La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, María Josefina Plá se presentó la semana pasada ante el grupo de Diputados, acompañada por una delegación integrada por Carlos Montesano y Heber da Cunha.
“En el censo de 2011, se dijo que había entre quinientas mil y seiscientas mil personas con algún tipo de discapacidad”, informó Montesano a los legisladores.
“La semana pasada, el psicólogo Da Cunha y yo tuvimos una reunión con el Concejo de Participación de la Intendencia de Montevideo. Ellos nos dijeron que el 17 % de la población de Montevideo tiene algún tipo de discapacidad”.
“Si trasladamos ese porcentaje a números, veremos que llegamos a esas quinientas mil o seiscientas mil personas”, añadió Montesano.
Plá recapituló que: “En 2016, nuestro país fue observado por la falta de un sistema de monitoreo independiente, tal como establecen los puntos 2 y 3 del artículo 33 de la Convención.
“Esta es la primera convención universal que exige que para el monitoreo exista no solo un comité que cumpla con la independencia de los Principios de París -la Institución lo tiene-, sino que, además, haya una participación de la sociedad civil y, especialmente, de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan”.
“Enseguida que se volvió de Ginebra, el Consejo Directivo anterior -estaba en su última etapa-, en mucha conexión con el Ministerio de Relaciones Exteriores -que había dado la cara- exigió ver cómo se cumplía con ese requerimiento”.
“La Institución ofreció los mecanismos estatutarios que tenía: crear un grupo de trabajo. Así lo hizo: creó un grupo, con la participación de la Academia, Estado y la sociedad civil, para poder definir bien claro si en el Uruguay ya existían instituciones que cumplieran con esos requisitos”planteó.
“Se hizo un trabajo muy interesante. El grupo se constituyó en noviembre o diciembre de 2017. En el correr de 2018, terminó sus funciones con la redacción de un documento, (…). Dicho documento establecía que la Institución cumplía esos requisitos, pero debía ser provista de cierto presupuesto para poder incorporar como equipo técnico a personas con discapacidad y que estuviera integrada la sociedad civil”.
“Inmediatamente de terminado el trabajo, lo entregamos a la Presidencia de la Asamblea General y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que hicieran el trabajo de cumplirlo.
Sabemos que vino la pandemia y que hubo cambio de gobierno, pero estamos cursando 2022 y el año que viene, a Uruguay capaz que le dan otro tironcito de orejas”previó.
A su vez, da Cunha reparò en que “Las políticas de discapacidad aún no han tenido rectoría en nuestro país”.
“Sí existen el INJU, que rectoriza las políticas vinculadas a las juventud; el INAU, que rectoriza las políticas vinculadas a infancia y adolescencia, y los institutos de las Mujeres y de las Personas Mayores, que también tiene un rol de rectoría”.
“Sin embargo, en Uruguay no hemos podido llegar a eso en esta área. En la Administración anterior hubo un intento de crear el instituto nacional de la discapacidad, pero no se logró. Creo que sería muy importante que hubiera una rectoría, especialmente, para supervisar el cumplimiento de la Convención”, dijo.
“La discapacidad es parte de la diversidad humana y por lo tanto, parte de la riqueza. Se sigue pensando que la discapacidad se padece. La discapacidad no se padece. Lo que padecen las personas en situación de discapacidad es la discriminación, es todo lo que falta en la sociedad, es vivir en un mundo que no está preparado para ellos”, sentenció.
