El Ejecutivo resolvió, a través del Ministerio del Interior, que no apelará la sentencia de la jurisdicción civil que obliga al Estado a indemnizar por alrededor de 1.1 millones de dólares a los familiares de los reclusos que perdieron la vida en un incendio ocurrido en la cárcel de Rocha en el año 2010.
El plazo para llevar la decisión judicial a una segunda instancia venció este jueves 2 de junio y no hubo ninguna acción de parte del Estado.
Cabe recordar que la resolución de la Justicia de obligar a la indemnización se expidió el pasado 6 de mayo. La sentencia prevé pagos que van desde los 3000 a los 270 mil dólares para los afectados por el incidente que puso fin a la vida de 12 privados de libertad.
El incendio tuvo lugar el 8 de julio del 2010. Ese día las llamas provocaron la muerte de una docena de personas y generaron heridas en otras ocho. Además, varias de las personas afectadas resultaron con secuelas crónicas.
Tras casi 12 años desde el hecho se estableció judicialmente que el Estado fue responsable del incidente. No todas las demandas fueron dadas con lugar de manera total, pero sí hubo una parte importante en las que se concedió la totalidad del petitorio.
Las indemnizaciones a las que obligaron al Estado corresponden a daño moral, daño premuerte y daño emergente.
La responsabilidad del Estado
En declaraciones consignadas por el diario local Rocha Al Día en aquel momento el abogado de las víctimas, Julio Cadimar, dijo que lo más importante no pasa por la cifra sino “el reconocimiento de la responsabilidad del estado”. «Se reconoció la responsabilidad del Estado».
“En el caso de nuestro cliente la idea no fue llegar a un acuerdo, queríamos un fallo judicial y una sentencia, no una transacción o pactar una solución”, aseguró.
“Pretendíamos un fallo judicial de condena, que aconteció este viernes. Los juicios llevan tiempo, cada uno tiene que hacer su parte de responsabilidad. Nosotros la demanda la presentamos a los cuatro años del hecho, si bien los primeros procesos se iniciaron en 2010”, añadió.
