Este martes la Cámara de Senadores resolvió devolver a Comisión de Constitución integrada con la de Hacienda el proyecto de ley de reestructuración de las deudas de personas físicas que en la semana pasada contó con la aprobación unánime en Comisión de Constitución y Legislación del plenario del Senado en la semana pasada.
La decisión tuvo lugar luego de un extenso debate y un cuarto intermedio tras el cual algunos senadores del Frente Amplio, Partido Nacional y del Partido Colorado propusieron la medida que finalmente se tomó.
Molestia cabildante
La bancada de senadores de Cabildo Abierto no escondió su malestar con la decisión de devolver el texto a comisión. El líder del partido cabildante, Guido Manini Ríos, por ejemplo, cuestionó el hecho de que no se hicieran los reparos y modificaciones en la discusión previa.
“Los usureros siguen carneando a los uruguayos. Es un problema serio de endeudamiento de miles y miles de uruguayos, con intereses de usura, inaceptables», dijo durante la sesión.
El senador Guillermo Domenech se mostró crítico con el hecho de que legisladores de otros partidos que en un principio acompañaron la iniciativa luego se retractara.
«En mi opinión personal, es una falta de respeto al trabajo de la Comisión de Constitución, que trabajó más de un año en ese proyecto», dijo al Diario La R. Luego destacó: «por sobre todas las cosas, es hacer oídos sordos al reclamo de las más de 600 mil personas categorizadas como grado 5 (deudores irrecuperables) en el Banco Central y el millón y pico de personas en dificultades por estar inscritos en el clearing.
«Se le dio la espalda a grandes sectores de la población que son víctimas de una ley de interés que permite el cobro de sumas que serían consideradas usurarias en cualquier lugar del mundo», afirmó.
Domenech apuntó al problema central que se busca resolver con este proyecto: la usura. «La última tabla del Banco Central permite en algunas circunstancias el cobro de intereses de hasta el 130% en un país donde la inflación es del 10%», indicó.
«Tenemos la convicción que hay un sistema de financiamiento del consumo que es severamente abusivo», aseguró.
El senador cabildante apuntó que «la objeción más generalizada es que esto afectaba el mercado del crédito. Creo que este mercado es dominado por empresas que pueden, de acuerdo a la ley dictada en 2007 durante el gobierno del Frente Amplio, imponer intereses absolutamente desmesurados y sin ninguna relación con los parámetros económicos en que se desarrollan las autoridades del país».
Por último, sostuvo que esta decisión de mandar la iniciativa a Comisión es una forma de dar «un entierro de lujo» al proyecto.
Las diferencias de los otros legisladores
Si bien los senadores de los partidos que no aprobaron la ley se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar para atender la situación de los cientos de miles de uruguayos endeudados, discreparon con la solución propuesta por Cabildo Abierto.
El senador blanco, Rodrigo Blas, aseguró que la decisión de tratar este tema es buena como «señal», pero dijo que la ley en sí es «espantosa».
“Le estamos diciendo al comprador consumidor compulsivo que tiene una forma de comprar un lavarropa, un televisor led, un sommier, hasta los championes, con la posibilidad de que mañana se lo rebajen 40% porque no tiene posibilidad de pagarlo», agregó.
Por su parte, Gustavo Penadés dijo que la propuesta tiene una concepción «intervencionista», además de generar «prohibiciones» sobre las personas físicas y «exceso de poder» para la Justicia.
El legislador frenteamplista, Mario Bergara, quien otrora presidiera el Banco Central, también aseguró que esta iniciativa no era «un buen proyecto. Mucho menos una solución». Para Bergara este proyecto «parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los endeudamientos». Asimismo, dijo que el texto no comprende «los equilibrios que deben recoger los cuerpos normativos sobre acreedores y deudores» además de «desvirtuar la importancia de los contratos financieros».
La iniciativa
Grosso modo, la iniciativa prevé, en un primer lugar, una instancia conciliatoria entre acreedor y deudor ante la Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los seis meses de inicio de la deuda. A esta altura las partes podrán acordar mecanismos de pagos de la deuda que en ningún caso podrá superar el 40% de los ingresos mensuales del deudor.
Si no se llega aun acuerdo, la deuda pasa a una instancia judicial. Allí, el magistrado realizará un análisis de la situación económica del deudor con un contador para presentar, en un plazo de 10 días, una propuesta de pago.
La propuesta de reestructuración nunca podría ser inferior al 40% de la deuda y las cuotas e pago no pueden superar el 30% de lis ingresos mensuales del deudor.
