Ministerio de Ambiente y OSE defendieron el proyecto Neptuno; el FA tiene más dudas

Convocado por el Frente Amplio, el ministro Adrián Peña dijo que el proyecto no está cerrado y que debe ser aprobado aún por el Directorio de OSE; sostuvo que aún hay aspectos que se están por definir y ello incide en el costo de la obra; hubo reparos desde el FA por algunos aspectos técnicos del proyecto, como los niveles de salinidad del agua que sea potabilizada y distribuida a la población.

El ministro y subsecretario de Ambiente, Adrián Peña y Gerardo Amarilla, e integrantes del Directorio de OSE, defendieron en el Parlamento al denominado «proyecto Neptuno», que consiste en la instalación de una planta potabilizadora en Arazatí para atender la demanda de agua potable en la zona metropolitana. Desde el Frente Amplio se sostuvo que persisten dudas e inconsistencias sobre el proyecto. En las afueras del Parlamento, durante la convocatoria, se movilizó la Federación de Obreros de OSE, en rechazo al proyecto. Entienden que es inconveniente y que supone que privados gestionen una parte del negocio del agua potable. La sesión extraordinaria en régimen de Comisión General especial en la Cámara de Representantes, había sido convocada por el Frente Amplio. El objetivo fue brindar explicaciones e información sobre el Proyecto Neptuno y sus implicancias. Quien actuó como miembro convocante fue la diputada por el Frente Amplio, Sylvia Ibarguren (sector Frente por Río Negro, que está dentro de las filas de Convocatoria Seregnista Progresista). 

En tanto, desde Cabildo Abierto, el diputado Rafael Menéndez indicó que están estudiando el proyecto en base a la necesidad de nuevas fuentes de agua que tiene el país. Agregó que consideran que puede representar una oportunidad, aunque son cautelosos en el estudio del proyecto en sí.

El Proyecto Neptuno, diseñado para el balneario Arazatí (San José), se ampara en la construcción de una planta potabilizadora, una nueva estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros, para ayudar con la provisión de agua del área metropolitana, ya que en la actualidad se cuenta con una sola fuente de abastecimiento de agua potable (Aguas Corrientes, departamento de Canelones) para dicha área.

Posterior a la hora que tuvo tanto Sylvia Ibarguren (Frente Amplio) como el ministro Adrián Peña, se conformó una lista con más de 20 legisladores para exponer sobre el tema. Cada uno tenía 15 minutos de tiempo para brindar sus argumentaciones, reclamos o cuestionamientos que decidiera realizar, ya sea para apuntar al gobierno y al ministerio como a la oposición. La instancia no tuvo ningún tipo de consecuencias políticas, pero el debate por momentos se vio desvirtuado porque careció de altura al momento de realizar algunas exposiciones. Posteriormente, y durante las conferencias, se pudo observar las dos caras de la moneda. Tranquilidad y conformidad del lado de Adrián Peña y el directorio de OSE por un lado, y preocupación y dudas por parte de los representantes de la oposición.

“Aún no está cerrado el proyecto”

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, compareció ante los medios de comunicación acompañado del directorio de OSE, menos el director del ente estatal que representa al Frente Amplio. El secretario de Estado manifestó al inicio de su intervención que “hemos comparecido con mucho gusto a esta convocatoria en régimen de comisión general a hablar sobre un tema fundamental, y por eso lo celebramos, y es el problema de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Uruguay tiene estresado su sistema de abastecimiento en esa área, con una capacidad al límite tanto en abastecimiento como en producción de agua potable, como en bombeo, como la llegada a través de cañerías en la zona metropolitana”.

El secretario de Estado afirmó que “tenemos que encontrar una solución”, y dijo que desde el gobierno nacional se está llevando adelante una iniciativa para poder solucionar el tema. “Cuando este directorio de OSE asumió, había agua para 20 días en Aguas Corrientes. Y hoy estamos encarando una solución al problema. Estamos abiertos a recibir comentarios y aportes, pero decididos a que la inacción no es el camino. Porque este problema es importante, y tiene que ver con el acceso al agua potable, un derecho básico universal consagrado en la Constitución de la República que principalmente afecta a los que menos tienen. Y es responsabilidad de este gobierno asegurar ese derecho”.

Peña señaló que “nos hemos encontrado con una diputada convocante que es abierta y que ha manifestado que no está en contra del proyecto, lo cual para nosotros es importante. Creo que Uruguay puede darse la posibilidad de encontrar una respuesta en conjunto, que respalde todo el sistema político para un tema central como el del agua. A veces no somos concientes del problema que tenemos, y a través de esta inversión estaremos dejando de depender de una sola fuente, y estaremos por primera vez respaldando y dándole seguridad a un sistema que está con muchísima debilidad”.

El jerarca recalcó en que “el proyecto no está definitivamente cerrado”, y se espera que antes de que comience diciembre pueda ser aprobado por el directorio de OSE, para darle continuidad a las próximas instancias, en la que consideró que es “la inversión más importante en agua potable en los últimos 150 años”. 

Tras ser consultado sobre si este proyecto privatiza el agua o la distribución, el secretario de Estado respondió que “de ninguna manera”, y agregó que “se habla de una inversión que pueden hacer privados, pero la operación, lo cual es una novedad va a estar a cargo de OSE, que fue un reclamo del sindicato que se atendió en las reuniones que mantuvimos, de forma tal que toda la gestión del proyecto, desde la toma, potabilización, bombeo, la aducción y la gestión, que estará a cargo de la gerencia metropolitana de la empresa estatal”.

Expresó también que “la inversión, como en tantos casos en Uruguay, sobre todo en los últimos años, podrá estar llevada adelante por privados, y eso no supone ninguna privatización ni mucho menos que la gestión del recurso esté a manos de privados”; Peña dijo que “lo que se busca es solucionar el tema”, y que cuando el asumió en el 2020 la empresa estatal tenía una deuda de US$ 421 millones. “En ese marco, todo lo que podamos mejorar e incluir sin que afecte la solución, lo vamos a tomar, porque queremos a todo el mundo arriba del proyecto, porque es una solución país. La solución tiene que estar”, afirmó.

En referencia a los permisos correspondientes, Peña dijo que hay un adelanto de un informe de los temas ambientales, pero el informe del impacto ambiental va a surgir luego de que el proyecto se presente. “Hoy hay aún cosas por definir en el proyecto, y hasta que el proyecto este votado por la administración, OSE lo va a comunicar al Ministerio de Ambiente. Allí, por un lado, tendrán la evaluación de impacto ambiental en el área correspondiente del ministerio, y por otro lado la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) lo va a estudiar en el marco de que este proyecto se enclava en el Plan Nacional de Aguas, que también hará su evaluación y devolución”, explicó Peña.

“Esto de cambiar la gestión del privado a la OSE supuso cambios en el negocio y en su modelo, y todo eso lleva tiempo y gestión de todas las personas que están trabajando sobre este tema, ya que no es solo la OSE y el Ministerio de Ambiente, sino que también están presentes la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de Economía (MEF)”, dijo Peña, e hizo hincapié en que “la situación es urgente”, y “cuanto antes lo podamos solucionar, mejor”.

Las dudas crecen en el FA

Por su parte, la bancada de diputados del Frente Amplio brindó horas más tarde una conferencia de prensa, en la que explicó sus opiniones e impresiones, luego de varias horas de exposiciones y argumentaciones, tanto desde parte de la fuerza política como del Ministro de Ambiente y de los integrantes del directorio de la empresa estatal.

Mariano Tucci, legislador coordinador de la bancada de Diputados, dijo ante los medios que “no es bajo ningún punto de vista, este objeto que se presenta el Frente Amplio, censurar al ministro Adrián Peña. Sino que por el contrario, queremos obtener luz sobre una acción del gobierno que no tiene certezas ni en sus objetivos centrales ni en su financiamiento”. Agregó que el Frente Amplio reconoce que el país “necesita más obras en materia de agua potable, pero lo cierto es que el propio ministro Adrián Peña durante su comparecencia ha expresado con mucha claridad de que el gobierno no resuelve el abastecimiento de agua potable. Que tiene cotos desmedidos, que presenta, como ha sido notorio a lo largo de esta sesión inconsistencias importantes, y que por lo tanto, de esta manera no puede ni debe licitarse”.

Además, al inicio de la rueda de prensa, la bancada del Frente Amplio rechazó y denunció la actitud del directorio de OSE, que según la fuerza política, “decidió dejar a un costado al director de la oposición, Edgardo Ortuño, en el transcurso de la comparecencia. Esto desde nuestra perspectiva sienta un precedente objetable, y por tanto, el posicionamiento del directorio de OSE es absolutamente parcial”, dijo Tucci.

Por su parte, la diputada que convocó al ministro y a las autoridades de OSE, Sylvia Ibarguren, dijo que “tenemos mayores dudas e incertidumbres”, y “vimos inconsistencias en relación al proyecto Neptuno”. Manifestó que Peña “no respondió a un montón de preguntas que se le han hecho”, y señaló que “sabemos las necesidades que tiene el país, porque de las proyecciones de las que hoy se habla, en relación al aumento de la demanda del sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable, están detectadas por parte de la OSE desde el año 2001, entonces esa demanda es real, y la OSE venía trabajando en alternativas para solucionar esa demanda. El gobierno tiene el derecho legítimo de buscar otras alternativas”.

Ibarguren explicó que el proyecto Neptuno “es una alternativa mucho más cara de la alternativa que tenía la gestión anterior, no resuelve el problema del aumento de agua potable para el sistema metropolitano de cara al año 2045. En el 2036 se va a tener que construir la presa y el embalse sobre el arroyo Casupá”, y afirmó que “el objetivo de esta iniciativa privada era solucionar el problema de déficit, pero no lo soluciona, y además opta por la alternativa privada nos va a salir a los uruguayos cerca de US% 500 millones en 30 años. Con ese dinero la OSE podría hacer un monto de obras e inversiones de muchas de las cosas que se dijeron en la comparecencia”. 

Quien también habló en la conferencia de prensa fue Martina Casás (suplente de Gustavo Olmos). Señaló que “cuando hablamos de que este proyecto no soluciona el tema del agua potable (…), la demanda de agua potable aumenta en verano, y es en verano cuando se detecta que hay un aumento en la salinidad del Río de la Plata, que es de donde este proyecto toma el agua bruta. Además, estamos hablando de que tiene que haber un polder, que es una reserva de agua para mezclar con esta agua que vamos a estar potabilizando, porque esta planta lo que hace es una potabilización tradicional, no desaliniza el agua. Entonces, si va a sacar agua del Río de la Plata en los meses de verano que es cuando aumenta la salinidad, que según un informe de la Facultad de Ciencias tiene un 3,3 gramos por litro de salinidad cuando lo admitido para el agua potable es de 0,45, estamos diciendo que cuanto más demandamos esta agua, menos la vamos a poder utilizar. Y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que no resuelve la demanda de agua potable. Vamos a tener agua de menor calidad. El proyecto paga por un agua disponible, pero es un agua que no podremos usar”, señaló. 

Le legisladora manifestó que “este proyecto tiene una serie de cuestionamientos serios en referencia al artículo N°47 de la Constitución, y que tiene también cuestionamientos con respecto a la participación ciudadana, como está previsto no solamente en el artículo de la Constitución sino también en el acuerdo de Escazú, del cual Uruguay es parte. Nos vamos con más dudas de las que veníamos”, concluyó Ibarguren. 

Consultado sobre el final de la conferencia de prensa que puede acontecer si el proyecto Neptuno sigue adelante, Mariano Tucci respondió que “eso significa que como siempre, el Frente Amplio, como en cada instancia parlamentaria, va a tener que evaluar los contenidos de lo que aquí se dijo y se hizo. Y en la medida que la valoración sea lo que nosotros pensamos, y que este es un proyecto que no le conviene al país, no nos amputamos la posibilidad de tomar otras acciones. Nada más que eso”, afirmó. 

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