El gerente general de la Asociación de Supermercadistas del Uruguay (ASU), Daniel Menéndez, consideró que la iniciativa propuesta por el Frente Amplio y a estudio de una comisión del Senado para la protección de los pequeños y medianos comercios es “un proyecto improductivo” que ataca a las grandes superficies en lugar de defender el comercio pequeño..
Menéndez realizó sus valoraciones ante un grupo de senadores: “Consideramos que es un proyecto de ley improductivo. Tiene aspectos o vicios operativos que complejizan mucho la situación”.
“Con referencia a los aspectos operativos, en términos gruesos pensamos que esto atenta justamente contra las pequeñas y medianas empresas, ya sean proveedoras o colegas minoristas, como somos nosotros”, añadió.
Según Menéndez, ASU representa aproximadamente un tercio del mercado de despacho de alimentos y bebidas.
“Estamos hablando de las grandes cadenas más algún otro supermercado independiente que no forma parte de una cadena pero que tiene un porte grande en su local. Los otros dos tercios del mercado corresponden a farmacias que hoy venden productos nuestros, de almacén, yerba y demás; estaciones de servicio, y fundamentalmente almacenes, autoservicios pequeños y ferias, que también venden fruta, verdura y algunos otros productos”.
“Este proyecto atacaría al tercio y no a los dos tercios, al que quiere beneficiar. Hace veinticinco años que ese tercio se mantiene; no ha avanzado. En otros países del mundo el supermercadismo o las grandes superficies representan casi el 80 %, pero en Uruguay no es así”.
“Hay una ley de grandes superficies –si no me equivoco, es de 1985– que sí protege al pequeño y mediano establecimiento, en la medida en que no permite más grandes cadenas o grandes superficies, excepto dentro de un shopping center o algún emprendimiento similar”.
Los proveedores
“No somos los dueños del mercado. Sí se ha visto en este período concentración en proveedores, no en supermercados”, prosiguió Menéndez.
“Hoy, la dificultad más grande que puedan tener los comercios más chicos está por el lado de la concentración de los proveedores, porque son los que tienen el poder en la negociación”.
Para Menéndez, los supermercadistas “no somos un perjuicio” para el mediano y pequeño comercio, sino que por el contrario, “al lado de un gran establecimiento generalmente se instalan otros pequeños comercios, que se benefician con el flujo de gente que acude a los supermercados”.
Las contras
El representante de los supermercados recapituló: En primer lugar, el proyecto de ley establece un pago a treinta días al proveedor”.
“Extraer una sola variable de una negociación comercial como el pago es un tema complicado porque forma parte de una negociación que implica precio, plazo, lugar de entrega, promoción, volumen”, detalló.
“Quitar una variable sola complica la ecuación comercial. Los plazos generalmente se negocian. No todo el mundo cobra, como se dice por ahí, a noventa días o a ciento veinte días. Hay proveedores que cobran a la semana”.
“Depende del producto y de su rotación, porque para un producto que rota en cuarenta y cinco o sesenta días, el pago a treinta días es complicado. En cambio, para un producto que rota todas las semanas, muchas veces se pacta un pago mucho más corto”, precisó.
“Eso implicaría restringir muchísimo a los proveedores. Quizás, como dice la Ley de Pareto, el 20 % se quedaría con el 80 % de la venta, con lo cual se perjudicarían mucho las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de los supermercados, porque si tienen un producto que rota menos, eso implica que a los treinta días no se les puede pagar, en la medida en que en ese plazo la mercadería todavía no se vendió”.
Caen las inversiones
“También por el lado de la limitación encontramos una dificultad, en el sentido de que si empezamos a limitar, las inversiones se van a caer. Hay empresas que están invirtiendo hoy en día en nuevos locales, y eso se suspendería” aseveró Menéndez.
“Debemos pensar que un local de 500 metros cuadrados de área comercial –que no es de los más grandes– requiere, como mínimo, 120 funcionarios. La estadística dice que el 65 % de los que trabajan en supermercados son mujeres; muchas son solteras, jóvenes y jefas de hogar. Además, los requisitos de ingreso son muy básicos”.
“Es una puerta de entrada al mercado laboral para mucha gente”, puntualizó, añadiendo “que después utiliza esa experiencia para ir a trabajar en un lugar quizás mejor. Otros no pueden hacerlo porque no tienen acceso. Todo eso se vería restringido y se verían perjudicados los empleados”.
“Nosotros tenemos 30.000 personas trabajando. Hay empresas con 7000, con 6500, con 5000 funcionarios y hasta ahora no hemos tenido problemas. Pasamos la pandemia sin mandar a ningún empleado al seguro de paro, pero si se restringen las inversiones, seguramente va a empezar a haber problemas”.
Iniciativa puede ser declarada inconstitucional
El asesor legal de los supermercadistas, Gonzalo Lorenzo, señaló que el proyecto del FA puede ser considerado inconstitucional porque “se limita el derecho de trabajo, industria, comercio y propiedad, que están constitucionalmente protegidos”.
“El derecho del trabajo comprende la libertad de trabajo pero también el ejercicio de toda actividad lícita agraria, industrial, comercial o profesional. Esto es reconocido por todos los constitucionalistas”.
“El proyecto limita el derecho de industria y comercio e impide el desarrollo de explotaciones comerciales en la forma en que el mercado lo permita”, agregó Lorenzo.
“El proyecto también restringe el derecho de propiedad al establecer un límite arbitrario al desarrollo patrimonial de las personas, en la medida en que les impide ser propietarios o explotar de cualquier manera establecimientos comerciales”.
Lorenzo acotó: “Esta ley no solo no indica las razones de interés general que llevan a la limitación de estos derechos fundamentales que acabo de mencionar, sino que ni siquiera lo invoca y tampoco se deduce de su contenido”.
“De hecho, el proyecto, en la medida en que establece límites arbitrarios a la instalación de comercios, establece indirectamente también una restricción del acceso al mercado de nuevas empresas, instaladas ya en otros lugares. Al menos ello es así al imponerse un límite en todo el territorio nacional”.
“La norma es incongruente con la finalidad que persigue. Toda vez se restringe el acceso al mercado, aunque sea en estas condiciones, ese mercado queda cautivo para las empresas que estén y con ello se genera el efecto inverso de lo que se pretende proteger”.
“Entendemos que la preocupación de los señores legisladores que presentan el proyecto está contemplada en otras leyes ya vigentes y que tienen mecanismos previstos para evitar los males que puedan existir, los vicios que se plantean en la exposición de motivos y que esta ley pretende subsanar o erradicar”, consideró el asesor legal
