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La “comunión” entre el Poder Ejecutivo y los empresarios, según el PIT-CNT

La negociación salarial en la novena ronda de salarios está signada por una oposición de criterios entre el movimiento sindical y el Poder Ejecutivo, que hace unos siete días remitió una propuesta basada en las convenciones salariales.

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Así lo expresó en diálogo con LA REPÚBLICA el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien sostuvo que entre los lineamientos del Poder Ejecutivo y los empresarios hay una “comunión”, y una separación grande de los criterios manejados por la central. 

“Tanto los patrones como el gobierno establecen una antinomia, una oposición entre el salario y el trabajo. En la vida de ningún trabajador se ha demostrado esta tesis, el movimiento obrero si tiene un mayor poder adquisitivo o un mayor nivel de compra con su salario ayuda a el aumento de la demanda”, resaltó Abdala. 

Mientras la propuesta para la próxima ronda del Consejo de Salarios del Poder Ejecutivo segmenta la discusión entre los sectores menos afectados de la pandemia para un acuerdo con una duración de dos años, el incremento salarial establecido fue de un 1.6 por ciento. “La caída de salario real, o sea, de la capacidad de compra con el salario por el ajuste con el IVA, fue en este último tiempo de un 4.3 por ciento”, estimó el secretario general de la central. 

“Desde nuestra perspectiva, no es malo que se aumente el salario porque eso aumenta la demanda interna que se vuelca a otros sectores. La mercancía que se produce también depende de la demanda y de la capacidad de compra de los obreros. Hay dos concepciones importantes en la postura sindical: la generación de empleo de calidad y la pauta salarial”, indicó Abdala. 

Desde un punto de vista laboral, el secretario del PIT-CNT indicó que desde el paro general de 24 horas, que tuvo lugar el pasado 17 de junio, las propuestas para la generación de empleo por parte de la central fueron adelantar la inversión pública, vincular la inversión a la vivienda, generar un sistema de compras públicas con proveedores nacionales, entre otras. 

“Estos planteos no aparecieron en la propuesta del Poder Ejecutivo. Para desarrollar mejores niveles de empleo se necesitan propuestas que conceptúan el trabajo de calidad. Con los sectores más golpeados por la pandemia, sólo se propuso la exoneración de aportes patronales”, ejemplificó Abdala. 

Según se explicita en el sitio oficial de Presidencia, los sectores más afectados por la pandemia entrarán en un nuevo período puente para que la recuperación tenga lugar en la próxima ronda de salario. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo en rueda de prensa que se prevé un aumento nominal del 3 por ciento en enero. 

“Estamos hablando de trabajadores que han sido golpeados por la pandemia. La exoneración de aportes patronales no es una medida resolutiva. Los sectores vinculados a la cultura, al deporte o al turismo no tendrán actividad hasta enero”, puntualizó Abdala. 

Desde un punto de vista salarial, la contraposición entre la generación de empleo y el aumento salarial impide una promulgación de empleo de calidad, según el secretario general del PIT-CNT, . 

“El planteo del Poder Ejecutivo no prevé un aumento en la capacidad de compra de los trabajadores, ellos ubican un aumento el establecimiento de un ajuste según la inflación. Esta estimación es tan baja, que no se garantiza que el deterioro del poder de compra de los trabajadores no continúe”, observó Abdala. 

En este sentido, los “correctivos” que puedan llegar a establecer a partir de acuerdos o votaciones tienen la duración de dos años. Lo que hace a la variación de la inflación un elemento inestable tanto para el mantenimiento del salario como para la recuperación del salario real. 

A comienzos de julio, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Alfredo Antía, expresó en diálogo con Subrayado que en el sector privado existe la intención de contratar al personal por debajo de las categorías actuales, ya que son “impedimentos para la contratación”. 

Para Abdala, este planteo por parte del CIU no solo es inaplicable sino ilegal. Los Consejos de Salarios establecen un salario mínimo por categoría, aumentos salariales y condiciones básicas para llevar a cabo la actividad. Por esta vía, se descartan los ajustes salariales por la inflación. 

“El presidente de la Cámara de Industria plantea algo ilegal cuando requiere establecer acuerdos por debajo del laudo. Es una perspectiva muy baja, está en el quinto subsuelo de los derechos laborales. Por consiguiente, el criterio elaborado por el Poder Ejecutivo no es un guiño a los empresarios, es una terrible comunión con ellos. Pese a que los criterios se podrían colocar en el primer subsuelo”, explicó el secretario general. 

Una de las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo que avalan la perspectiva empresarial, según indicó Abdala, es la división de los Consejos Salariales entre pequeñas y medianas empresas. Este criterio en la discusión es una de las “quejas del sector empresarial” que fueron aplicadas durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti (1985-1990).

“En realidad, esto no tiene que ver con la queja empresarial sino en la política pública que establece el Poder Ejecutivo. El criterio del Estado es muy importante en las negociaciones, pero vulnera mucho el posicionamiento y funcionamiento de las reuniones tripartitas”, subrayó Abdala.

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