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Rendición de Cuentas: la continuación política y presupuestal de la LUC

El pasado martes el PIT-CNT organizó una multitudinaria conferencia de prensa en el que diversos sindicatos analizaron el proyecto de Rendición de Cuentas, que aún se discute en el Parlamento.

El análisis de los panelistas se enfocó en diversos temas. El principal y el que capitalizó la mayor parte de los discursos sindicales es que la Rendición de Cuentas continúa con los lineamientos políticos fijados por el gobierno desde la Ley de Urgente Consideración (LUC). Para los panelistas, esta política apunta a un mayor recorte presupuestal, una rebaja salarial del funcionariado público, una precarización en los contratos que se realiza de manera sistemática para poder incentivar la privatización de las empresas públicas. 

Esta denuncia pública fue enunciada por José Olivera, coordinador general de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), Natalia Vibel, en representación de la Coordinadora de Entes, Adeimar González integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el economista Pablo Da Rocha del Instituto Cuesta Duarte (ICD), quienes además de tener el mismo enfoque sobre la Rendición de Cuentas, coincidieron en que los espacios de negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente. 

“La discusión del balance presupuestal está en el Parlamento. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar nuestros análisis: que ésta es una expresión de las políticas económicas del gobierno y que, por lo tanto, no se puede disociar del Presupuesto, ni de la LUC”, comenzó Olivera. En este sentido, el coordinador del CSEU sostuvo que la Rendición de Cuentas es la “expresión económica y financiera” que ya se había planteado de manera más política en la LUC. “Estamos hablando de leyes que funcionan como instrumento para que el trabajo y el Estado se ajuste a las lógicas del capital”. 

Para Olivera, la materialización de la Rendición de Cuentas va en torno a temas económicos pero que apunta a dos direcciones: la precarización del trabajo para trabajadores públicos y la caída de calidad del servicio estatal. En cierto sentido, esto implica que “tras el vaciamiento de los espacios de discusión pública y negociación” , el funcionario vinculado a la enseñanza tiene que percibir una caída en la rebaja salarial, una reducción presupuestal del 0.6 por ciento en el Producto Bruto Interno en educación pública y una marcha hacia la mercantilización de la educación. “En el mismo documento de la rendición de cuentas se felicita a la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) por reducir 700 millones de pesos su presupuesto. Esto sucede mientras a nivel político aún se discute si el gobierno tiene una política de recorte o no”, sostuvo. 

Pero lo más grave para el coordinador del CSEU, es hacer retroceder a la enseñanza de manera “feroz”. “En la educación no hay seguro de paro, no hay indemnización por despido y se están agregando sub empleos”, aseguró Olivera, para agregar que desde enero del año pasado el sueldo de los docentes y funcionarios que efectivamente están contratados por primaria no recibieron ajustes por inflación. La falta de recursos y la precarización del personal en enseñanza lleva a que la educación pública “pierda a un tercio del estudiantado”. “Hay un desmantelamiento del ámbito público”, remarcó. 

En la misma línea, la coordinadora de Entes Públicos, sostuvo que en diversas ocasiones los sindicatos pidieron a los jerarcas de los organismos públicos los presupuestos como para poder “tener más elementos en la discusión”. Pero el pedido de información fue negado por todos los jerarcas de las empresas públicas. “Hay una gran falta de voluntad política de discutir los lineamientos económicos y la planificación de los recursos que se destinan a todos los uruguayos”, sostuvo Vibel. 

“Los funcionarios estatales también trabajamos por un salario, un salario que fue congelado en el 2015. En ese año recibimos un aumento salarial del 0.4 por ciento y fue el último”, informó. La caída del salario real y la falta de diálogo con la administración actual lleva a que en diversos Entes Públicos se trace un camino hacia la privatización de patrimonio y alcance del Estado uruguayo en diversos frentes, entre los que Vibel mencionó a la banca oficial, Antel, UTE y el Instituto Nacional de Colonización. 

Precarización del trabajo

Por su parte, el integrante de COFE, Adeimar González, indicó que la política de ajuste convenida ya en la LUC avanza progresivamente hacia la precarización de los trabajadores del sector público. “Los compañeros que se han jubilado han dejado vacantes que no se han suplido, el gobierno avanza en todas direcciones. Hacia el recorte salarial y hacia la discrecionalidad de ingresos”. 

Para especificar de qué trataba esta “precarización” de los trabajadores del sector público, el integrante de COFE se explayó sobre cómo repercute la inflación en el salario real, o sea, en el valor real de un salario tras el paso del tiempo. “Actualmente, se proyecta una inflación del 5.8 por ciento para enero, la que se mantendrá hasta que en 2023 sea del 4.7 por ciento y en 2024 del 3.7 por ciento”. 

Mientras que el salario va a decrecer por una desvalorización del peso uruguayo, aumentan los “puestos discrecionales” derivados de Presidencia. La actual Rendición de Cuentas, apuntado en el artículo 28, permite que se habiliten “créditos presupuestales” y compensaciones con el aval de un jerarca. “Un jerarca que percibió un aumento salarial en esta última Rendición de Cuentas, podrá designar recursos o créditos presupuestales con el monto que quiera y se podrá aumentar discrecionalmente el salario”, denunció el integrante de COFE. Luego, indicó que se desarrolla una política de “clientelismo” donde en materia salarial unos 18 adscritos a direcciones y secretarías de Presidencia cobran sueldos que rondan los 170 mil pesos uruguayos. 

El economista del IDC, Pablo Da Rocha, fue el último en hablar y el que ofreció una mirada más amplia sobre las diversas temáticas analizadas por los panelistas. “El Presupuesto y su respectiva Rendición de Cuentas es la máxima en la políticas económicas que llevará a cabo un gobierno”, explicó, para luego agregar que en estas normativas se deberían expresar los planes de acción y las promesas electorales con el objetivo de transformar. “La rendición de cuentas es el monitoreo de estos planes”, sostuvo. 

Los ajustes deberían ir en torno a los planes y objetivos ya planteados en el Presupuesto. En este sentido, el economista denunció que la información sobre el presupuesto o la Rendición de Cuentas debería informarse antes de que ingrese al Parlamento a los ámbitos de negociación colectiva. La caída con respecto al 2019 es de un 2 por ciento. 

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