Al menos 14 personas recibieron citación para comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación por las amenazas recibidas por las magistradas del Tribunal de Apelaciones que dejaron sin efecto la sentencia del juez Alejandro Recarey que suspendió la vacunación anti coronavirus a los menores de 13 años.
A final de julio el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, efectuó una denuncia ante la Policía luego de que las integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno (Mónica Bortoli, Martha Alves y Marta Gómez Haedo) recibieran una amenaza por revocar la mencionada sentencia.
Las magistradas levantaron la decisión que expidió Recarey el 7 de julio como resultado de un recurso de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone. La resolución de la segunda instancia tuvo lugar el 26 de julio, por lo que la vacunación para esta franja etaria se retomó a los pocos días.
Horas después de la decisión llegaron las amenazas. Estas se presentaron mediante notas o esquelas que llegaron a las casas de las ministras de corte.
El diputado del Partido Colroado, Felipe Schipani, también recibió amenazas. En su caso, estas se presentaron luego de que realizara un pedido de informes por la actuación de Recarey.
La Fiscalía designó a Diego Pérez para que llevara adelante las investigaciones. Las actuaciones del funcionario del Ministerio Público le permitieron acceder a “decenas” de órdenes de allanamientos que se efectuaron en el departamento de Paysandú.
Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron a Diario La R que durante los procedimientos los agentes incautaron múltiples celulares. Las autoridades someten los teléfonos a pericias.
Además, la Fiscalía citó a 14 personas para que rindieran declaración, cosa que ya se efectuó en algunos casos. No obstante, desde el ente aclararon que estas personas no acudieron en calidad de detenidos.
