n.º 6 de 2012 y la partida exclusiva para funcionarios policiales se establece en el artículo 27 de la Ley n.º 18172, lo que lleva a pensar que hay un presunto claro desvío de dineros públicos y una ilegalidad».
«Está acreditado que la entrega fue en forma ininterrumpida, mensual, sin ningún tipo de autorización legal. Se ha mencionado como excusa que está todo documentado, y es cierto, pero lo que está documentado son hechos irregulares, ilegítimos e ilegales».
«En el año 2016, siendo el director general Charles Carrera, el departamento contencioso de la jurídica del ministerio solicita a tesorería que informe qué resolución habilitó el pago de este dinero de $ 20.000 mensuales, a lo que responden que no existe ninguna resolución, que lo único que hay, en forma ininterrumpida, son órdenes y autorizaciones del exdirector general Charles Carrera».
«Hay otro informe, esta vez dirigido no a tesorería sino a la contaduría del ministerio, preguntando quién disponía los pagos de los $ 20.000 mensuales. La respuesta fue que quien disponía los pagos era el director general de secretaría. Dicho pago fue asignado al rubro 460 –es el Ministerio del Interior–, objeto del gasto 578, canasta de fin de año».
Por último, se dice que «hay un cálculo del dinero actualizado de gastos de internación y servicios del Hospital Policial más los tickets de alimentación, que rondaría, actualizado a la fecha, los USD 260.000″.
Además, señala que «hay violaciones al Código de Ética en la Función Pública, establecido por la Ley n.º 19823 y por el Decreto n.º 30/003, sobre normas de conducta en la función pública: se ha señalado públicamente que fue un pedido de dos organizaciones sociales, pero en las actuaciones que hemos revisado hasta la fecha no hay ninguna solicitud formal de estas organizaciones ante el ministerio. También se ha dicho públicamente que esto se hizo por una cuestión humanitaria. Nada de ello inhibe el deber de cumplir, ajustarse a la ley y no realizar actos contrarios a derecho. Además, se sostiene públicamente que fue para atender una situación generada por el mal accionar de la Policía. No está probada en vía policial ni administrativa responsabilidad alguna del Ministerio del Interior. Y lo último que se ha señalado públicamente es que se trató de una decisión política. El punto es que incluso las decisiones políticas deben ajustarse a derecho y no pueden violar la ley ni ser ilegítimas».
