Durante la sesión del 25 de julio de la Comisión Especial de la Asamblea General del Poder Legislativo para asesorar sobre la designación del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, parlamentarios de la coalición fustigaron a un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, polemizando con la oposición.
Dentro del grupo parlamentario. el diputado herrerista Rodrigo Goñi expresó: “Quiero dejar constancia de nuestro rechazo a lo que entendemos es una intromisión, una injerencia indebida del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, con precisiones vertidas o contenidas en un informe reciente, del 14 de julio”.
“En alguno de sus párrafos”, agregó Goñi, el informe expresa que: “el Grupo de Trabajo toma nota del actual proceso de renovación del Consejo Directivo de la Inddhh previsto para el próximo mes de agosto (…).
Y añadió: “El Grupo de Trabajo quisiera hacer un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte la independencia de la Institución, ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas”.
Frente a este comentario Goñi dijo que “el informe sigue, pero hay un punto que nos preocupa especialmente y está relacionado con la advertencia sobre posible “intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo»”.
“Nos parecen expresiones graves, impertinentes y que no corresponden”, sentenció Goñi. “Esta comisión ha sido elegida por la Asamblea General, designada para llevar a cabo un procedimiento previo o preliminar y transparente –como lo hemos hecho–, con las únicas restricciones y orientación que la ley nos mandata. Creo que no debemos permitir y que tenemos que rechazar todo intento de condicionar o cuestionar esa elección, que es competencia exclusiva y soberana de la Asamblea General”, afirmó el nacionalista..
Violación de soberanía
El senador cabildante Guillermo Domenech compartió la opinión de Goñi:”Creemos que esto es aún más grave: es una clara violación a la soberanía nacional”.
“Nosotros, los legisladores –diputados y senadores–, somos los representantes del pueblo de la República Oriental del Uruguay y no hay nada por encima de nosotros salvo las normas constitucionales”, dijo..
“Lo que pasa es que se pretende imponer en el Uruguay una legislación internacional que, en nuestro país, tiene el valor y la jerarquía de la ley. No vamos a admitir que por encima de la Constitución nacional se ponga ningún principio de orden político y mucho menos que organismos internacionales pretendan dirigir los asuntos del Uruguay”. Domenech dijo que “esta es una clara injerencia de un grupo que ha violado la soberanía nacional y que le ha faltado el respeto a quienes somos los representantes del pueblo, electos –porque tenemos el privilegio de haberlo sido– en elecciones con voto universal y secreto”.
“Por lo tanto, adherimos al rechazo que nos ocasiona la injerencia de extranjeros que pretenden señalar normas de conducta a las autoridades del país, legítimamente constituidas”, aseveró Domenech.
El debate
Ante las expresiones de los parlamentarios de la coalición multicolor, la senadora Sandra Lazo (609) replicó: “Uruguay adhiere a convenios internacionales en materia de derechos humanos”.
“Entendemos que esta es una opinión que está emitiendo uno de los organismos o, mejor dicho, la parte que tiene que ver con los derechos humanos dentro de la Organización de las Naciones Unidas –que puede compartirse o no–, pero es solo eso: una opinión; no lo vemos como una injerencia”, opinó Lazo.
La diputada frenteampllista Veroníca Matto, sostuvo que “el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU fue invitado por el Estado uruguayo precisamente para desarrollar esa tarea, y se realizan reuniones con distintos actores vinculados con estos temas. Simplemente quería hacer ese comentario, de que es el Estado uruguayo el que los invita, por tanto, consideramos que no es una injerencia en este sentido”.
El representante del Partido Independiente, Iván Posada, respaldó a Goñi: “Entendemos que los comentarios que se realizan por parte de este grupo de trabajo claramente suponen, y de alguna manera lesionan, la actuación de esta comisión por cuanto está estableciendo juicios de valor con relación a cuestiones que, en realidad, esta comisión no va a decidir; es la Asamblea General la que va a tomar la decisión”.
La senadora herrerista Gloria Rodríguez aceptó que el país adhirió a tratados internacionales e invitó al grupo de trabajo, pero acotó que le preocupaba los conceptos del informe.
A través de una aplicación, la senadora Silvia Nane (La Amplia), manifestó su punto de vista: “Esas convenciones de las cuales Uruguay es Estado parte son para respetarlas porque son parte de nuestra legislación; el debate a ese respecto no se da dentro del Parlamento porque sería un desconocimiento a la autoridad de las convenciones internacionales”. Acotó que “si algún señor legislador, que lo hace en forma manifiesta y cada vez que puede, sigue atacando las convenciones internacionales que el país suscribe, sobre todo en materia de derechos humanos, quiero decir que no habla por el Parlamento uruguayo, sino que habla a nivel personal y debería hacerlo en otro ámbito y no desde su investidura como representante”.
“Este cuestionamiento me parece que no nos hace bien y que no deja bien parado a nuestro país” evaluó Nane, quien agregó “ no es la primera vez que le escucho al señor senador Domenech desmerecer las convenciones internacionales; dejar explícita constancia de ello me parece que atenta contra la posición de Uruguay en el concierto internacional de los derechos humanos y, además, nos afecta a todos”.
