En el año 2020 en Uruguay se contabilizaron 9.915 abortos legales, 295 menos que el año anterior, lo que representa un descenso del 2,9 por ciento, lo que según estos indicadores representa el segundo año consecutivo en que las cifras de aborto se reducen, según el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU(Mujer y Salud en Uruguay).
En este sentido, Diario La R, consultó a Santiago Puyol, responsable del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU y detalló que el total de abortos legales desde que se instalaron los servicios con los que cuenta Uruguay asciende a 75.117.
En la misma línea, en el plano evolutivo del acceso al derecho consagrado en la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) nº 18.987 del 30 de octubre de 2012, se suscribe que en 2013 se regristraron 7.171, en 2014 fueron 8.537. En tanto, en 2015 la cifra fue 9.362, para 2016 el número aumentó a 9.719; para 2017 el período anual escaló a 9.830.
El récord se produjo en 2018 con 10.373, mientras que de 2019 a 2020 hubo un descenso con 10.210 y 9.915 interrupciones respectivamente.
Asimismo, Puyol, contó que “en estos años comprendidos entre 2013 y 2020, 36.998 interrupciones se realizaron en los servicios públicos con un promedio de 4.625 abortos anuales, en tanto fueron 38.119 en el subsistema mutual, con promedio anual de 4.765”.
En referencia a las causales para el mismo período, se enumeró que por propia voluntad fueron 74.987; violación 21; riesgo de salud de la mujer 58 y anomalías fetales incompatibles con la vida 51, en base a la elaboración proporcionada por el ministerio de Salud Pública(MSP) a través de solicitud a la información realizada por MYSU en junio de 2021.
Objeción de conciencia: “No se cuenta con información oficial para 1 de cada 3 servicios IVE”
Por otra parte, sobre Objeción de conciencia, los registros señalan que de los 81 servicios legales de aborto (públicos o privados), sólo 56 (69%) tienen información reportada y sistematizada por el MSP respecto a cifras de objeción de conciencia. Este porcentaje se corresponde con que no se cuenta con información oficial sobre objeción de conciencia para “1 de cada 3 servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, según datos proporcionados por MYSU a Diario La R.
A su vez, cerca del 5% (3) de los servicios de aborto tienen un 100% de objetores, por lo tanto, las mujeres son derivadas a otros centros para recibir la medicación para después volver a su localidad y realizar el procedimiento en su casa.
Los servicios que presentan el 100% de los profesionales objetores de conciencia son los hospitales de ASSE en Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento) y Soriano (Mercedes).
Pandemia y la mortalidad materna
No obstante, el contexto de pandemia por COVID-19, sumado a un funcionamiento irregular de los servicios de salud contribuyó al aumento de la mortalidad materna en el país. Las cifras del MSP subrayan que la tasa de mortalidad materna cada 100.000 nacidos vivos en 2020, se ubicó en 30,7, duplicando las tasas de 2018 y 2019.
Por lo cual, 11 mujeres fallecieron por razones vinculadas al embarazo, parto, cesáreas y/o aborto en 2020 y en los primeros seis meses de 2021, se registraron 10 muertes de mujeres por esta causa, indicó MYSU.
Por otra parte, en diciembre de 2020, se produjo la muerte de una adolescente del interior del país, convirtiéndose en el segundo fallecimiento en marco de un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. El primero sucedió en 2018, y no fue de público conocimiento, registrándose únicamente en solicitudes de acceso a información que distintos actores sociales han realizado al MSP.
Si bien la mortalidad por aborto ha disminuido en el período 2013-2020 en comparación a lo ocurrido antes de aprobada la ley IVE, 5 mujeres han fallecido por abortos en este período, 3 de ellas por fuera de los servicios legales de aborto sumándose a las 2 antes mencionadas.
Sobre este tema, Diario La R, consultó al Dr Francisco Cóppola, Prof. Grado 5, Director de Maternidad del Hospital de Clínicas quién expresó que “en comparación con otros países estamos muy bien, siempre hay cosas para mejorar, pero los procesos aquí son más cuidados que en otros lugares. La mortalidad por abortos en Uruguay es marginal o inexistente, la mortalidad materna se vio afectada por la pandemia y su relación con el covid 19”.
Cóppola, también agregó que “la muerte materna aumentó mucho por Covid-19, es decir cualquier mujer que fallece estando embarazada o hasta un mes después de dar a luz, no se refiere a la causal. En 2020 hubo un pico de muertes en este sentido por Covid-19 pero no por aborto”.
Sobre la objeción de conciencia, aseveró que “hay veces que hay un abuso de objeción de conciencia, entonces a veces se abusa de ese derecho que tiene el médico, y hay médicos que no hacen objeción genuina sino más bien una conveniencia de no querer en relación a principios filosóficos o religiosos».
En cambio, la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, quién desde el Parlamento ha realizado pedidos de informes acerca de la situación y monitoreo del IVE a los organismos correspondientes, explicó a Diario La R que “este ultimo año las interrupciones han tenido algunas dificultades en términos de acceso, en el que se destacan los problemas presupuestales que se están viviendo en cuánto al prestador de Salud Pública (ASSE). También porque el ministerio no ha tenido una actitud de protección al derecho, no hizo ninguna campaña específica en pandemia acerca del tema para promover e informar al respecto de la IVE. Actualmente los servicios en algunos lugares del interior y en algunas zonas de Montevideo se encuentran con objetores de conciencia, en variados casos los médicos objetores llega al 100 % por lo tanto el acceso a este derecho en algunos lugares es inviable”.
En este sentido, Melgar, precisó que “depende de las posibilidades de la persona de resolver su movilidad para acceder al derecho, hace un tiempo organizaciones de la sociedad civil han planteado resolver este tema con médicos o médicas no objetoras. Es necesario registrar las denuncias de dificultades en el acceso o de planteamientos que están por fuera de lo establecido en la ley. Desde organizaciones sociales se han reportado cientos de dificultades de casos en el acceso, sin embargo el ministerio de Salud Pública no registra ninguno”.
Por último, subrayó que “hay autoridades que toman decisiones al respectos de los servicios de atención que son objetores de conciencia, por ejemplo, todos los dispositivos de la RAP (Red de Atención Primaria) metropolitana está a cargo de una médica que es objetora y esto no parece lo mejor para el desarrollo del derecho. Estamos atentos cómo se brinda este derecho y para que sea accesible no sólo debe existir en el papel sino que tiene que poder ser ejercido: para ello se precisa presupuesto, servicio, información, democratización en el acceso y enfrentar la realidad en caso de que existan dificultades”.
Embarazo adolescente
Según MYSU,Uruguay es un territorio con características de transición demográfica temprana y ha registrado Tasas Globales de Fecundidad (TGF) bajas , es decir, menos de 2,1 hijos por mujer en edad reproductiva en las últimas décadas. Durante el año 2020 llegó a su mínimo histórico (1,4), de esta manera ingresó al grupo de países con TGF muy baja.
En consecuencia, esta baja de la fecundidad también se registra en la población adolescente con una reducción sostenida de los embarazos entre 15 y 19 años, desde 2015. Más del 50% de la reducción de la fecundidad en el país se debe al descenso de los embarazos en mujeres entre 15 y 24 años y entre múltiples factores que lo explican hubo estrategias dirigidas a reducir el embarazo no intencional en este grupo etario, promovidas por las instituciones de gobierno en conjunto con agencias del Sistema de Naciones Unidas entre 2016 y 2020.
Por el contrario, la prevención de las causas del embarazo adolescente no han sido tan eficientes en la reducción de las situaciones de abuso, explotación sexual y relaciones violentas, con alta incidencia en el país. En 2020, el Ministerio del Interior recibió 33.004 denuncias por violencia doméstica, el 25% de estas correspondía a casos de personas entre 13 y 17 años, la mayoría mujeres. A su vez, como recogió el “informe Embarazo Infantil en Uruguay – Aporte para la agenda” de Amnistía Internacional Uruguay, según cifras del MSP, 98 niñas menores de 14 años fueron madres en 2017, mientras que para ese mismo año el Programa de Acompañamiento Territorial de Uruguay Crece Contigo atendió a 107 niñas y adolescentes menores de 14 años.
