A partir de esta jornada y presidida por el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará su 153 período ordinario de sesiones donde verá casos contra Perú y Argentina. «La celebración de este período de sesiones en Uruguay es una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos», dijo el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique remarcando que la actividad se extenderá hasta el 21 de octubre y que responde a una invitación realizada por el Gobierno de Uruguay. La ceremonia de instalación del 153 periodo Ordinario contará con la participación de la Vicepresidenta de la República Beatriz Argimón y tendrá lugar a partir de la hora 10 en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. Media hora antes, Argimón recibirá a los jueces del la Corte Interamericana en su despacho de Presidencia del Senado.
En el marco de la visita se realizarán tres audiencias públicas de casos contenciosos y se deliberarán tres sentencias sobre México, Bolivia y Ecuador. Además, se desarrollarán tres seminarios públicos, uno de ellos tendrá lugar este martes en el Palacio Legislativo, otro en la ciudad de Punta del Este el martes 18 de octubre y otro en la ciudad de Colonia el jueves 20 de octubre. La CorteIDH realizará mañana una audiencia pública del caso Comunidad de La Oroya contra Perú que se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La Oroya, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico en dicha comunidad. La denuncia alega que el incumplimiento de Perú con sus obligaciones internacionales permitió que la actividad minera generara altos niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las presuntas víctimas. Además, el jueves 13 de octubre, los jueces verán el caso Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina, que se relaciona a la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación con el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, el cual causó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad en perjuicio de al menos otras 151 personas. La demanda argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, que dicho riesgo era real e inmediato y que Argentina no adoptó las medidas razonables para evitarlo.
El miércoles 19 de octubre será la última audiencia, con el caso María y otros contra Argentina, que trata sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado en el marco del proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño identificado como «Mariano» en perjuicio del propio niño, su madre «María», quien al momento del nacimiento de su hijo tenía 13 años. La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Estado argentino no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica, no agotó las medidas para que ello ocurriera, ni aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior de las personas menores de edad. El jueves 20, la Corte celebrará una audiencia privada de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman Vs. Uruguay. En esta instancia, el Presidente Juez Ricardo C. Pérez Manrique no participará en la Audiencia Privada de este caso por ser de nacionalidad uruguaya, conforme al Art. 19 del Reglamento de la Corte.
Caso Asociación Civil Memoria Activa Vs. Argentina
El caso se relaciona a la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación con el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (“AMIA”) ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, el cual provocó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad en perjuicio de al menos otras 151 personas, así como la alegada situación de impunidad en la cual se encuentran los hechos. Respecto al deber se prevención, se argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina; que dicho riesgo era real e inmediato; que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA, y que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio. Con base en lo anterior, se alega que el Estado se abstuvo de tomar las medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio. Asimismo, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial se aduce que:
I. Respecto al proceso llevado por el Juzgado Federal N° 9, que se cometieron grandes irregularidades a cargo de los órganos estatales que dirigieron la investigación que culminó con el supuesto desvío deliberado de la investigación por más de 8 años. II. En relación con la investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, que desde el año 2015 ha realizado una actividad probatoria que reveló aún mayores falencias que ocurrieron durante la recolección e identificación de material probatorio esencial en las diligencias iniciales, pero que fueron precedidas de amplios períodos de demoras injustificadas. III. Los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado no cuentan con sentencia definitiva a más de veinte años de iniciado el proceso judicial, debido a las alegadas irregularidades cometidas durante la investigación realizada por el Juzgado Federal N° 9. La audiencia pública se realizará de manera presencial el jueves 13 de octubre de 2022 a partir de las 14:30 (Hora de Uruguay) y el viernes 14 de octubre a partir de las 09:00 (Hora de Uruguay). La audiencia se desarrollará en el Edificio MERCOSUR.
