La denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra las autoridades de Casa de Galicia puso el ojo en diversas irregularidades, entre las que se cuentan emisión de cheques sin fondos por cifras millonarias y una maniobra mediante la cual el expresidente, Alberto Iglesias, se habría hecho con U$S 180.000.
Las denuncias van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, a la adquisición de una clínica por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa, pasando por una maniobra a través de una casa de cambios por la cual Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de US$ 180.000. A pesar de esto, su defensa sostiene que todo lo denunciado por el MSP tiene una explicación. La denuncia penal contra Casa de Galicia fue redactada por el abogado penalista Gustavo Bordes y presentada el 3 de diciembre del año pasado, siendo ampliada sobre fin de año por el director general de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y el director de la División de Servicios Jurídicos, Martín Thomasset.
«Si bien Casa de Galicia tenía una Comisión Directiva en funciones, en los hechos era dirigida y gerenciada por quien era el presidente de la misma, el señor Alberto Iglesias. En el transcurso de la labor que nos encomendara, fuimos detectando y documentando un conjunto de hechos y circunstancias irregulares que venimos a poner a vuestro conocimiento», señala la denuncia del MSP, citando a las interventoras.
En el escrito se establece que «se liberaron cheques por millones de dólares que no tuvieron fondos», y se hallaron cheques que «fueron firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros».
Se señala también que a los pocos días de que se presentara la solicitud de concurso, Iglesias «firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024».
Otro punto está referido a la adquisición de una clínica de los doctores Leborgne, operación que según el MSP fue por tres millones y medio de dólares, y que se hizo sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión. No hubo «informes técnicos de ningún tipo», se explica.
También se denuncia que el ingreso de dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias «carecía del debido control sobre el origen de los fondos».
Otro aspecto que se señala es que «no existía oposición de interés dentro del proceso de compras (…) La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo».
La denuncia también señala que las retenciones efectuadas sobre los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia -ya sea por alquileres, cuotas del Banco Hipotecario, de cooperativas de ahorro y crédito, o de la Agencia Nacional de Viviendas- «no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes».
Al finalizar el informe, se señala que los hallazgos «son algunos graves» y otros de «extrema gravedad», y que estos «podrían haber incidido» en la situación financiera que provocó el cierre de la institución.
Pese a estos elementos, el abogado de Iglesias, Enrique Moller, declaró al diario El País que su cliente «ya está preparado para la audiencia» y que allí «dará todas las explicaciones».
