Reforma de la seguridad social: se aprueban recomendaciones para llevarla a cabo

Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó por mayoría (10 a favor y 5 en contra) el documento con recomendaciones para la reforma del sistema jubilatorio en Uruguay.

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Foto: Vanni Gonzo

Este pasado viernes, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó por mayoría (10 a favor y 5 en contra) el documento con recomendaciones para la reforma del sistema jubiltatorio en Uruguay. A favor votaron los representantes de la coalición de gobierno. Y en contra lo hicieron los tres representantes del Frente Amplio, y los delegados de trabajadores y jubilados.

Mediante un comunicado de la comisión destaca que: “El Informe de Recomendaciones será presentado en los próximos días a la presidencia de la Asamblea General y a la Prosecretaría de Presidencia. Con esa presentación, la CESS cumple con su mandato legal y concluye su trabajo. Los pasos siguientes hacia la reforma son: la redacción de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y el posterior debate y proceso parlamentario”.

Por otra parte se aprobó “por consenso” una declaración sobre el trabajo realizado desde noviembre del año pasado: “Los 15 expertos afirman: El trabajo desarrollado ha permitido sistematizar un conjunto de información y estudios a los efectos de considerar y evaluar alternativas de política que, por su entidad y características, contribuirán en las próximas etapas del necesario proceso de reforma y a la relevancia del tema previsional en la sociedad uruguaya”, dice el comunicado de la Comisión de Expertos.

Reforma de la seguridad social: recomendaciones

La Comisión elaboró una lista de recomendaciones para reformar el sistema jubilatorio en Uruguay, que ahora serán tomadas como insumo por el gobierno para elaborar un proyecto de ley.

“Los cambios demográficos que caracterizan este siglo hacen que nuestra sociedad y economía sean totalmente diferentes a las del siglo pasado. Es necesario adecuar las instituciones a la nueva realidad, mediante una visión global de la sociedad del envejecimiento”, dice el documento, y detalla luego las recomendaciones.

1) “Se recomienda establecer un régimen uniforme o igualitario. La principal recomendación en este sentido es que todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen, se incorporen con las mismas reglas (régimen mixto).

Los cambios paramétricos que se recomiendan aplican a todos los regímenes, cualquiera sea la entidad gestora. Los cambios recomendados en cuanto a extensión de la vida laboral, tiempo mínimo de aportación, cómputos fictos por cuidados -tanto los vigentes como los que se proponen- y fórmula de cálculo de los beneficios, aplicarían a todos los regímenes”.

2) “Se recomienda la extensión de la vida laboral mediante estímulos incorporados en la fórmula de cálculo de los beneficios y el cambio de la edad mínima jubilatoria en todos los regímenes. Se propone elevarla, a razón de un año por generación. Se plantean dos opciones: iniciar el proceso a partir de las personas nacidas en 1967 o 1971, con lo que se alcanzaría la edad de 65 años para los nacidos en 1971 o 1975, respectivamente”.

3) “Las prestaciones del pilar 1 a cargo del BPS y demás entidades públicas previsionales se liquidan a partir de un salario de referencia (sueldo o haber básico jubilatorio o de retiro). En la normativa vigente se calcula sobre la base del último salario, del promedio de los últimos tres, cinco o diez años de aportación o de los veinte o treinta mejores años. Se recomienda, a partir de la vigencia de las nuevas reglas, determinarlo para todos los regímenes en base a los 300 mejores meses de aportación, actualizados por Índice Medio de Salarios”.

4) Se recomienda incorporar en la arquitectura del sistema un procedimiento de ingreso mínimo garantizado mediante el cual se suplementa las asignaciones de jubilación y pensión vía la asignación de recursos de fuente fiscal. Este complemento varía en función de las prestaciones que obtengan quienes se jubilen: quienes hayan tenido historiales laborales más discontinuos y con menores sueldos, recibirían un mayor aporte, producto del esfuerzo tributario de la sociedad”.

5) “El procedimiento de transición que se recomienda aplica la regla de proporcionalidad: reconoce los derechos en curso de adquisición, entre el tiempo aportado en el régimen que se sustituye y el que se aporte en el régimen que se propone, con un rango de entre 5 y 10 años para el inicio de la aplicación de las nuevas normas”.

6) “Se recomienda acotar los retiros obligatorios en el servicio de retiro militar al personal estrictamente militar y con requisitos de edad mayores a los aprobados en la reforma de 2018. En los demás parámetros, se recomienda aplicar a estos funcionarios los parámetros del régimen general, conforme las reglas de convergencia indicadas”.

7) Una vez culminados los procesos de convergencia y de transición, todos los uruguayos tendrán un régimen jubilatorio diseñado sobre la base del principio de igualdad. Progresivamente, se irá disminuyendo la incidencia de las viejas reglas e incrementándose la incidencia de las nuevas. Es un procedimiento de transición particularmente lento, que podría requerir ajustes en ciertos casos (por ejemplo, Caja de Profesionales) o si se dilatara la toma de decisiones”.

8) “A efectos de obtener lo mejor de vidas más extensas, se recomienda un conjunto de medidas que habiliten que, conforme sus preferencias, las personas puedan compatibilizar trabajo y jubilación, ya sea mediante una redefinición de retiro parcial o mediante la habilitación del cúmulo de trabajo y jubilación”.

9) “Se recomienda un conjunto de modificaciones tendientes a mejorar la eficiencia en la administración de los fondos del pilar de ahorro individual. Por un lado, se propone considerar modificaciones de diseño para contener y reducir las comisiones por administración y estimular la competencia de mercado y, por otro lado, se recomienda la incorporación de nuevas opciones de inversión que propicien mejores rentabilidades”, (en las AFAP).

10) “Existe suficiente evidencia -recogida en el Informe de Diagnóstico- de que es necesario que exista una entidad que ejerza la superintendencia de todo el sistema, razón por la que se está proponiendo la creación de una unidad reguladora, en base a los criterios de independencia aplicables a este tipo de entidades y dentro el marco constitucional vigente”.

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