El Juzgado Tercero de Asís, de la Corte de Roma, Italia, comenzó ayer el nuevo juicio del militar retirado uruguayo Jorge Néstor Troccoli, acusado por la Justicia italiana de haber participado en delitos cometidos en el contexto de la operación Cóndor, una red de colaboración entre las dictaduras del Cono Sur para aniquilar a los opositores políticos a los regímenes.
Desde julio de 2021, Troccoli se encuentra en prisión en el país europeo por haber sido condenado, junto a otras 13 personas, a cadena perpetua por la muerte y desaparición de decenas de italianos ocurrida en los años más sangrientos de los gobiernos represivos sudamericanos.
En este nuevo juicio, el exmilitar está acusado de la muerte y desaparición de Raffaela Giuliana Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros en las décadas de 1970 y 1980.
Según se informó al Diario La R, el ex Fusna llegó a la sala del búnker, lugar de la audiencia de máxima seguridad en el penal de Rebibbia, alrededor de las 8:40 a. m. (hora local) escoltado por la policía y fue conducido directamente a una celda dentro del Juzgado. Sentado mientras esperaba que comenzara la sesión, se veía tranquilo y pacífico. Habló con Marco Bastoni, uno de sus abogados, durante unos minutos para decidir a quién llamar en su defensa. De hecho, ya estaban prontas las listas de testigos que serán llamados a declarar por el Ministerio Público y los abogados de las víctimas. En la audiencia de este jueves, el panel de 12 jueces, presidido por Antonella Capri, escuchó atentamente la presentación de las partes civiles, es decir, los familiares de las víctimas y los interesados en seguir el proceso, como los tres principales sindicatos italianos -Cisl , Cgil y Uil- además del Frente Amplio, coalición que incluye al Partido Victoria del Pueblo, del que Quinteros formó parte.
Fue precisamente en el momento de leer las partes que Troccoli comenzó a agitarse. De pie, caminó dentro de la celda, llegó a los barrotes y regresó al banco a un ritmo no demasiado rápido, pero constante. Cuando uno de los abogados pronunció Frente Amplio, estaba visiblemente irritado.
Bastoni y Francesco Guzzo, quienes integran la defensa de Troccoli, protestaron contra la inclusión del Frente Amplio y Graziela Almeida, prima de Elena Quinteros, como parte civil. Según la defensa de la uruguaya, no es familiar directo de la víctima, sino de segundo grado.
«Un caso penal no es como un hotel donde todos se presentan», dijo Bastoni a los periodistas al final de la audiencia.
Ante la polémica suscitada, la Corte decidió posponer la decisión al 27 de septiembre, por lo que tendrá tiempo para analizar el caso. Al final de la sesión, Troccoli, que ya estaba irritado, les dijo a sus abogados que no quería estar en la celda, sino estar sentado entre ellos en las próximas audiencias.
A diferencia del primer juicio, en este segundo el uruguayo seguirá de cerca el caso en su contra, dijo Bastoni.
Además de Troccoli y sus abogados, también estuvieron presentes en esta audiencia el fiscal del caso Amélio Camelio Erminio, el abogado del Estado italiano Luca Ventrella y los abogados Arturo Salerni y Mario Antonio Angelelli que defienden a las familias de las víctimas.
El gobierno de Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también del país sudamericano, fueron partes civiles en el proceso. El Estado de Uruguay no será parte civil, pero acompañará el juicio con la abogada Alessia Merluzzi. A la sesión también asistió Horacio Pietragalla, del Ministerio de Justicia de Argentina.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Según el fiscal Erminio, Troccoli era ex oficial del Servicio Secreto de la Armada de Uruguay (Fusna) y oficial responsable de los contactos con la Coordinación de Operaciones Antisubversivas (O.C.O.A). Según él, el imputado habría participado en la muerte de Filipazzi (italiano), Potenza (argentino) y Quinteros (uruguaya), “con el agravante de haber cometido los hechos con premeditación, utilizando la tortura y actuando con crueldad, abuso de poder y medios insidiosos”., dijo.
Según el parlamentario italiano, Filipazzi y su esposo Potenza fueron secuestrados en Montevideo, capital de Uruguay, el 27 de mayo de 1977, en el Hotel Hermitage, y llevados al centro clandestino de Fusna. El 8 de junio, ambos fueron entregados a agentes de la represión del dictador paraguayo Alfredo Stroessner y trasladados a Asunción, capital de Paraguay, en el vuelo 303 de Paraguayan Airlines.
Al llegar a la capital, fueron registrados como “detenidos sin entrada” y asesinados. Permanecieron en la lista de personas desaparecidas hasta 2016, año en que sus restos fueron identificados en una fosa común ubicada en un predio perteneciente al Grupo Especializado de la Policía Paraguaya.
Quinteros, por su parte, fue secuestrada de su domicilio durante un operativo conjunto entre Fusna y la O.C.O.A. El 28 de junio de 1976, cuatro días después del secuestro, fingió entregar a un acompañante en un predio cercano a la embajada de Venezuela. La uruguaya logró escapar e ingresar a los jardines de la sede diplomática venezolana, donde pidió asilo, pero funcionarios del cuerpo de operaciones antisubversivas ingresaron al lugar y la detuvieron.
El hecho generó una ruptura en las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela. El militante del Partido Vitória do Povo fue llevado al centro de tortura denominado “300 Carlos – o Inferno Grande” y nunca más fue encontrado. En un expediente de los archivos de Fusna aparece como muerta entre el 2 y el 3 de noviembre de 1976.
