El ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, se muestra partidario de que en la reforma de la seguridad social se busque que las diferentes cajas paraestatales tengan algunos parámetros en común con el BPS, pero no cree que se pueda lograr aplicar un sistema de convergencia como el que se plantea en el documento de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS). Recordó que los cambios actuales en las diferentes cajas, tomaron 20 años hacerlos, cuando la idea original era que se efectuara en pocos meses. El documento de la CESS que está a análisis del gobierno, propone que se considere un escenario «conforme al cual los nuevos aportantes de todos los sectores de actividad se incorporen en un régimen mixto con similar diseño que el administrado por el BPS».
«Es loable que todos los sistemas converjan a algo, pero es muy difícilmente ejecutable. Lograr un consenso general sobre estos temas es imposible. El asunto pasa por lograr un consenso posible» dijo Davrieux en un reciente encuentro sobre la reforma jubilatoria organizado por la Asociación Nacional de Afaps.
Historiando el proceso de los últimos cambios en materia de seguridad social, Davrieux recordó que el trámite que determinó la creación de las Afaps en Uruguay fue relativamente rápido. La ley 16 713 que creó crea el Sistema Previsional Mixto, con la solidaridad intergeneracional (BPS) y el ahorro individual (AFAP) se comenzó a analizar por el Poder Ejecutivo en febrero de 1995, se presentó en mayo en el parlamento, se aprobó en agosto y en setiembre se promulgó. Cuando se procedió a la discusión parlamentario, el entonces senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) solicitó agregar en el artículo primero, un cambio que afectaría las cajas paraestatales. El mismo indicaba que «el Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho principio y antes del 1º de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al régimen establecido por la presente ley. El Poder Ejecutivo designará una Comisión que, en consulta con las instituciones mencionadas en el inciso anterior, elabore los proyectos respectivos». Lo que se pretendía era una reforma a las denominadas cajas para estatales, o sea, Caja Bancaria, la Caja Notarial, la Caja de Profesionales, Caja Policial y Caja Militar. El ex director de la OPP recordó que en un año se elaboraron los cinco proyectos para cada caja, y anecdóticamente dijo «nos peleamos con casi todos». El resultado también lo relató. «Presentemos en total cuatro proyectos y se terminó guardando uno en un cajón. Pero eso fue advertido, a mí a la OPP me llamaron y me dijeron que lo mandara si quería, pero que ese no lo iban a estudiar». Se trataba de la Caja Militar «algo tan complicado que directamente no se presentó. A ese lo tengo en casa, tiene casi 30 años, es papel antiguo, pero demuestra lo que pasa cuando se quieren combinar demasiadas cosas.
Agregó que «por otro lado están las dificultades políticas de lograr un cumplimiento del artículo primero de la ley de 1995 (que promueve la reforma de las cajas paraestatales)». En las reformas implementadas se aprobaron la adecuación de algunos parámetros, como ser la edad de retiro.
Davrieux considera que «es loable que todos los sistemas converjan a algo, pero es difícilmente ejecutable. Llevó más de 20 años aprobar las cinco leyes (para las cajas paraestatales) que había que aprobar en 12 meses y se aprobaron cosas que no son satisfactorias. Hay que hacer algo que sea políticamente posible y buscar algo que tenga consenso». No obstante aclaró que lograr un consenso general sobre estos temas «es imposible», y el tema pasa por «lograr un consenso posible».
«Mi idea sería aprobar el sistema general y en lo posible adecuando los parámetros para todas las cajas en la misma ley. No tener que esperar 20 años de nuevo para hacer los cambios y dejar para una segunda etapa el tema de la convergencia».
Davrieux explicó que un principio extremadamente importante es que todos los sistemas se rijan por el mismo criterio. Con el sistema actual, hay diferentes sistemas y si una persona pasa de una actividad a otra y cambia de caja, queda sin ningún tipo de protección a la vez que después resulta difícil logra unir los criterios jubilatorios.
«La seguridad social que existía del siglo 19 rigió con cierta satisfacción hasta quizás después de la segunda guerra mundial. El sistema que funcionó en Uruguay hasta 1995, o sea sin las Afaps, no funciona. Esos sistemas son arcaicos, están fuera de la realidad, porque ya no satisfacen una forma de organización del trabajo y de la tecnología existente en la actualidad. Los sistemas se tienen que adecuar a las condiciones del medio» dijo Davrieux.
Tal vez no existan problemas financieros tan grandes, porque las normas regirían para los nuevos que ingresan al sistema. Entonces en la caja bancaria sería para los que ingresen a los bancos, y hoy día representan menos del 0,5% de la población activa.
Destacó que dentro del sistema de previsión social, del total de los jubilados, el 85% son quienes cobran por el BPS, mientras que las Cajas para estatales tienen el 15% restante, aunque representan el 8% de la fuerza laboral. Esto se debe a que en algunos sectores, como ser la policía, las fuerzas armadas o bancarios se retiran más jóvenes que el resto de la población, que generalmente lo hace después de los 60 años. En materia de importes, las cajas paraestatales pagan el 24% del total de lo que se abona de jubilaciones en Uruguay. «Algo está pasando acá. Son sistemas muy favorables. Cualquiera con ánimo de igualdad diría que son privilegiados» dijo Davrieux.
Otro punto es el incremento en la esperanza de vida que hace que los sistemas no sean sostenibles con determinadas edades. De hecho, Davrieux era partidario ya en 1995 de establecer un mínimo de 65 años para la jubilación y la posibilidad de retirarse si se quería a los 60, «pero me dijeron que jurídicamente no era posible» dijo. Acotó que es inevitable el incremento en la edad jubilatoria, y considera que existe consenso en los partidos políticos de que la edad de retiro se debe modificar.
Años de trabajo
También se considera la cantidad de años trabajados para acceder a la jubilación. Davrieux dijo que a no ser los empleados públicos que tiene el trabajo asegurado, y representan entre el 15 a 20% de la población, el resto puede no llegar a cumplir los requisitos de años trabajados para retirarse.
Recordó que el actual sistema jubilatorio en Uruguay prevé que se deben tener una determinada cantidad de años de aportes y si se tiene, aunque sea uno menos no se puede acceder a la jubilación. «Esto hace que si se tienen 28 años de trabajo, no se tiene ningún derecho a la jubilación y hay que esperar a una pensión por edad avanzada. Y tampoco tiene derecho el que trabajó 14 años, y aportó, pero después no tendrá ningún beneficio si se quiere retirar».
Davrieux manifestó que el sistema actual consiste en un pilar básico de reparto y un sistema de ahorro, Uno de los cambios que se propone y con el cual se manifestó de acuerdo es la creación de una partida básica garantizada que actuaría a modo de jubilación básica. La misma se aumenta de acuerdo a los aportes realizados. «Esto es una manera de subsidiar a las jubilaciones de menores ingresos» dijo Davrieux, a quién le parece «una idea fantástica».
