Serpaj presenta ante la ONU documento sobre situación de derechos humanos en Uruguay

Frente a una nueva revisión de la situación de Uruguay en la 135° sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj Uruguay) junto a Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, MYSU, Ovejas Negras y CAInfo presentarán un Informe alternativo que involucra varias áreas de derechos humanos. La última revisión del Estado uruguayo por parte del Comité fue en el 2013. En dicho informe «se señalan con preocupación importantes desigualdades en el acceso a derechos, y la persistencia de situaciones de discriminación, agresiones y asesinatos a personas por su identidad de género, orientación sexual o condición socioeconómica, lo que imposibilita un ejercicio pleno de derechos y profundiza la exclusión» según se indica. 

En parte de informe se señala que «advertimos la regresión histórica que la aprobación de la Ley de Urgente Consideración representa en derechos y garantías consagradas en nuestra legislación como: derecho a la vida; derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión y manifestación, derechos al momento de la detención, derecho al juicio justo; derechos de las personas privadas de libertad». Se acota que «la violencia tanto física como psicológica hacia las personas trans sigue siendo moneda corriente en el territorio uruguayo. Pese a que la normativa permite desde el 2009 el reconocimiento de la identidad, históricamente la Oficina del Registro Civil del MEC ha demostrado resistencias en implementar los cambios de nombre y/o sexo registral. 

Serpaj en su informe indica que «desde iniciada la pandemia por COVID-19, y en el contexto de crisis económica y socialderivada de ella, más de 100.000 personas cambiaron su afiliación de salud para ASSE, sin embargo el porcentaje de abortos públicos se ha mantenido estable en los últimos dos años de los que se cuenta con registro (2019 y 2020); y la tendencia de predominancia de los servicios privados también. Estas cifras ponen en duda si están llegando todas las mujeres que así lo requieren a los servicios de aborto legal, siendo de alarma ya que los servicios podrían no estar atendiendo, o incluso expulsando del sistema, a muchas de las mujeres en situación de aborto». Sobre los casos de desaparecidos, se sostiene que «el Estado uruguayo aún continúa sin dar pleno cumplimiento a sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar. Se ven con preocupación voces regresivas en el Parlamento del partido militar que integra la coalición de gobierno (Cabildo Abierto), que buscan reivindicar la última dictadura cívico-militar y el accionar militar. A estos discursos se suman los grupos de familiares de algunos condenados por delitos de lesa humanidad que quieren instalar en la opinión pública la idea de que son “presos políticos” «.

También hay un capítulo dedicado a la libertad de prensa. «Uruguay se encuentra en un proceso de deterioro de la situación de libertad de expresión y de prensa desde el año 2020, según lo muestran distintos informes (nacionales e internacionales). Esto se refleja particularmente en la consolidación de un discurso estigmatizante contra la prensa por parte de algunas personas voceras de la coalición de partidos que ejerce el gobierno, la existencia de presiones por parte de vocerías oficiales mediante mensajes, llamadas o conversaciones privadas, pero también con la presentación de un gran número de demandas penales y civiles como represalia ante opiniones o coberturas periodísticas sobre temas de interés público» indica el informe.

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