Fiscalía de Corte reclamó equiparación salarial

Gómez aclaró que también “se planteó la necesidad de que los funcionarios administrativos y técnicos de la Fiscalía General de la Nación en algún momento sean equiparados sus salarios con el 26.3%, producto de una ley del año 2010.

Una delegación de la Fiscalía General de la Nación compareció ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, a los efectos de presentar sus demandas para los próximos meses y para 2023, todo en el marco de la Rendición de Cuentas.

En esta instancia, este martes 13 se hizo presente Juan Gómez, fiscal subrogante de la Fiscalía, quien explicó en rueda de prensa ante los medios que uno de los planteos más importantes que se realizó es la equiparación salarial de fiscales adscriptos con fiscales adjuntos. “Buscando una solución intermedia en procura de que esto no se resuelva en juicios”, dijo.

El otro tema que se planteó fue la creación de una unidad para abordar la ciberdelincuencia. “Creemos que es algo muy importante para el país”, dijo Gómez, quien agregó que se trasladaron los reparos a dos artículos aprobados en la Cámara de Diputados.

Uno trata la subrogación del fiscal adjunto de Corte, que actualmente es el propio Juan Gómez, y el otro es la asignación aleatoria de casos a los fiscales. “La Fiscalía tiene al respecto una posición muy clara de la inconveniencia. No obstante, lo cual se harán los análisis para ver si hay algún camino intermedio que permita echar luz sobre esta preocupación que algunos de los senadores tienen, y por otro lado, buscar caminos de entendimiento”.

Gómez aclaró que también “se planteó la necesidad de que los funcionarios administrativos y técnicos de la Fiscalía General de la Nación en algún momento sean equiparados sus salarios con el 26.3%, producto de una ley del año 2010. Ese es un planteo que lo hicimos, no lo habíamos efectuado anteriormente pero entendemos que es necesario en defensa del funcionariado, que el poder político empiece a buscar una solución a esa inequidad que supone cobrar diferente por la misma función, más cuando un artículo puede servir de espejo, y que puede servir para el Poder Judicial”.

En materia de recursos, el fiscal de Corte expresó que se mantuvieron todos los que se obtuvieron en la Cámara de Diputados, y también negociados con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Esperamos tener los recursos para la equiparación, que se logre obtener recursos para lo que entendemos necesario para el buen funcionamiento de la Fiscalía, en eso la Unidad de Ciberdelito, hay convenios que deben ser ratificados por el país, hay eventuales asistencias a funcionarios dedicados a ese tipo de combate de delitos de ciberdelincuencia, que dependen de la unidad europea, consideramos realmente imprescindible que se apruebe la unidad”.

“A veces lo idea es enemigo de lo bueno. Lo que tenemos es la creación inmediata de la Fiscalía de activos, y de una Fiscalía de estupefacientes y de tres fiscalías de violencia de género y de abuso sexual para el interior del país –San Carlos, Rivera y Salto-, y la creación de dos fiscalías para aquellas ciudades (12 actualmente) que tienen turnos únicos. Dos de ellas quedarán con dos fiscales, y evitamos estar permanentemente de turno”, explicó Gómez.

Acerca de la equiparación salarial, dijo Gómez que “vio buena disposición en los senadores, y creo que sería una respuesta que consideraría de alguna forma el esfuerzo que hacen todos los fiscales para mantener los servicios, que si no fuera por la dedicación de ellos, y de los funcionarios administrativos y técnicos. Siempre voy a repetir hasta el cansancio. La mayoría de la población no tiene ni idea de cuantos son los recursos humanos de la Fiscalía General de la Nación”

“Y creen que somos muchos más de los que somos. En este momento somos 686 personas, y muchas de ellas están certificadas por enfermedad, maternidad y otros motivos. El número de personas es menor, dedicadas entre otras cosas a investigar, perseguir a los delincuentes a través de los juicios, formalizaciones, audiencias, juicios abreviados, protección de víctimas y testigos, atención de los procesos aduaneros y algunas cuestiones en materia civil y derechos difusos. Una larga lista de obligaciones a cumplir pero con escasos recursos. Uno no pierde las esperanzas de que todo esto sea visualizado por el sistema político, y con el tiempo ir logrando respuestas más satisfactorias en cuanto a los recursos”, concluyó Gómez. 

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