UTE presentó denuncia penal por gastos de Gas Sayago

La máxima autoridad del ente estatal, acompañada por el abogado patrocinante, elevó a la Justicia una denuncia por las finanzas manejadas

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, junto al abogado Jorge Barrera, se presentaron ayer viernes ante el juzgado Penal Especializado de Crimen Organizado para efectivizar una denuncia penal, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en los gastos e inversiones de la compañía Gas Sayago. “En base a la evidencia del informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers está documentado que el proyecto no era viable desde su inicio y que hubo cuatro instancias clave en que el proyecto pudo detenerse”, dijo Emaldi a la prensa allí presente. Agregó cuáles fueron las cuatro instancias graves, en las cuales el proyecto pudo haber sido detenido. “Primero fue cuando Argentina en 2012 dejó claro que no participaría en el proyecto. 

Y su participación era del 50%. Segundo, cuando en 2015 el contratista principal, por incumplimientos, abandona la obra por incumplimiento y paga garantía de 100 millones de dólares”, dijo Emaldi. “La tercera fue cuando habiendo fracasado el contratista principal y meses después, que también fracasaron las obras del dragado y el gasoducto, se siguen contratando consultoras para reformular el proyecto. 

Y la cuarta fue cuando se intenta buscar un socio y se acerca Shell a las conversaciones y finalmente Shell se desvincula definitivamente para ser parte del emprendimiento”, explicó la presidenta del ente a los medios. La jerarca detalló que todos estos hechos están detallados en el informe de la Consultora Price, más otros en el informe que es de 600 páginas. En junio pasado, el directorio de UTE definió poner en conocimiento del Ministerio Público dicho informe, y con ello la contratación del abogado Jorge Barrera para el patrocinio correspondiente. Consultada por la prensa de las razones por las cuales el gobierno anterior decidió seguir adelante con el proyecto, Silvia Emaldi dijo que no le correspondía a ella explicar los motivos, y que esa era una pregunta para las autoridades que estuvieron al frente del gobierno anterior. Esmaldi afirmó que en todo el caso “se basaron en el informe independiente que la consultora Price realizó, también basado en los distintos informes de las auditorías contables realizadas, y el gasto efectuado en primera instancia es de US$ 213 millones, y además se van a sumar los juicios, desmantelamiento de pilotes y gastos de funcionamiento actual que siguen en ese proceso. De eso, hay US$ 113 millones que UTE y Ancap aportaron de sus fondos, por lo cual entendemos que eso fue dineros públicos y lo que ocasiona como daño patrimonial al Estado en ese sentido”. Consultada sobre si el país necesitaba ese gas, la presidenta de UTE dijo que, de acuerdo al informe de Price, “la demanda local no justificaba tampoco la existencia del proyecto”.

Por su parte, el abogado Jorge Barrera al salir del juzgado, dijo a los medios: “Es un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos, como sucesión de actos arbitrarios que se podían haber interrumpido a lo largo de todo este proceso, que fueron encargados a una empresa independiente para su análisis. Que tenían desde el punto de vista de los hechos objetivos como de la calificación jurídica hechos con apariencia delictiva, que sumado al perjuicio económico, por imperio del artículo Nº 177 del Código Penal, el directorio de UTE tenía la obligación de poner en conocimiento a la Justicia estos hechos con apariencia delictiva, porque si no incurría en omisión”. Barrera agregó que en este caso se incurrió también en el delito de “abuso de poder”, porque “en una de las figuras a aplicarse dentro del marco y elenco de delitos contra la administración pública, sin lugar a dudas, pueden existir elementos con apariencia delictiva para la figura del abuso de funciones”. El abogado dijo también que el proceso, según el Código anterior, se dará traslado a la denuncia al Ministerio Público, y que este analizará cuáles son las medidas a seguir. “Entendemos que lo razonable es que haya una ratificación, y por lo tanto una declaración por parte de los denunciantes, y luego se comenzará a diligenciar toda la prueba”, concluyó.

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