La presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, señaló que el objetivo es impulsar la independencia económica de las mujeres mediante políticas que pueden incluir la capacitación y la formalización de sus trabajos. El Consejo Nacional de Género es el espacio interinstitucional de diseño y definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de igualdad de género. Está integrado por altas autoridades de 26 organismos, algunos entes y servicios descentralizados del Estado, e integra las voces de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, en sus diferentes expresiones.
El objetivo de la sesión realizada este viernes fue expresar los compromisos para el próximo año, con especial énfasis en la promoción de la autonomía económica de las mujeres.
A la actividad también asistieron los ministros de Desarrollo Social, Martín Lema; Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y Vivienda, Irene Moreira; los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Carolina Ache; Salud Pública, José Luis Satdjian; Defensa, Rivera Elgue; Educación y Cultura, Ana Ribeiro, y Turismo, Remo Monzeglio; el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani; el titular de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, autoridades de otros organismos y representantes de la sociedad civil.
Argimón consideró que la mirada de género debe ser transversal a las políticas públicas y que desde el Gobierno se avanzó en ese sentido. Además, señaló que se procura la descentralización de las políticas de género, en especial, para saber qué piensan y sienten las mujeres del interior del país.
Destacó que uno de los objetivos fundamentales es trabajar por la independencia económica de esta población, ya que, en muchos casos, es clave para liberarla del flagelo de la violencia doméstica.
En su intervención, Lema indicó que cuando se habla de autonomía económica y violencia también se hace referencia a la situación de los niños que viven junto a su madre. Aseveró, asimismo, que es necesario informar a la población para concientizarla y, a partir de allí, generar acciones. Por otra parte, sostuvo que es necesario elaborar normativa para proteger a las mujeres y los niños.
Bottero, en tanto, manifestó que estas instancias son una rendición de cuentas. En tal sentido, dijo que en 2020 se definió cuatro líneas estratégicas en las que se trabajó durante estos dos años: profundizar la respuesta en materia de violencia de género, promover la autonomía económica de las mujeres, generar más participación en cargos de decisión política y territorializar las tres anteriores.
Plan nacional
En ese marco, se presentó el Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres 2022-2024, elaborado por el Consejo Nacional de Género.
Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021 se efectuó dos consultorías, con una metodología interinstitucional y participativa, en los ámbitos nacional y departamental, y se consultó a las entidades del Estado y a referentes de las organizaciones de la sociedad civil que lo integran para elaborar el documento preliminar.
La finalidad de este plan es garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género. Además, abarca a toda esta población, de cualquier edad, distintas identidades de género, diversas orientaciones sexuales, diferentes condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, origen cultural, étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción alguna. También incluye a niños y adolescentes expuestos a violencia contra sus madres u otras personas a cargo de su cuidado.
El objetivo es brindar las respuestas de atención y acceso a la Justicia, a efectos de prevenir, enfrentar y reducir la violencia basada en género, así como reparar los daños que ocasiona, para garantizar el derecho de mujeres, niños y adolescentes a una vida libre de este tipo de violencia.
«Víctimas del narcotráfico»
Argimón fue consultada acerca de la posibilidad de revisar la legislación en cuanto a algunos casos de mujeres que marchan a prisión por el delito de introducir sustancias ilícitas en las cárceles, que en realidad «son víctimas del narcotráfico» y que reciben penas importantes. La vicepresidenta dijo que «fue uno de los temas que pedimos al comisionado parlamentario , Miguel Petit, que es un aliado estratégico para el Parlamento en términos de hacer aterrizar precisamente la realidad penitenciaria». Agregó que éste «es uno de los temas que está abordando y tenemos en breve un informe para trasladarle especialmente a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento».
Consultada si puede haber cambios a la legislación, respondió que «obviamente, es importante conocer en esas realidades cuales efectivamente tienen que ver con una situación de rehén de muchas de esas mujeres que son víctimas del narcotráfico y que son utilizadas y cuáles no». «Lo que se procurará es ver el universo y la casuística», indicó.
