Kechichian realiza varias preguntas con respecto al caso de Marset

La senadora Liliam Kechichian, coordinadora de la bancada del Frente Amplio y exministra de Turismo sostiene que hay muchas interrogantes en el caso Sebastián Marset, las cuales quedaron después de la interpelación a los ministros Heber y Bustillo.

Entreviostada por el programa «Desayunos Informales» (canal 12) dijo que entre las dudas que se intentan zanjar, mediante un pedido de acceso a información pública, es porque en dos ocasiones se reunieron los subsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Relaciones exteriores), tras un llamado que recibió el primero, de la unidad de drogas. «No nos quedó claro el tenor de esa conversación» aseveró.

En referencia a la reunión de Ache con el abogado de Marset (Alejandro Balbi) desea saber si el poder para actuar en nombre del detenido, se hizo frente a la Consul en Dubái, como debería ser de estilo.

También Kechichian se pregunta que pasó con la valija diplomática que debía llevar el pasaporte. «Las respuestas que nos dieron son muy vagas y no nos quedaron claras» dijo la legisladora.

También cuestiona cómo presentó el pedido Marset del pasaporte, ya que dice que estaba alojado en el hotel Palm Beach, y no en la cárcel, donde sí estaba.Para Kechichian «se debería haber puesto la cárcel de dirección. Si él estaba detenido, lo que se tenía que poner era dónde estaba detenido». También recordó que en el 2019, Marset desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) había pedio un pasaporte y se le había negado. Para la legisladora «el gobierno tuvo mucha desidia, una atroz falta de coordinación entre los ministerios, ausencia de Inteligencia, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, solo al Presidente. Si hay otros delitos, el parlamento no está encargado de decidir eso». «Uruguay tiene un sistema político con muchas fortalezas, por su historia, por el devenir democrático» pero «hay que empezar a tomar medidas mirando lo que pasa en el mundo».

Por esta el FA va a impulsar nuevamente la ley de financiamiento de los partidos políticos. También la ley de enriquecimiento ilícito y cambios en la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), otorgandole mayores recursos.

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