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SUTEL creó comisión técnica en defensa de ANTEL

La Comisión Técnica en defensa de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) fue creada por Sutel el pasado 25 de julio, día del 48º aniversario de dicha empresa. Tiene como objetivo reunir técnicos para que estudien y analicen información sobre la situación actual y elaboren propuestas.

El presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) y miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina, manifestó al Portal del Pit-Cnt que «el desmantelamiento que viene sufriendo Antel, producto de la política aplicada por el gobierno y por la mayoría del directorio del organismo», hizo que el pasado 25 de julio se creara la Comisión Técnica en defensa de Antel.

En dicha reunión fueron invitados los acotes políticos, que agradecieron la invitación pero no estuvieron presentes. Los que sí lo hicieron fueron el director frenteamplista de la URSEC, Pablo Siris; el director frenteamplista de Antel, Daniel Larrosa; la ex presidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; autoridades del Instituto Cuesta – Duarte; el vicepresidente del PIT- CNT, José Lorenzo López y el presidente, Marcelo Abdala, envió una carta de adhesión. También participaron representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay(FEUU), entre otros.

Con respecto al objetivo de la misma, según Molina será la de “reunir a técnicos para discutir y analizar la información sobre la situación de Antel y elaborar propuestas en defensa de la empresa de telecomunicaciones. Estamos presenciando un brutal ataque del Gobierno a todas las empresas públicas y tenemos que salir a defenderlas. Porque Antel es de todos, es de los uruguayos, es soberanía, patrimonio, educación, industria y equidad social. Es la empresa de comunicaciones que va a promover el desarrollo del país”.

Además, mencionó que Antel es reconocida en el mundo por su eficiencia como empresa pública de telecomunicaciones y ahora “nos encontramos con que al Gobierno le molesta Antel. Eso lo viene demostrando con las medidas que toma en contra de las empresas públicas. 

Algunos de los ejemplos son la entrega del Puerto a una multinacional, la situación que vive UTE, el Correo, AFE, Ancap, OSE con la privatización del agua a partir del proyecto Neptuno. Estamos presenciando un brutal ataque del gobierno a todas las empresas públicas y tenemos que salir a defenderlas”, comentó.

Esta Comisión se creó el mismo día (25 de julio) que Antel celebraba sus 48 años de vida, ya que surgió en el año 1974. Para que esto se dé pasaron muchas cosas en su historia, pero una de las más importantes, según dicen, es que en 1992 durante el primer plebiscito, que fue impulsado por el sindicalismo uruguayo, el 71 por ciento de la población se manifestó en contra del intento privatizador del Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Nuestro sindicato desde su creación, el 19 de octubre de 1985, tiene en su esencia y arraigado en sus entrañas la defensa de la empresa pública. Este es un punto fundamental del accionar de Sutel y por eso ha actuado en consecuencia. Trascurrido 30 años podemos decir que quienes promovían la privatización y decían que si Antel no se privatizaba no podría desarrollarse, estaban equivocados. La historia nos dio la razón y hoy tenemos una empresa pública del porte y del tamaño de Antel, un ejemplo a seguir en el mundo de muchas empresas multinacionales privadas. Dos de estas empresas, Claro y Movistar, son competidoras de la empresa pública de nuestro país”, acotó.

Según el dirigente sindical, hoy Antel se ve amenazada nuevamente, más allá de las políticas que aplica el Gobierno en el tema de las telecomunicaciones. Desde que asumieron han actuado “de manera muy agresiva, ataca a nuestra empresa pública de forma permanente, como si Antel fuera una molestia para el gobierno y por eso tiene la necesidad de sacársela de encima de forma rápida. 

Hoy no se pueden producir contenidos, la dejan afuera del llamado para vender los derechos de imagen y en los partidos amistosos de la selección uruguaya no se pueda participar de la subasta porque la dejaron afuera, que le tenga que pagar a los canales privados once millones de dólares y permitir que suban sus señales a Vera TV… Estamos ante un claro empuje de negocios para los privados, a costilla y expensas de nuestra empresa pública. Debilitándola y deteriorándola rápidamente. 

Esta realidad y no lo que plantean algunos, que parecen que viven en un mundo paralelo. Lo cierto es que Antel necesita un rápido cambio de conducción política del gobierno para poder desarrollarse y crecer”, puntualizó.

Sobre la portabilidad numérica dijo que eso “hizo retroceder a Antel 20 años. Lo vendieron como algo importante para la democracia y la libertad individual, pero lo único que trajo hasta el momento es la pérdida de clientes. El comportamiento de este plan comercial en el mundo, aplicado hace 20 años atrás, ha dado el mismo resultado en Uruguay. Ya que la única empresa que se perjudica es la que tiene mayor cantidad de clientes, en este caso Antel”.

“A esto se le suma que la justicia declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley de medios (servicio de internet), en ningún momento resolvió que el Gobierno saliera a entregarle licencias del tipo B para brindar servicios de internet. De todos modos nos encontramos con que, amparados en un acuerdo entre el presidente de la República y el ministro de Industria, se firman dos decretos a partir de los cuales se le otorgan licencia B a los cableoperadores de Montevideo, que responden a cada uno de los canales privados (TCC Canal 10, Montecable Canal 4 y Nuevo Siglo Canal 12), y a dos cables de Canelones”, dijo.

Esa resolución “perfora el monopolio que Antel tiene en materia de conducto fijo de trasmisión y que está consagrado por la Ley. El gobierno vuelve a violentar la ley. A mediado de junio Sutel presentó un recurso rechazando estas resoluciones por considerarlas ilegales y hasta el momento no hemos obtenido respuestas, si bien no vencieron los 150 días de plazo que existe para que se brinde una respuesta”, sentenció Molina.

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