El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias culminó este jueves su visita oficial a Uruguay, que se realizó entre el 7 al 14 de julio.
En su informe, al que tuvo acceso el Diario La R, el Grupo agradeció al Gobierno por la invitación a visitar el país y por la cooperación extendida. El objetivo de la visita fue obtener información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el país en relación con las desapariciones forzadas, con vistas a identificar el progreso alcanzado en la aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas, y la consecución y protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y memoria, así como los principales retos y desafíos que enfrenta el país en la actualidad, incluso en lo que concierne a la prevención de actos de desaparición forzada.
Durante la visita, el Grupo de Trabajo tuvo la oportunidad de reunirse con distintas autoridades e instituciones del Estado, como el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior, el Ministro de Educación y Cultura, el Fiscal de la Corte y Procurador General de la Nación, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, con representantes parlamentarios de distintos partidos políticos y con el Comisionado Parlamentario Penitenciario. Asimismo, el Grupo de Trabajo se encontró con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Además, el Grupo se reunió con familiares y víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil y con las agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas en el país. El Grupo de Trabajo también visitó el Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Cerro de Montevideo, el Museo de la Memoria, el Sitio de Memoria de La Tablada, la ex sede del Servicio de Información de Defensa, el sitio de memoria ex Penal de Punta Carretas y los sitios de la memoria en Toledo, Canelones.
Durante su visita, el Grupo de Trabajo se centró principalmente en las desapariciones forzadas que comenzaron a ejecutarse durante el periodo 1968-1985 y las obligaciones estatales correspondientes. Asimismo, ha recibido información relacionada con desapariciones que se
están produciendo en la actualidad, en particular entre personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (niños, niñas y adolescentes y mujeres). En este sentido, estableció que si bien las obligaciones del Estado son las mismas frente a cualquier caso de desaparición forzada, independientemente del momento en que haya ocurrido, formuló observaciones y recomendaciones específicas, que toman en cuenta las peculiaridades de las desapariciones consideradas.
En sus conclusiones, el Grupo reconoce avances significativos en el país en materia de protección de los derechos humanos, a partir de 1985, y expresa su «profunda admiración por la lucha incansable de las familias de personas desaparecidas y su solidaridad con ellas». No obstante, observa con «honda preocupación que en estos años han fallecido muchas personas sin haber logrado conocer la verdad sobre lo acontecido a sus seres queridos ni obtenido justicia». «El Estado tiene una deuda histórica pendiente desde hace casi cinco décadas y debe asumirla como una tarea impostergable y poner fin al sufrimiento y a la angustia que han acompañado a miles de personas durante décadas y que ahora, en algunos casos, debido a su edad avanzada, también deben lidiar con el miedo de morir sin que sus derechos hayan sido garantizados». Es un «imperativo que el Estado asuma como suyo el apremio vivido a cada instante de los últimos 50 años por parte de los familiares y que desde las más altas instancias del Estado llegue a todas las autoridades y a toda la sociedad uruguaya un mensaje claro e inequívoco de que esta tarea debe asumirse colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia», señala el informe, entre otras consideraciones.
El informe también señala que «en Uruguay no ha habido un esfuerzo coordinado y sistemático por parte de las autoridades para identificar, rescatar y conocer todo el universo de los archivos existentes». En ese sentido, remarca la necesidad de » elaborar y aplicar políticas integrales para la conservación, análisis y divulgación de la información contenida en los archivos, previendo los recursos humanos y materiales necesarios para la evaluación de la información, de la que deben encargarse profesionales especializados».
En materia de aplicación de la justicia, el Grupo de Trabajo reconoce las medidas llevadas a cabo en materia de persecución penal al crear una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y una Unidad dedicada a Víctimas y Testigos en la Fiscalía General de la Nación. El Grupo de Trabajo recuerda que la Declaración de
1992 exige que el Estado garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables e imponerles las sanciones que puedan corresponder.
Finalmente, el Grupo lamenta que, al día de hoy, no se haya dado seguimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas por la Corte en la sentencia sobre el caso Maidanik y otros, convocado a familiares y sus representantes legales y alienta al Estado a conformar una mesa interinstitucional, con participación de las víctimas, para agilizar la ejecución de la sentencia. Asimismo, el Grupo lamenta que no se haya dado cumplimiento integral a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en el caso Gelman y otros v. Uruguay.
Finalmente, el Grupo de Trabajo expresa su «profunda preocupación por la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre la sustitución de penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años».
El informe final de la visita oficial del Grupo de Trabajo se presentará en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2023.
