El 4 de julio se cumplieron veinte años desde que se promulgó la Ley 17.515 que regula el trabajo sexual en Uruguay. El 21 de diciembre de 2021, un proyecto de ley ingresó en la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Representantes. Actualmente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el subsecretario, Mario Arizti, y la directora general de Secretaría, Valentina Arlegui, concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, para hablar sobre las modificaciones a la Ley.
Este proyecto intenta eliminar la visión “sanitaria” y “de control” que cumplen el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Defender un abordaje “que considere el trabajo sexual como un trabajo más, una forma de generar ingresos para quienes lo ejercen”. En esa línea, se intentará que el control del oficio pase a ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Arlegui indicó que comparecieron “ante la Comisión para explicar” su “visión sobre el proyecto de ley que modificaría la 17.515”. Añadió que desde el ministerio se entiende que es un trabajo que “merece una tutela especial”.
Asimismo, destacó la importancia de no estigmatizar a este tipo de trabajadoras y “tratarlas como cualquier otro trabajador autónomo. Como hace el ministerio con el resto de los trabajadores”.
La directora explicó que “en principio lo que se propone es que el ministerio lleve un registro, que emita un carné”, y agregó que “el Ministerio de Salud Pública no puede quedar por fuera de eso debido a que está íntimamente relacionado con lo que es una política sanitaria”.
Cambios de la Ley 17.515 respecto al trabajo
El documento propuesto incluye una definición de trabajo sexual como “la prestación de servicios de índole erótico-sexual a cambio de una remuneración pecuniaria”. Hay dos elementos centrales que la componen. Una, la prestación de servicios de índole erótico-sexual que permite que quienes suben imágenes a la web y las venden, puedan comercializar y tener una forma de cuidado. Por otra parte, establece que la remuneración pecuniaria sea el único pago posible, a diferencia de la ley vigente que incluye otros tipos de pago.
También aparece el artículo número 18, que establece que “el pago por parte una trabajadora sexual de un porcentaje sobre lo que percibe de sus clientes por sus servicios al dueño o administrador del establecimiento se considerará una presunción simple de proxenetismo”.
El artículo 19 continúa en esta línea, estableciendo pautas para los responsables de los establecimientos. Por ejemplo, se insta a que los trabajadores tengan un horario laboral determinado. Que no se los pueda obligar a atender a personas contra su deseo y que tampoco se las obligue a consumir alcohol o estupefacientes. También se prohibe cobrar multas o retener la documentación de los trabajadores, ni recibir el pago a nombre del trabajador, sino que al suyo.
Cambios respecto a la edad y la salud
Otro cambio sería la edad legal para ejercer trabajo sexual: pasar de 18 a 19 años. La abogada Natalia Fernández, quien asesora a la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay dijo que se trata con “respecto de situaciones de trata y de explotación sexual que viven personas que no han elegido ese trabajo y que, en muchos casos, lo inician como menores de edad”.
Agregó que se consideró los 19 años y no los 21 “para no dejar a chicas de entre 18 y 21 años en la clandestinidad”.
Se incluyen, además, iniciativas que reajustan el tiempo de vigencia del carné de salud de trabajo sexual, la posibilidad de asociarse bajo forma de cooperativa. En materia sanitaria, la iniciativa resalta la necesidad de ajustar el tiempo de vigencia del carné de salud de trabajo sexual y un Registro de Trabajo Sexual que ya no esté más en la órbita del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.
