No se cumplió con la trazabilidad que exige la ley en el documento entregado por Garcé a los senadores

Se sacaron fotocopias en una impresora que estaba en la secretaría de la Comisión, señaló la senadora Lilian Kechichián.

Los documentos presentados por Álvaro Garcé en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado el pasado 24 de octubre no habrían cumplido con las reglas de trazabilidad exigidas por la ley.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado habría llegado a la reunión con la comisión bicameral sin las suficientes copias del documento para los 10 integrantes de la comisión presentes. «El hecho obligó a realizar las copias faltantes en la secretaría de la propia comisión vulnerando de esta manera la trazabilidad que se determina para información reservada de este tipo» según dijo la senadora Lilian Kechichián.

Consultada por el caso, la integrante de la comisión y coordinadora de bancada de la oposición en el Senado, expresó a Diario la R que debido a ese hecho “no se aseguró la trazabilidad de la documentación, que es una obligación que está en la ley, que los documentos reservados deben tener trazabilidad. Si la hubieran tenido ya se sabría quién la filtró”.

La ley que establece la obligación de mantener la trazabilidad de la información reservada es la que dió lugar a la 19.696 que dio lugar a la creación de la Secretaría de Inteligencia en 2018 y su posterior reglamentación en 2022.

Luego de filtrada la información al Informativo MVD Noticias de TV CIudad, el director de inteligencia realizó una denuncia ante fiscalía. Pero la oposición exige que la investigación abarque todos los organismos del Estado por donde circuló el documento. La legisladora dijo que el documento “estuvo en conocimiento de cuatro Ministerios. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, de la Cancillería, de varias agencias y obviamente de varios funcionarios de la propia oficina de la Dirección de Inteligencia Estratégica”, al tiempo que agregó: “nosotros le pedimos al ejecutivo que si quiere buscar profundamente la verdad tiene que también iniciar una investigación administrativa en estos otros lugares.”

Consultado sobre esta posibilidad el Diputado Mariano Tucci, dijo a Diario La R, integrante de la comisión por parte del Frente Amplio remarcó que su partido planteó su “discrepancia con que se señale masivamente al Parlamento Nacional en la medida de que Garcé dirige una oficina numerosa y que hay Ministerios que integran por ley una mesa de coordinación”. A raíz de esto mismo agregó: “nosotros creemos que debería instruirse una investigación del mismo tenor en cada uno de los ministerios involucrados”.

Celulares a disposición

A raíz de esta filtración, el diputado cabildante Raúl Lozano, en su rol de presidente de la bicameral, solicitó a la vicepresidenta Beatriz Argimón como presidenta de la Asamblea General que se inicie una investigación parlamentaria. 

Si bien aún no se determinó el inicio de esta investigación interna del Parlamento, Argimón convocó a una reunión con coordinadores de bancada del oficialismo y oposición en donde, entre otras cosas, se propuso que los 10 legisladores participantes de la reunión de la comisión brindaran voluntariamente sus teléfonos celulares para ser peritados por parte de la fiscalía. Así lo expresaron en conferencia de prensa conjunta los coordinadores de bancada y vicepresidenta luego de la reunión.

Sobre esta propuesta Kechichian expresó que “es una propuesta que tiene un hilo muy fino porque los celulares de los parlamentarios pueden tener mucha información de sus sectores e información privada. Si se define eso nosotros acompañaremos pero en principio nos parece que se está caminando en una cornisa compleja y delicada”.

Gravedad del caso

Luego de la filtración se instaló la duda acerca de la legalidad de la difusión de información de carácter reservado por parte de MVD Noticias. Consultado sobre el tema el Fiscal General Juan Gómez expresó en el programa Periodistas de Canal 5 que «los periodistas, en la medida en la que el artículo 29 de la Constitución consagra la más amplia libertad de expresión, por supuesto que no pueden ser penalizados por exponer un hecho que puede ser de interés de la población».

En estos días se han conocido diversas reacciones por parte del oficialismo destacándose la del Presidente de la República quien calificó al acto de filtrar información reservada como un ”sabotaje a la seguridad nacional”. Por su parte el Ministro de Defensa Nacional Javier García consideró que se trata de un actor de “traición al país».

Tanto oficialismo como oposición rechazan el hecho y lo consideran como ”grave”. Sin embargo para Kechichián los calificativos del presidente y Ministro son “exagerados” y apuntó que hay que aclarar que la información presentada por el Director Nacional de Inteligencia “no tenía un plan operativo de seguridad sino un punteo de temas muy generales que pueden estar en cualquier plan de seguridad. No se puede saber a partir de ahí cómo iba a actuar el servicio de inteligencia”.

Consultada por Diario la R sobre este estado de las cosas la Senadora oficialista, Graciela Bianchi declinó hacer comentarios de fondo “porque las cosas delicadas tienen que estar en el ámbito de responsabilidad de los legisladores porque después se empiezan a sacar conclusiones que no son las adecuadas o no lo sabemos. Personalmente pienso que hay que mantener silencio, reserva y trabajar coordinadamente con la fiscalía”. 

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