Los funcionarios de OSE dicen que el proyecto Neptuno, «no va a funcionar”

El secretario de Aguas de FFOSE, Marcos Miguez, sostuvo que se trata de "una iniciativa inconstitucional e inconveniente para el país"

Durante esta semana el ministro de Ambiente, Adrián Peña, compareció ante el Parlamento junto con autoridades de la cartera y de la empresa estatal OSE para presentar los avances acerca del proyecto Neptuno.

Esta iniciativa privada propone la construcción de una planta potabilizadora de agua sobre el río de La Plata en aguas de la zona de Arazatí, en el departamento de San José. Con esta edificación el gobierno piensa resolver el problema a abastecimiento hídrico que se plantea que existirá en Uruguay (especialmente en la zona metropolitana) para el 2045.

Sin embargo, la propuesta de las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast no se escapa de las críticas de académicos y científicos. Incluso miembros de la coalición de gobierno no se muestran convencidos con la misma. Por ejemplo, el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) dijo que, si bien su partido no tenía “posición” al respecto, les hay “preguntas de examen pro hacer”. Asimismo, dijo que quienes llevan la propuesta parecen “superhéroes de una serie de Netflix” al utilizar una fuente de agua “infinita”.

En sentido con lo anterior, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) es una de las facciones más resistidas al proyecto y, en conversación con Diario La R, el secretario de Aguas del gremio, Marcos Miguez, relató los principales puntos por los cuales se oponen.

Inconstitucionalidad

Para comenzar, el sindicalista apuntó a que la forma en la que se impulsa la iniciativa no es la correcta y es inconstitucional.

“Si bien reconocemos que es necesario por el problema de faltante de agua que tendremos en 2045, tenemos que trabajar el asunto de una manera distinta”, dijo.

Migues explicó que hasta ahora no se cumplió con los parámetros de la ley 18.610 que regula la materia. “Esta ley aprobada constitucionalmente establece que todos los proyectos relacionados con agua (planificación, ejecución y seguimiento) deben contar con la consulta ciudadana, eso no se cumple hoy por hoy”, sostuvo.

Ante los dichos del ministro Peña sobre que sí existe una discusión, el secretario de Aguas explicó que aunque hay “un ámbito de discusión ciudadana con las Comsiones de Cuenca y los Consejos Regionales Hídricos, cada vez que nos reunimos él dijo que aún no hay proyecto definido y por lo tanto no puede dar información”.

“Toda la documentación que recibimos lo hicimos por fuera de todos los ámbitos de encuentro, nunca ocurrió durante lo mismo. No nos presentaron estudios de factibilidad, ni de impacto ambiental; todos los estudios que el ministro presentó en la Asamblea nosotros no lo recibimos de parte de ellos”, aseveró.

Por otro lado, Miguez aseguró que “La ley 17.555 de iniciativa privada no aplica para el tema de agua, porque es una ley de 2002, previa a la reforma de la Constitución (2004) cuando se dejó claro que en esta materia no tiene lugar la iniciativa privada”.

Sobrecosto y negativa del gobierno a la deuda pública

A su vez, el representante de FFOSE aseguró que el actual es un proyecto “mercantilizador y privatizador” que otorga a la empresa privada hasta 30 años de contrato relacionado con el servicio de agua.

“La Constitución establece que el abastecimiento de agua potable y saneamiento deber ser garantizada por el Estado, en todo su proceso. Con este proyecto al consorcio privado se entregan 28 años de mantenimiento. Esto es privatizador y mercantilizador porque ellos vienen a hacer un negocio con el agua y luego se da todo el mantenimiento a ellos durante esa época”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que en caso de llevarse adelante la obra, por lo menos debería hacerse de la manera “menos mala” y esta sería con el gasto desde el gobierno, no desde el ámbito privado.

“La obra, que implica la toma de agua bruta, la planta potabilizadora y la línea de abducción sale alrededor de los 258 millones de dólares. Ellos lo quieren financiar de manera que el consorcio privado tome esa deuda, pague y haga toda la infraestructura y que después le paguemos (los uruguayos) la obra con un contrato a 30 años: dos de construcción y por otro lado 28 años donde entran el alquiler de la planta y el mantenimiento. Con un canon fijo de 40 millones de dólares, eso es un punto del que también hablamos, por el sobre costo”, afirmó.

“Siempre les dijimos que, en caso de que saliera este proyecto, que por lo menos fuese lo menos malo para los uruguayos. Es decir, que sea el gobierno que tome la deuda pública, eso sería lo menos malo. Sin embargo, nos reunimos con el presidente Lacalle y con el ministro Peña y ellos nos hicieron saber que no quieren tomar deuda pública. Es verdad que este gobierno quiere hacer la mayor inversión en agua potable en los últimos 150 años, pero no quiere hacerlo con deuda pública. Quieren entregar una obra muy grande sin poner el dinero, aún cuando OSE tiene la las líneas de crédito aprobadas para tomar esa deuda”, añadió.

“Lo que todos nos da a pensar es que buscan este mecanismo de financiamiento para beneficiar a estas empresas de construcción”, sentenció.

El proyecto “encajonado” en Casupá

Miguez también dijo que esta obra se prioriza por encima de la de Casupá, un proyecto en el que se trabaja desde hace unos 10 años, según explicó, el cual estaba muy avanzado.

“Ese proyecto lo trató el gobierno anterior desde hacía más de 10 años, estaban las líneas de crédito y ya hay campos expropiados para llevarlo a cabo. Cuando Tabaré Vázquez entregó el gobierno a Lacalle y le dio el proyecto en la mano y le dijo que siguiera con él adelante como algo de interés estatal. Pero el gobierno encajonó esa propuesta y meter el Proyecto Neptuno”, dijo el miembro de FFOSE.

“Le restaron importancia al otro proyecto que, si bien el sindicato no tampoco se aferraba a él porque tampoco pasó por los ámbitos de discusión, estaba mucho más avanzado”, añadió.

Sobre los dichos de Peña acerca de la inviabilidad de sacar más agua del río Santa Lucía por su capacidad de agua y su contaminación, Miguez respondió que «esto no es cierto».

“Dice que va a colapsar, pero esto es mentir. Desde la Facultad de Ciencia nos han indicado que no es así. Nos hicieron saber que si bien la actualidad de Santa Lucía es crítica, se está a tiempo de revertir la situación, podemos seguir sacándole agua con mayores mecanismos de cuidado, sostuvo

“Son dos excusas falsas en su totalidad. Le sacamos muy poca agua al río para el consumo humano, queda caudal para sacarle”, añadió.

Sobre la contaminación, el sindicalista dijo mucha de esta viene “de la mano de la ley de riego”. “Hay muchos embalses, unos 500, que no tienen mucho control. Eso facilita la floración de cianobacterias. Sin embargo, aún tenemos agua en cantidad y calidad, aún hay tiempo de revertir la situación”, agregó.

Inversión a corto plazo, planificación al largo

Por último, el representante de FFOSE explicó que desde el gremio creen que la solución a corto plazo es mejorar lo existente, mientras que a largo plazo hace falta llegar a un consenso sobre lo más conveniente.

“Hoy OSE pierde el 50% del agua, la mitad del agua que se potabiliza se va en pérdidas. Desde el sindicato decimos que hay que invertir, porque el agua se desperdicia por pérdidas de la infraestructura, por falta de personal y de materiales para hacer las reparaciones, entre otras cosas”, indicó.

Asimismo, dijo que es inviable pensar en instaurar una nueva edificación sin personal que la opere. “Vamos a poner una planta nueva pero ¿Quién la va a manejar? Porque con el recorte que tenemos no podemos incluir más personal. Lo realmente principal es invertir en cañerías y personal”, dijo.

“El problema de agua será para 2045. Si bien los años pasan muy rápido, tenemos tiempo para sentarnos a hablar, el sindicato siempre quiere dialogar y aportar. No es poner palos en la rueda, hay estudios que dejan claro que esta planta no va a funcionar, lo que queremos es que se pare y se cumplan con los marcos de la Constitución”, sentenció.

Los problemas del Río de la Plata

Marcos Miguez también se refirió a los problemas propios que tendría una planta en Arazatí y advirtió que la misma podría no ser útil ni resolver el problema.

“Buscar agua en el río de la Plata, es mucho más problemático. No solo se trata de la sanilidad, también de control esas aguas, que las manejan cinco países. Hay contaminación que baja desde Brasil y Paraguay, además, desde Buenos Aires se saca un colector que saca todas las aguas residuales hacia el río de la Plata, esto va a generar una floración de cianobacterias por la acumulación de nutrientes”, aseguró.

“El primer inconveniente que habrá es el de la salinidad. Sin tomar en cuenta el cambio climático, hay estudios que dicen que por hasta 90 días al año habrá eventos de alta salinidad que impedirán la potabilización del agua. Durante esos días altos, OSE no podrá potabilizar agua”, alertó.

“Pero además, hay informes acerca de que, con el cambio climático, el fenómeno de la Niña y el Niño, al predominar los vientos del este el agua oceánica llegaría y elevaría mucho más la cifra de esos 90 días”, agregó.

“Cuando haya eventos de alta salinidad toda la obra y sobrecosto que hacemos será para nada porque las localidades de San José y Montevideo al oeste no se podrá abastecer. Pueden ser tres meses, o pueden ser más o ser menos, es difícil de controlar. Podés medir la salinidad, pero una vez que te viene hay que apagar la planta porque se pueden romper los filtros, bombas y cañería. Durante muchos meses esta planta elevaría agua con niveles altos de sal, para evitar apagar la misma. Saldría agua con niveles de sal que no salen ahora”, concluyó al respecto.

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