Sobre inteligencia, clasificación de la información por la LUC y la calidad del debate público.

En la edición de este medio del pasado viernes 19, en la contratapa titulada “El secretismo de la LUC. Recomendaciones al Dr. Álvaro Garcé”, el Sr. León Lev me atribuye faltar a la verdad por sostener mi punto de vista sobre las facultades parlamentarias para el control de los órganos de inteligencia bajo la LUC.

Cifra

Sin eufemismos, “faltar a la verdad” equivale a mentir, y excepto en el discutible caso de la “mentira piadosa” -si se admite su existencia y su validez ética- la mentira siempre implica mala fe, porque por definición se asocia al invento, al engaño y a la falsificación. Respetuosamente: la calidad del debate público es directamente proporcional al esfuerzo por la fundamentación de los argumentos propios, e inversamente proporcional a la innecesaria e inútil descalificación del oponente. Pensar distinto no implica mentir. 

En el acierto o en el error -en cualquier caso, con buena fe- ratifico que a mi juicio la LUC introdujo una fórmula más precisa que la prevista en la Ley de Inteligencia (ley 19.696, de 29/10/2018) y que, por ende, la técnica legislativa escogida en la LUC es, en lo que refiere específicamente al control parlamentario, más acertada que el régimen legal precedente. 

En efecto, la Ley de Inteligencia previó en su artículo 26 un concepto jurídico indeterminado, valiéndose del cual el Poder Ejecutivo podría negarse a proporcionar ciertas informaciones al órgano bicameral de control, si entiende que, al reportar al Parlamento, podría afectar “el núcleo de la actuación esencial” de la función de inteligencia. Al introducir la categoría de la información secreta, la LUC limitó al Poder Ejecutivo en sus facultades de apreciación de las excepciones que posee para no informar al Poder Legislativo, convirtiendo un amplio campo en una sola hipótesis, legal y claramente establecida (el perjuicio eventualmente asociado a la divulgación de datos o registros proporcionados por agencias de inteligencia de otros países). De este modo, tácitamente, la LUC reconfiguró a la baja el alcance de la noción legal “núcleo de la actuación esencial”, acotando el alcance de esta expresión a un supuesto de hecho, definido y concreto.

El problema que denuncian los promotores del referéndum (si es secreto, ¿cómo se puede ejercer el control?), ya existía antes de la LUC y con un alcance mayor al actual, porque, en su redacción original, el artículo 26 de la Ley de Inteligencia podía abarcar no sólo la información brindada por servicios de inteligencia del exterior, sino a cualquier otra cuestión de calado mayor y que, no siendo una cuestión relativa a los derechos humanos, el Poder Ejecutivo entendiera inoportuno compartir con el Poder Legislativo. 

Mantengo, como surge de la nota publicada por este medio el 17/11/2021, que el empleo de conceptos jurídicos indeterminados es, en general, una buena técnica legislativa, pero presenta problemas cuando se trata de asuntos relacionados con la inteligencia.

Un concepto jurídico indeterminado es una fórmula amplia, deliberadamente establecida por el constituyente o el legislador para permitir resultados de justicia abiertos y acordes a las circunstancias del caso. Por ejemplo, nuestro Derecho refiere al “justo precio”, la “razonabilidad”, la “buena fe” y “lealtad” entre las partes, etc. Los beneficios derivados del empleo de este tipo de expresiones intencionalmente ambiguas se esfuman cuando lo que está en juego es el control institucional sobre las tareas de inteligencia. 

El control parlamentario es un elemento esencial en la democracia. En materia de inteligencia, hay quienes sostienen que dicho control debe ser entendido solamente como un disuasivo para evitar desviaciones o ilegalidades en el cumplimiento de la misión. Si bien este aspecto del monitoreo parlamentario es fundamental, el dicho control debería, además, ser un factor de desarrollo e impulso para los órganos de inteligencia, a los que podría orientar para la mayor eficacia en el cumplimiento de sus labores. Una interacción de este tipo entre el Parlamento, como sistema orgánico controlante, y los órganos del Poder Ejecutivo, como destinatarios de ese control, no sólo fortalecería a las contrapartes institucionales implicadas, sino que vigorizaría a todo el sistema democrático republicano.

Dicho con otras palabras: teniendo en cuenta la paradoja que implica la defensa de una sociedad democrática y abierta recurriendo excepcionalmente al empleo de un medio cerrado, como el secreto, la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado ante el Parlamento debe ser sustancial. No debería ser un ejercicio meramente formal -lo sería el cumplimiento periódico y ritual de un requisito legal- y debería alcanzar el mayor grado de calidad posible. En su mérito, las excepciones legales al control parlamentario deben estar claramente determinadas, y han de tener una interpretación estricta. A todo ello, precisamente, ha tendido la LUC.

En lo que refiere al Poder Judicial, la LUC no ha mermado sus posibilidades de control manteniéndose intactos sus dos grandes ejes, a saber: i) la autorización previa para cualquier procedimiento especial que involucre fuentes cerradas, como la intervención de las comunicaciones o de redes informáticas, y la escucha y grabación electrónica; ii) las facultades de investigación de hechos presuntamente delictivos, ante los que nunca podría invocarse el secreto.

Etimológicamente, secreto proviene del latín se cernere, que significa separarse, alejarse. La doctrina estadounidense fundamenta el secreto como el derecho de ser dejado solo (therightto be let alone), lo que el Estado se reserva para mantener excepcionalmente fuera del alcance público ciertas informaciones, con el propósito de proteger bienes tales como la seguridad de las personas, o los conocimientos tecnológicos o privilegiados que otorgan ventajas en cuestiones altamente competitivas. 

El secreto de Estado no es a priori incompatible con el Estado social y democrático de Derecho, puesto que en el mismo todos, gobernantes y gobernados, se encuentran sometidos por igual a límites precisos e infranqueables, establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes. En consecuencia, el secreto nunca puede oponerse para violar los derechos humanos ni para encubrir delitos o crímenes. Con LUC o sin ella, es evidente que ninguna autoridad de inteligencia en su sano juicio obviará el deber de denunciar un hecho presuntamente delictivo -si lo hiciera cometería el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal- o invocará el secreto para impedir una investigación judicial. Temeridades de ese tamaño terminarían con el jerarca condenado por la justicia penal, además de destituido por el Poder Ejecutivo. 

El Sistema Nacional de Inteligencia se encuentra actualmente abocado al desarrollo de una cultura de inteligencia ubicada en el extremo opuesto del “secretismo”. Ello supone promover la transparencia en las cuestiones de inteligencia en todo lo que no se encuentre expresamente reservado por la ley, y estimular el surgimiento de una masa crítica de académicos y especialistas en la materia. En este sentido, por primera vez en el país en 2020 comenzó a dictarse en el Calen (Ministerio de Defensa Nacional) un Diplomado y una Maestría en Inteligencia Estratégica, a la que asisten civiles, policías y militares. El país necesita especialistas en inteligencia al más alto nivel, y los tendrá preparados y titulados en poco tiempo más.

Dentro de una cultura de legalidad que fomenta el cumplimiento de la ley, la cultura de inteligencia que promovemos tiende a que el ciudadano común -al que generalmente no le interesan los asuntos vinculados con la inteligencia, los que visualiza como una amenaza- comprenda que la inteligencia es una herramienta del Estado para proteger a las personas, y no para reprimirlas o invadirlas en su privacidad. Deseamos revertir y dejar definitivamente atrás el preconcepto, históricamente justificado, que asocia en el imaginario colectivo a la inteligencia con su versión deformada, el espionaje.

Nuestro objetivo es lograr que los antiguamente llamados “servicios secretos” del Estado tengan, tal como con acierto ha dicho un exjerarca de la inteligencia española, cada día más de servicio, y menos de secreto

Prof. Dr. Álvaro Garcé

Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (S.I.E.E.).

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