Intersocial feminista califica de “privatizadora, clasista, regresiva y reduccionista” la reforma jubilatoria del gobierno

En una declaración emitida este lunes, la Intersocial Feminista también se refiere a los casos de "corrupción mafiosa"

Este lunes la Intersocial Feminista emitió una declaración pública con respecto a la propuesta de reforma jubilatoria impulsada por el gobierno así como por la “crisis por corrupción”.

El documento inicia con la afirmación de que a casi tres años de gobierno “siguen sin vislumbrarse en la agenda nacional” las “soluciones a los problemas más acuciantes e importantes para la vida digna y los derechos humanos de las grandes mayorías” y señalan la existencia de una “agenda de derechos postergados” producto de “la política económica del gobierno y el patrón de acumulación capitalista”.

Luego, el documento hace referencia al proyecto de reforma jubilatoria, la cual calificaron de “privatizadora, clasista, regresiva y reduccionista”. En este sentido, aseguran que es “privatizadora” puesto que “universaliza la financiación obligatoria a las AFAP. De esta forma, los grandes beneficiarios de esta ampliación de la base de recaudación serán los bancos propietarios de las AFAP, que se quedan con las altísimas comisiones que cobran por la gestión de los aportes de las trabajadoras y los trabajadores”. “Las AFAP son una estafa al pueblo y deben eliminarse del sistema previsional del país”, añaden.

Asimismo, aseguran que es “clasista” por qué profundiza “la desigualdad preexistente entre capital y trabajo”. Para la Intersocial Feminista este proyecto se sustenta “en un principio general que golpea todos los intereses populares: trabajar más para ganar menos”. Además, aseveran que el proyecto “consagra y perpetúa la inequidad de aporte entre empresas y trabajadores y se mantienen los enormes beneficios que recibe el gran capital”.

Recorte de derechos

El documento sostiene que es un proyecto “regresivo” puesto que “recorta derechos y empobrece la calidad de vida del trabajador”. En esa línea, aseguran que los cambios introducidos “son más agresivos con las mujeres, particularmente en el retroceso de derechos asociados a pensiones y protección social.

Para cerrar el punto, consideran que la reforma es “reduccionista y parcial” porque “solo se focaliza en las jubilaciones y las pensiones, dejando sin solución las necesidades que tiene el país en materia de protección social a las infancias, las personas en situación de discapacidad y el esquema de ayudas especiales que se presta desde el BPS para las personas que por diferentes causas están en situación de mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo el gobierno prórroga el déficit millonario de la caja militar, producto de los grandes prebendas que reciben las más altas jerarquías de las fuerzas armadas”.

Para la Intersocial esta “reforma es antipopular, injusta y socialmente ineficiente. Llamamos al conjunto del pueblo a rechazar totalmente este proyecto regresivo y a sumar fuerzas con el objetivo de la no aprobación de esta reforma”.

“Corrupción mafiosa”

La declaración también hace referencia a hechos polémicos que tienen lugar en los últimos días, como la investigación de Alejandro Astesiano, ex Custodia presidencial a quien imputaron por integrar una banda dedicada a la falsificación de pasaportes.

Al respecto, la Intersocial Feminista expresó que el gobierno “se hunde, por propias decisiones, en una maraña de hechos de corrupción mafiosa incrustada en las mas altas esferas del poder político y policial”.

“El llamado caso “Astesiano”, aún con lo poco que se sabe, pone al descubierto el uso del poder del Estado al servicio de intereses privados y mafiosos, que producen efectos reales y concretos de retroceso en las garantías individuales de las personas”, añadie.

Además, criticaron “el mantenimiento en el cargo de las altas jerarquías policiales sospechadas de mantener vínculos de connivencia con Astesiano y el privilegio dado al presidente para excluir de la investigación sus chat con su jefe de seguridad”.

Estos casos, “sumados a otros hechos bochornosos, como el caso Marset y la entrega de pasaportes falsos, son elementos que agravan la situación de opacidad en la que está el gobierno y que someten al país en su conjunto a la vergüenza internacional”.

“Como organizaciones sociales respaldamos al periodismo que antepone el derecho a la información de la gente a la complicidad del silencio con el poder y llamamos a todos los medios de prensa a jugar su rol crítico y poner esta caso en el lugar de preponderancia que verdaderamente tiene”, sostiene la organización.

“Reclamamos al todo el sistema institucional que actué con la mayor severidad y transparencia que las circunstancias reclaman, caiga quien caiga y duela a quien le duela”, concluye.

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