Ocho ex jefes de las FARC deberán responder por crímenes de guerra

El presidente colombiano Iván Duque pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que actúe con dureza para juzgar estos delitos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Colombia, entregó al país su primer escrito de hechos y conductas sobre secuestro, toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, cometidas por las FARC-EP. En este documento, los magistrados de la Sala de Reconocimiento acusaron a ocho ex comandantes de las FARC de haber sido los responsables de este delito de lesa humanidad. La JEP, el órgano de justicia especial surgido de los acuerdos de paz firmados en 2016 y que no juzga casos individuales, abrió el 4 de julio de 2018 el primero de siete grandes procesos ligados al conflicto armado. En esta investigación relacionada con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012” acreditó a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.

Algunos de los ocho ex comandantes son ahora dirigentes del partido que se formó tras la disolución de la guerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pero que actualmente se llama Comunes. Entre los acusados están Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y presidente de Comunes, y los senadores Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo. La lista la completan los exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Rodrigo Granda y Juan Ermilo Cabrera, que falleció el miércoles.

El presidente colombiano Iván Duque pidió a la JEP que actúe con dureza para juzgar estos delitos y manifestó su discrepancia con que estas personas tengan representantes políticos, según informó Sputnik. «No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad», manifestó el mandatario al participar de manera virtual en el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que tiene lugar en Pereira, en el departamento de Risaralda (centro oeste).

La primera decisión tomada en este documento judicial fue cambiar el nombre jurídico del caso, según El Espectador de Colombia. Ahora se llama Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP. Antes había sido nombrado como Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, pero las víctimas dijeron que estaban inconformes con estos términos que no dimensionan el crimen que vivieron ellas o sus familiares. De manera general, los ocho exguerrilleros fueron acusados como coautores de los crímenes de privaciones de la libertad, desaparición forzada y homicidio. También, por responsabilidad de mando, algunos fueron acusados de torturas, violencia sexual y atentados a la dignidad personal. En el documento judicial, la JEP señaló a los antiguos miembros del secretariado de haber generado “sufrimiento durante el cautiverio” que llevó a que personas y comunidades tengan aún secuelas por la guerra.

La JEP determinó que los secuestros de civiles fueron un instrumento para financiar la guerra de las FARC contra el Estado, mientras que la captura de personal militar o gubernamental se utilizó para presionar a las autoridades e instarlos a que liberaran a los guerrilleros encarcelados. “El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos. Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, escribió Comunes en su cuenta de Twitter, donde volvió a compartir un comunicado emitido en setiembre con la firma de los ocho acusados. En ese documento, considerado histórico en su momento, los excomandantes de la extinta guerrilla pidieron perdón por “un error gravísimo” y se comprometieron a revelar toda la información en sus comparecencias ante la JEP.

La clave

Algunos de los ocho ex comandantes son ahora dirigentes del partido que se formó tras la disolución de la guerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pero que actualmente se llama Comunes. Entre los acusados están Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y presidente de Comunes, y los senadores Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo. La lista la completan los exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Rodrigo Granda y Juan Ermilo Cabrera, que falleció el miércoles

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