El asesinato de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanel, fue un crimen brutal y estremecedor. Tan estremecedor como el hecho de que a 48 años del mismo debamos seguir reclamando justicia, sin que la causa judicial avance. Estos cinco uruguayos, luchadores sociales y políticos, estos compañeros, junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían al exiliarse, luego de instaurada la dictadura en Uruguay.
Ocurrió en los primeros días del mes de noviembre de 1974. Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay, salvajemente torturados durante varios días, en la Casa de Punta Gorda, y, finalmente, ametrallados precisamente en este lugar. El testimonio de Julio Abreu, ha sido de vital importancia para conocer parte de lo ocurrido. La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable, al igual que la discusión del tema en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral ® Gregorio Alvarez.
El asesinato fue un supuesto acto de represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal en París.
Los familiares y amigos han sido decisivos
Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades para investigar en nuestro país: el Poder Judicial. Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar, aunque la Ley de Caducidad ya no sea un impedimento legal, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca interrogados al respecto. La investigación criminalística que solo el Poder Judicial puede llevar a cabo, con todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda, es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
La Sentencia Maidanik y otros: crímenes de Lesa Humanidad
El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo, fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia debe aceptar que desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos son “crímenes de Lesa Humanidad” tal como se lo reclama la Sentencia Diana Maidanik y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del año pasado. Debe generar, además, las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de nuestro país.
Que los juicios realmente sean orales y públicos
La Suprema Corte de Justicia debe, además, asegurar que los juicios del pasado reciente sean orales y públicos cuando correspondan, brindar las adecuadas condiciones locativas, puedan ser trasmitidos en línea y en directo para que toda la ciudadanía tome conocimiento directo de los testimonios de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos y enfrentar todos los intentos por cambiar la Memoria de lo ocurrido, el relato histórico interesado en relativizar la responsabilidad de quienes promovieron y llevaron a cabo el proceso del terrorismo de Estado.
El terrorismo de Estado: la respuesta de los grupos de poder
No fueron las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, las que abrieron las puertas a los militares, las causantes de la dictadura y del terrorismo de Estado.
La dictadura fue la respuesta de los grupos de poder dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. El 13 de junio de 1968 es una fecha histórica que marca un antes y un después en la vida de Uruguay. La dictadura fue un proyecto global e integral de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur impulsado desde EEUU. Es la realidad de los hechos, es la verdad histórica que ninguna Minuta de aspiración puede modificar. Como siempre, rendimos homenaje a los Fusilados de Soca, reivindicamos su compromiso con la vida y el país, rescatamos su legado y lo seguiremos haciendo reclamando Verdad y Justicia.
En alto las banderas de lucha:
Vivan las y los Fusilados de Soca.
