La ONU y los países en desarrollo intentan poner en la agenda la responsabilidad de las naciones ricas por los daños generados por los cada vez más violentos y frecuentes fenómenos extremos a un mes del inicio de la COP27
Unas colosales inundaciones en Pakistán, la profunda sequía estival en el hemisferio norte, las inusuales y prolongadas altas temperaturas en India en abril y mayo, tres insólitas olas de calor en España, gigantescos huracanes, el verano más cálido en Europa desde al menos 1880… Los eventos extremos, alimentados por la crisis climática, se multiplican y la ciencia señala al ser humano. “El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, concluía el pasado año en su último gran informe el IPCC, el grupo de expertos internacionales que se encarga de sentar las bases sobre el conocimiento de esta crisis desde hace tres décadas. Lo que hace unos años eran advertencias para el mañana —el calentamiento puede convertir estos fenómenos en más intensos y abundantes, decían los informes— se ha convertido en una realidad hoy.
“No es el futuro; está ya ocurriendo”, resume la ministra chilena del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Y, como explica esta reputada científica climática, muchos de estos eventos tendrán impactos irreversibles. Aunque los latigazos de esta crisis se sienten en todo el planeta, los que más los sufren son los países con menos recursos para hacer frente a los golpes.
A un mes del inicio de la cumbre del clima de la ONU (la llamada COP27), que este año se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, muchos países en desarrollo, la presidencia de esta conferencia internacional y Naciones Unidas luchan por situar en el centro de la discusión esos impactos y las responsabilidades históricas de las naciones más ricas sobre el problema del cambio climático. “Este es un imperativo moral que no puede ser ignorado y la COP27 debe ser el lugar para la acción sobre pérdidas y daños”, pedía en una conferencia de prensa esta semana el secretario general de la ONU, António Guterres.
Bajo la expresión “pérdidas y daños” se engloban desde hace años las reivindicaciones de las naciones con menos recursos y que, en muchos de los casos, son las que sufren y sufrirán más los impactos del calentamiento global. “Este va a ser un tema crítico en la COP”, reconoce Nick Bridge, representante especial para el Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido. “Hay más de 100 países de la familia de las Naciones Unidas que son altamente vulnerables, como son los pequeños estados insulares o las naciones más pobres de África”, añade este diplomático. “Y en las negociaciones sobre cambio climático han visto mucho el enfoque centrado en reducir las emisiones, en mitigación, pero no han visto el apoyo y las inversiones para ayudarles a adaptarse y ser más resistentes”.
Efectivamente, el foco de las negociaciones internacionales sobre el clima está puesto fundamentalmente sobre la mitigación, es decir, sobre la forma en la que las naciones recortan sus gases de efecto invernadero —originados principalmente por los combustibles fósiles— para que el ya irreversible calentamiento se quede dentro de unos límites de seguridad. El planeta es alrededor de 1,1 grados Celsius más cálido ahora que a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a usar a gran escala esos combustibles. Y el objetivo que se han fijado los países en la ONU es que no se superen los 2 grados y en la medida de lo posible los 1,5. De momento, los planes de todas las naciones del mundo no llevan en esa dirección, sino a un calentamiento de cerca de los 3 grados, lo que multiplicará los impactos negativos. Las promesas de recorte de los países se deben ir revisando al alza periódicamente para poder acercarse a las metas de los 1,5 y 2 grados, como establece el Acuerdo de París, el pacto que ahora mismo rige los esfuerzos internacionales contra el cambio climático.
La otra pata importante, y más olvidada, de la diplomacia climática es la adaptación a los impactos de esta crisis. Y en este caso se asume que las naciones más ricas —que son las responsables históricas del cambio climático— deben ayudar a las más vulnerables.
El compromiso internacional era que los países desarrollados movilizaran 100.000 millones de dólares al año para financiación climática a partir de 2020. Pero esa promesa no se está cumpliendo. Según los últimos datos que aporta la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en 2020 se “movilizaron” 83.300 millones. Además de no llegar a la promesa, la mayoría de los fondos que en 2020 fueron desde el sector público y privado hacia los países en desarrollo llegaron en forma de préstamos; tan solo el 21% del dinero fueron subsidios. Y tan solo el 34% de los fondos se destinaron a acciones de adaptación para que las naciones con menos recursos sean más resilientes al cambio climático. El grueso de los 83.300 millones de dólares va a parar a acciones de mitigación, como por ejemplo, la instalación de renovables.
El egipcio Wael Aboulmagd, representante especial de la presidencia de la COP27, recordaba en una conferencia de prensa que el Acuerdo de París “impone a los países desarrollados la responsabilidad de ayudar a los países en desarrollo con una financiación adecuada para hacer la transición a una economía más sostenible”. Aboulmagd instó a las naciones más ricas a cumplir el objetivo de los 100.000 millones de dólares anuales y a duplicar la financiación para la adaptación, como se acordó en la cumbre climática de Glasgow de hace un año.
Nuevo mecanismo
Pero lo que se plantea es ir un paso más allá: los países más vulnerables piden el establecimiento de un nuevo mecanismo —con recursos propios— de pérdidas y daños para hacer frente a las catástrofes que genera ya el calentamiento global, algo a lo que hasta ahora se han resistido las naciones más ricas. Aunque existe un consenso sobre las “responsabilidades históricas” de los países desarrollados, este asunto genera una “tensión importante” en las negociaciones sobre cambio climático, explica la ministra Maisa Rojas. “Es un tema muy emocional”, añade, porque lo que algunos pequeños Estados, como varias islas del Pacífico, se están jugando directamente su supervivencia ante el incremento del nivel del mar.
En otros casos, añade la ministra chilena, los eventos extremos ligados al cambio climático y sus altos costes “ponen en riesgo que algunos países puedan salir del subdesarrollo”. Un reciente informe de Oxfam Intermón advertía de “el hambre extrema se ha multiplicado por más de dos en los 10 países más afectados” por los desastres naturales ligados al cambio climático. La ONG identificó 10 puntos críticos en el planeta: Somalia, Haití, Yibuti, Kenia, Níger, Afganistán, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso y Zimbabue, las naciones en las que la ONU ha tenido que hacer más llamamientos de emergencia por fenómenos extremos en los últimos seis años.
La presidencia egipcia de la COP27 ha designado a la ministra Rojas y la enviada especial para la acción climática del Gobierno alemán, la conocida ecologista Jennifer Morgan, como las facilitadoras para el capítulo de pérdidas y daños. Su labor es escuchar todas las posturas existentes e intentar encarrilar un acuerdo de los casi 200 países que participan en estas negociaciones internacionales. Esta semana los representantes de alrededor de 60 de estos países se han reunido en Kinshasa para preparar la COP27 y, según Rojas, ha quedado claro que los países entrarán de lleno en las discusiones del capítulo de pérdidas y daños Sharm el Sheij. Aunque la ministra chilena admite que es complicado aventurar si se llegará a algún tipo de acuerdo sobre ese futuro mecanismo de pérdidas y daños.
Porque, como ha advertido esta semana Guterres, “mientras el caos climático galopa hacia adelante, la acción climática se ha estancado”. El secretario general ha insistido en que la cuestión de las pérdidas y daños debe ser “central” en las discusiones de la COP27: “sabemos que las personas y las naciones están sufriendo ahora”. Por lo que se requieren “decisiones significativas ahora”. El riesgo es que “la falta de acción sobre pérdidas y daños” conduzca “a una mayor pérdida de confianza y más daño climático”.
