De las más importantes derivaciones de la ratificación a través del Referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) destaca el inicio de un nuevo camino en la formación docente en el país.
No centralmente de toda la formación docente sino de parte de la del sector público y especialmente aquella que refiere a la formación de los docentes para la enseñanza en los niveles de educación primaria y media en el sector público. Aunque la LUC incluso introdujo cambios en la formación docente del sector privado agregando nuevas regulaciones a las actuales del Ministerio de Educación y Cultura y también impactará en la formación docente del propio nivel universitario a cargo de la UDELAR, pero se mantendrán los modelo de regulación diferentes entre los diversos sectores públicos y privados, y el centro del nuevo escenario estará en lo que actualmente es la formación docente a cargo del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP.
La formación docente en Uruguay a nivel del sector público está localizada en la educación superior, pero dentro de éste en el llamado nivel terciario y por ende no universitario. En el nomenclátor de la UNESCO (CINE) se define como una formación de nivel 5, que relativamente limita el reconocimiento de las certificaciones a efectos de la continuidad de los estudios de posgrado, aun cuando sólo fuera del país. Este nivel de la formación docente, ha conducido a una demanda social y de los propios docentes, a que dicha formación se focalice en el nivel universitario, lo cual se ha dado a través del establecimiento de criterios de la oferta académica dentro de la ANEP similares a los requisitos universitarios, tales como el nivel de formación de los formadores de docentes, la cantidad de años u horas de enseñanza, las estructuras curriculares, los requisitos de ingreso de los estudiantes y los perfiles y requisitos de competencias de egreso. Tales avances sin embargo, no alteraron la certificación ya que el organismo no estaba facultado en su marco normativo a otorgar títulos universitarios. Pero, incluso tampoco los criterios y protocolos universitarios han logrado cumplir los estándares pertinentes correlacionados con el nivel universitario. Tanto de las normativas internas de la UDELAR como de las normas del MEC para las instituciones privadas, o de los estándares internacionales de la formación docente universitaria.
La articulación entre el nivel 5 (terciario) y el nivel seis (universitario), o la transformación de un nivel en el otro de las instituciones, se ha constituido en una dinámica política en todos los sistemas de educación superior, desarrollándose una diversidad de experiencias de mecanismos institucionales y académicos para alcanzarlo. Una de sus expresiones ha sido la creación de universidades pedagógicas como tipología institucional. En Uruguay se trató de recorrer este camino en los últimos años, sin duda el más coherente a escala global, pero la creación legislativa de una universidad de educación se enfrentó a múltiples dificultades. Entre ellas destacan las debilidades de la figura institucional de universidades autónomas pedagógicas por su distanciamiento de los aparatos educativos públicos; la diferencia en el sistema político a la figura de una universidad autónoma, colegiada y cogobernada dado el rol de la propia UDELAR como un cuasi partido político asociado al Frente Amplio y sus problemas de calidad en su Facultad de Educación, así como también a los propios temores de los docentes a perder prerrogativas en el acceso a los puestos docentes al pasar a ser una institución externa y autónoma al sistema educativo, así como a los pagos del Fondo de Solidaridad Social o incluso de la Caja de Profesionales Universitarios para los docentes en régimen libre.
Hay una historia atrás que marca el actual camino. Por muchas décadas, desde el inicio de los años 50, el país mantuvo en la formación docente un conflicto ideológico – político y una experiencia de la formación docente pública, con la creación del Instituto de Profesores Artigas (IPA) por parte de Grompone y posteriormente en los 90 con la creación de los Centros Regionales de Profesores (CERP) de Rama, que marcaron el camino de una formación docente articulada al Ministerio de Educación –en su momento- y a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) posterior. Este camino dejó a la formación docente universitaria, a cargo de la Facultad de Humanidades y posteriormente de Humanidades y Educación de la UDELAR, como una formación marginal, marcada por un sesgo político e ideológico con escasa rigurosidad científica y con un enfoque teórico y academicista sin articulación a la práctica docente. Dicha separación no fue sólo institucional, académica y política, sino que también significó una reserva –tanto implícita como explícita- de ambos mercados de trabajo, sobre la base de la existencia de cuasi monopolios públicos de la formación y del ejercicio docente en el nivel 5 y en el nivel 6 en ambos instituciones.
Ante esta situación, la demanda de alcanzar mejores niveles de calidad ante el reconocimiento de la baja formación de los docentes, de la búsqueda de mejores opciones para sus trayectorias personales y las propia tendencias internacionales de la complejización de las competencias de los docentes en el siglo XXI, se ha impulsado con mayor atención la universitarización y sobre todo la posgraduarización de la formación en educación.
El nuevo camino y etapa que se está iniciando con nuevos criterios y normas derivadas de la LUC es nuevo paso histórico en la política pública de formación docente del país que es uno de los sectores más importantes de la educación superior. Es un sector de enorme importancia política y social por su escala y dimensión, por su enorme rol en el empleo público, por su constitución como un espacio del poder sindical, así como por su capacidad de movilización política y de impacto en la vida social. Igualmente, su rol destacado en el empleo femenino, su fuerte ideologización y politización y su capacidad de control de la educación – y los valores- de los jóvenes, conforman a este sector como uno de los más sensibles políticamente de la educación y del país.
En Uruguay, la polémica sobre la formación docente ha marcado la agenda política por años y está en el centro de la lucha política y de la creciente grieta.Es un debate que tiene muchas aristas previas. Puede ser analizado como una formación docente que complementa de la formación profesional o con una centralidad dada por la formación pedagógica más allá de los conocimientos disciplinarios específicos. Otros miran si debe ser de nivel terciario, universitario o de posgrado, o si se puede admitir la sola experiencia como posible acceso a los cargos docente. Incluso se debate si deben existir sistemas de formación internos o es mejor una formación externa por instituciones especializadas universitarias. También se debate que la formación deba ser en el marco del ejercicio docente frente a una que requiera una formación previa obligatoria. También se ha discutido si la institución formadora debe ser monopólica o en un entorno de formación competitiva, tanto público como privado, para tener las mejores selecciones. Finalmente se ha planteado como discusión si debe ser un modelo de gestión autónomo y cogestionado o un modelo de gestión adscrito y articulado a los centros de enseñanza o como diversidad de ofertas. También está en debate si el acceso al mercado de trabajo público debe ser automático o si debe haber una evaluación previa para el ejercicio docente profesional. Todas ellas son apenas algunas de las diversas dicotomías y discusiones sobre las cuales ha girado la política pública en estas décadas. Hoy se inician nuevos caminos que marcaran los debates del quinquenio y las políticas en este sector de la educación superior. Pero el camino inició.
