La Policía brasileña realiza más de 560 operaciones para dificultar el voto en zonas pro Lula

La Policía Federal de Tráfico de Brasil (PRF, por sus siglas en portugués) ha realizado al menos 560 intervenciones de fiscalización de vehículos que realizaban transporte público para electores este domingo, cuando se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en zonas consideradas favorables al candidato de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

La PRF habría así incumplido una orden expresa del Tribunal Superior Electoral (TSE), según los datos de control interno de la propia PRF citados por ‘Folha de Sao Paulo’.

El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, prohibió el sábado expresamente que la PRF realizara cualquier operación relacionada con el transporte público de electores para no entorpecer la votación.

Mientras se realizaban estas operaciones, desarrolladas principalmente en el noreste del país y denunciadas por los propios electores en redes sociales, Moraes ha instado al director de la PRF, Silvinei Vasquez, a interrumpir de inmediato las labores de fiscalización bajo la amenaza de multa de 100.000 reales por hora (unos 18.900 euros), suspensión de funciones y arresto.

El propio Vasques publicó en la noche del sábado en Instagram un post en apoyo a Bolsonaro que borró posteriormente. «Vote 22. Bolsonaro presidente», rezaba el texto.

Según el recuento de Globo TV, hasta 272 de las primeras 549 operaciones (49,5 por ciento) corresponden al noreste del país, considerado un bastión de Lula. 59 fueron en el norte (10,7 por ciento), 48 en el sureste (8,4 por ciento) y 48 en el sur (8,74 por ciento).

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, ha manifestado al Supremo Tribunal Federal su «perplejidad» por las informaciones sobre la actuación de la PRF para «utilizar la máquina estatal para causar perjuicios al proceso electoral».

También la coalición Brasil de la Esperanza que representa a Lula ha respondido a la polémica y ha pedido la detención de Vasques y de los superintendentes regionales que no estén cumpliendo con la orden del Tribunal Superior Electoral.

Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Lula, Gleisi Hoffmann, ha instado a los cargos políticos del PT a presentarse en sede oficial para pedir orden de prisión contra quienes incumplan el mandato judicial.

También los observadores electorales nacionales e internacionales han manifestado «gran preocupación» por las denuncias sobre la intervención de la PRF, según fuentes bajo condición de anonimato citadas por ‘Folha’.

El Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y Transparencia Electoral Brasil participan en este proceso con misiones de observación electoral, pero por la propia naturaleza de la misión no pueden pronunciarse hasta el cierre de urnas.

Un responsable del Centro Carter ha advertido de que son «prácticas que suponen un cambio en las reglas y operaciones en medio de un proceso de votación». «Están totalmente fuera de los estándares internacionales de transparencia electoral», ha indicado, citado por ‘Folha’.

La coordinadora general de Transparencia Electoral Brasil ha manifestado por su parte su preocupación por las informaciones difundidas y ha indicado que está revisando cuidadosamente lo ocurrido.

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