Este miércoles, el Senado debió votar de forma grave y urgente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y de la ANV. El artículo 463 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó el Código Civil, reduciendo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. La norma además fijó un plazo de dos años para que las prescripciones en curso comenzaran a consumarse. Al ser promulgada el 9 de julio y publicada el 14 de julio de 2020 el vencimiento de plazo estaba cerca. Si el Parlamento no votaba el proyecto que modificaba dicho artículo, el Estado hubiera hecho frente a una pérdida millonaria, por unas 5.000 hipotecas que están por prescribir lo que llevaría a perder entre los 50 y 400 millones de dólares.
Sobre este punto, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, entendió que el vicepresidente de la ANV Gustavo Borsari «tiene todo el respaldo del Partido Nacional». «La realidad es que la tarea no se pudo completar en ese plazo que establecía la LUC y como en otros casos se debió hacer una modificación», señaló. El legislador sostiene que «respaldamos la gestión del Directorio y entendemos sí como ya fue anunciado por las autoridades de la Agencia que corresponde la iniciación de una investigación administrativa para detectar donde es que estuvieron las fallas, la descordinación al momento de las comunicaciones correspondientes». Agregó que será la investigación la que determine «si existió algún tipo de omisión o de descordinación o por el contrario alguna acción más grave». Por otra parte, afirmó que «las renuncias no se piden por la prensa», al aludir al pedido del Frente Amplio de renuncia de las autoridades de la ANV.
Pasquet: hubo «omisión» de la ANV
No obstante, dentro de la coalición surgieron diferencias sobre este asunto. El diputado colorado Ope Pasquet opinó que la situación no la ocasionó la Ley de Urgente Consideración (LUC), sino por la “omisión” de quienes “debieron actuar y no lo hicieron”. En este sentido, apuntó contra la ANV que “no solo no actuó”, sino que “tampoco advirtió a tiempo al Parlamento de que necesitaba una prórroga”. “Hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político. El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada”, expresó. Además, sostuvo que los responsables de la institución “deberán poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno”.
AEBU
Por su parte, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) solicitó que los directores oficialistas de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el presidente Klaus Mill von Metzen y el vicepresidente Gustavo Borsari, asuman las “consecuencias políticas” de su actuación. En un comunicado divulgado este jueves, el gremio señaló que “es responsabilidad absoluta de los directores —elegidos políticamente— preservar y gestionar los organismos públicos, algo que en el caso de la ANV no ha sido asumido con la responsabilidad requerida”. AEBU también rechazó “cualquier intento” del directorio de la ANV “de desvirtuar el incumplimiento de sus responsabilidades con el traslado de estas a los trabajadores del organismo”. En esta línea, el sindicato se pronunció a favor de que se realicen investigaciones administrativas y parlamentarias para que se despejen las dudas sobre las competencias de los directores en lo ocurrido.
