Realizaron un estudio médico-forense sobre la muerte de 108 detenidos en la dictadura

Fue efectuado por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina.

Un estudio médico-forense sobre las condiciones de la muerte de 108 detenidos durante la dictadura militar fue realizado por un equipo del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina. El mismo fue presentado abril ante magistrados, familiares de las víctimas consideradas en el estudio y especialistas en el área forense.

El trabajo fue dirigido por el profesor Hugo Rodríguez Almada. También participaron las docentes Natalia Bazán, Victoria Iglesias y Evangelina Pérez. En un acto realizado en la Universidad de la República, Rodríguez explicó que este reporte insumió dos años de sistematización, pero también incluyó informes realizados por docentes del Departamento a lo largo de una década. Señaló que en este espacio académico se desarrolló la técnica denominada «autopsia histórica», en la cual la información normalmente obtenida directamente del cadáver se sustituye por la que se encuentra disponible en los documentos oficiales sobre esa muerte, señaló. 

Agregó que antes de esta presentación el equipo se reunió con familiares de las víctimas incluidas en este estudio quienes son considerados «víctimas secundarias», para un intercambio sobre los criterios aplicados en este trabajo. 

Con base en la información disponible hasta enero de 2022, el reporte detalla que «entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, y dentro del territorio uruguayo, murieron 108 personas bajo custodia por motivos políticos, ideológicos o gremiales». Según las circunstancias de la muerte, los investigadores determinaron que 36 de estas personas fallecieron en un centro de detención clandestino o irregular, 34 en un centro de detención regular; 19 son personas que continúan como detenidas desaparecidas y 19 fallecieron en operativos de detención o represión en la vía pública. La mayoría de las víctimas fueron hombres (88) y la edad media fue de 37 años, con un rango de entre 16 y 69 años. Solo se conoció el nivel de instrucción de 78 de las víctimas. De ellas, diez habían accedido sólo a la educación primaria, 28 al nivel medio y 40 a estudios de nivel terciario. La mayoría eran obreros o empleados (72) y/o estudiantes (25). En 37 casos, la causa y la manera de muerte se determinó en base a informes disponibles en los expedientes de las investigaciones llevadas adelante previamente por el Poder Judicial o el Ministerio Público y Fiscal (casi todos con participación del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses). En otros 52 casos los dictámenes fueron realizados por una Junta Médica ad hoc constituida en el ámbito del Departamento a los efectos de cumplir los objetivos de este reporte, en base a las fuentes de información detalladas. Los restantes corresponden a personas que continúan como detenidas desaparecidas.

Respecto a las maneras de muerte, la investigación determinó que 75 fueron violentas. Dentro de este grupo, 60 (80%) fueron heteroinferidas, 14 (18%) autoinferidas y una fue indeterminada. Casi todas las muertes heteroinferidas (59) fueron causadas «por la acción directa de los agentes del Estado», expresa el informe. La única excepción fue resultado de la acción de una persona privada de libertad portadora de una esquizofrenia descompensada. En tres de las 14 muertes autoinferidas se encontraron ,ostensibles negligencias asistenciales directamente vinculadas con el desenlace fatal. La «muerte por tortura» fue la principal causa de muerte violenta, esta se constató en 36 de los casos. Esta causa de muerte se aplicó en todos los casos en que se demostró que el fallecimiento se produjo a consecuencia de las agresiones físicas, deprivación de agua, alimentación o descanso, accidentes o autoagresiones ocurridos en el contexto de los interrogatorios en centros de detención clandestinos o irregulares, así como -por defecto- a todas las personas desaparecidas. En los casos de muerte natural (32) se determinaron las patologías y eventos específicos que produjeron el fallecimiento, y en nueve de ellos se constataron ,negligencias o fallas asistenciales ostensibles que tuvieron manifiesta incidencia en la muerte». El reporte, que fue publicado en la Revista Médica del Uruguay, detalla fechas, circunstancias y causas de la muerte en los 108 casos. 

Los autores aclaron que «es importante subrayar que la muerte bajo custodia no determina per se responsabilidad del Estado, pero conlleva la obligación de investigar esta posibilidad, dado su carácter potencialmente ilícito, por ocurrir en personas que están bajo el cuidado de agentes e instituciones estatales cerradas y por la obvia vulnerabilidad que ello determina».

El médico forense y relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Morris Tidball Binz, estuvo presente en el acto felicitó a los organizadores «por este extraordinario e inédito estudio» y resaltó «su gran aporte para nuestra memoria, para la verdad y la justicia». Destacó que no hay trabajos similares a nivel regional.

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