La Fiscalía de Brasil investiga a Bolsonaro por presunta corrupción en la compra de vacunas contra la covid-19

Dos funcionarios han denunciado ante el Senado un supuesto intento de soborno a un laboratorio y presiones a favor de una empresa india

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil (Fiscalía) anunció este viernes al Supremo Tribunal Federal que investiga al presidente, Jair Bolsonaro, por presunta prevaricación en la compra de la vacuna india Covaxin. La semana pasada, el diputado Luis Miranda afirmó ante la comisión de investigación sobre la pandemia en el Senado que Bolsonaro fue informado de las irregularidades en el contrato para la adquisición del medicamento, que ha quedado suspendido tras las denuncias. La investigación tratará de aclarar ahora si el presidente sabía de las irregularidades y no actuó, cometiendo así el delito de prevaricación, que castiga al funcionario público acusado de “retardar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o practicarlo en contra de una disposición expresa de la ley para satisfacer un interés personal o un sentimiento personal”.

Según el diputado Miranda, él y su hermano, el funcionario del Ministerio de Salud Luis Ricardo Miranda, informaron personalmente a Bolsonaro en marzo sobre irregularidades en el contrato de compra de la vacuna india. Luis Ricardo Miranda aseguró que sufrió “presiones” para cerrar el acuerdo con Precisa Medicines, la empresa que actuó como intermediaria entre Brasil y la India. Ambos comunicaron al mandatario que había un intento de desviar dinero en la operación. Según los hermanos, Bolsonaro llegó a decir que activaría a la Policía Federal para investigar el caso, pero su promesa nunca se cumplió.

En la solicitud de la PGR, firmada por el subprocurador general de la República, Humberto Jacques de Medeiros, se pide que “se aclare lo que se hizo después de la reunión en términos de adopción de medidas”. También se solicita información a la Contraloría General, al Tribunal de Cuentas de la Federación, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la comisión del Senado sobre posibles pruebas.

Bolsonaro se ha defendido de las acusaciones asegurando que no se ha desembolsado “ni un centavo” para la compra del inmunizador indio. Esta semana, el Ministerio de Salud y la Contraloría General anunciaron la suspensión del contrato de Precisa Medicamentos hasta que se investiguen los hechos.

El fiscal general, Augusto Aras, ha demostrado ser hasta ahora un defensor irreductible del presidente. En ocasiones anteriores lo ha defendido ante el Supremo de todas las solicitudes que parten de su oficina. En la lista figuran el derecho del mandatario a no usar mascarillas hasta un escándalo con cheques sospechosos de un antiguo empleado del presidente. La relación entre Aras y Bolsonaro es cercana. El presidente ha dicho que lo quiere como candidato al Supremo Tribunal. El 12 de julio se jubila el magistrado Marco Aurelio de Mello.

Por otra parte, el ministerio público ha presentado una demanda contra el exministro de Salud Eduardo Pazuello, a quien se exige que responda por daño al patrimonio público y violación de los principios de la Administración en la gestión de la pandemia. Según un informe publicado por el portal UOL, la demanda, que se está tramitando en secreto por contener documentos protegidos, estima un perjuicio para el Estado de casi 122 millones de reales (cerca de 24 millones de dólares) por negligencias en la negociación de contratos de vacunas. El MPF pide el reembolso total de los daños, más el pago de una multa de hasta el doble del importe presuntamente perdido.

Además, la Fiscalía pide que Pazuello pierda los cargos públicos, los derechos políticos durante ocho años y que se le prohíba cerrar contratos con el Estado. Aunque dejó el mando del Ministerio de Sanidad, Pazuello ocupa un cargo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la presidencia.

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