La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), presentó el pasado jueves 23 de junio en Torre Ejecutiva, un recurso administrativo contra el Decreto 195/022. Dicho documento fue elaborado por el asesor jurídico de dicho ente, Daniel Parilla.
Desde COFE, dicen que ese decreto fue impuesto “unilateralmente por el Gobierno” y está dentro del “paquete de medidas de ajuste fiscal aplicados por el Poder Ejecutivo, que tienen como principal objetivo el recorte de puestos de trabajo, siendo el funcionario la variable de ajuste”.
Según explicaron, han solicitado “en reiteradas ocasiones” que quieren conocer el contenido del Decreto, pero desde el Gobierno se han negado a reunirse por ese tema. “Asistimos al desmantelamiento profundo de los servicios públicos aplicado por el Poder Ejecutivo y a una reforma del Estado encubierta, donde la conclusión final debe ser reducir y achicar el gasto, a costa de menos servicios públicos de calidad”, opinó el presidente de COFE, Martín Pereira.
El Decreto establece que los organismos deberán proponer una lista de cargos, funciones y contratos para declararlos excedentes o discontinuarlos directamente, según dicen desde COFE y se puede leer en la página de Pit-Cnt.
Según su visión “el gobierno busca ahorrar a costa de recortes en los puestos de trabajo. Se trata de funcionarios que tienen un ingreso, una familia y que, por una decisión unilateral del jerarca, que considera que su cargo no es necesario, quedará cesante o excedentario, dependiendo del vínculo laboral que tenga”, aseguraron.
Asimismo, el decreto manifiesta “una postura anti estatal y de achique del Gobierno”, debido a que “establece un tope al gasto en materia salarial; dispone reestructuras que deberán establecer el cese contratos, de funciones y la declaración de funcionarios excedentarios; reduce y limita las áreas de gestión sustantivas y principalmente las de apoyo; y desconoce y violenta la negociación colectiva y las leyes vigentes en nuestro país”, entre otras cosas, subrayó COFE.
“El Decreto 195/022, sumado a otras medidas como la rebaja masiva de salarios, la rebaja de jubilaciones y pensiones, el recorte de derechos, el nuevo régimen de licencias médicas, la inclusión muy posible de la reforma de seguridad social, posiciona a la coalición de Gobierno en una agenda antipopular, dónde la inmensa mayoría de la población de nuestro país será perjudicada”, afirmaron.
Junto con el recurso administrativo presentado en Presidencia,exigen “la intervención del Poder Legislativo, mediante reuniones en las Comisiones de Asuntos Laborales tanto de Diputados como del Senado, denunciando la situación y buscando una intervención al respecto”, indicó el Consejo Directivo de COFE.
Asimismo, también fueron claros en anunciar que continuarán con su plan de acción que incluye “la denuncia al accionar del Gobierno y la necesaria convocatoria a los ámbitos de negociación dispuestos por la layes vigentes”.
