La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entregó la solicitud para la recusación de la jueza federal María Eugenia Capucchetti, responsable de investigar el intento de magnicidio del que fue víctima el 1 de septiembre, por irregularidades y arbitrariedades en sus actuaciones.
«Comparto la recusación a la jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado», anunció la exmandataria (2007-2015) en las redes sociales.
A través de su abogado, José Manuel Ubeira, la vicepresidenta observó que el proceder de la jueza llevó a procedimientos «como mínimo, negligentes (…) desde, literalmente, el primer día de investigación». En las primeras horas tras el atentado, Capuchetti rompió la cadena de custodia del teléfono celular del autor material del ataque fallido, Fernado Sabag Montiel, de manera que llegó «reseteado a cero» a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), alegó la querella.
«Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo; de hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida», especifica el texto, de 37 páginas.
La querella también puso énfasis en el hecho de que Brenda Uliarte, procesada junto a Sabag Montiel por ser coautora del intento de asesinato, logró escapar de su casa pese a que había una custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) que tenía bajo vigilancia su vivienda.
«Esto no quita la total impericia de Capuchetti que, con su demora en ordenar la detención, posibilitó la fuga», sostuvieron los representantes de la vicepresidenta.
En el pedido de recusación, los abogados de Cristina Fernández cuestionaron que la magistrada no pusiera «la mirada en la PFA ni por un segundo».
«Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción, pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta», especificaron.
A la falta de pruebas recolectadas en el expediente se suma la tardanza en detener al tercer procesado en la causa, Gabriel Carrizo, considerado el jefe de la banda a la que pertenecían Carrizo y Uliarte.
Más sospechas
Por medio de sus letrados, la vicepresidenta criticó que no se secuestraran los celulares de dos integrantes del grupo «Nueva Centro Derecha», supuestamente relacionado con la exministra de Seguridad del Gobierno anterior, Patricia Bullrich, y el diputado Javier Milei, que tenían contacto con Sabag Montiel y Uliarte.
En esa línea, la querella reprochó que no se hubiera estudiado la vinculación de uno de los integrantes de esta agrupación, Hernán Carrol, con el diputado opositor Gerardo Milman.
Milman, que fue viceministro de Seguridad durante el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), dijo que «cuando la maten, yo voy a estar de camino a la costa», días antes del atentado, según informó un testigo en el marco de la causa.
El legislador, integrante del partido PRO, fundado por Macri, estaba acompañado por dos de sus asesoras, que en un principio negaron ante Capuchetti haberse reunido con Milman, pero cuando les mostraron unas imágenes que contradecían sus afirmaciones, reconocieron la existencia del encuentro.
